Bufetes populares sin apoyo
Roberto Pérez Solís
Un estudio del grupo cívico Ética y Transparencia indica que la falta de recursos económicos, materiales, técnicos y de personal, es el principal obstáculo que tienen que superar los bufetes jurídicos y los llamados centros alternativos de atención, para garantizar a los pobladores los servicios jurídicos que solicitan.
Para este estudio, que se realizó de marzo a mayo de este año, se consultó a 52 instituciones que ofrecen ayuda jurídica en 10 de las 17 cabeceras departamentales. Managua con 21 oficinas, seguido de Estelí con 10, son los departamentos que más asistencia ofrecen a la ciudadanía.
El 90 por ciento de las instituciones consultadas ofrecen asesoría, acompañamiento judicial, capacitaciones y resoluciones de conflictos en los sectores urbanos y rural. El 53 por ciento de las mismas atienden a más de un centenar de pobladores diariamente.
AYUDA ECONOMICA
Para superar estas dificultades Elizabeth Argüello, coordinadora de Proyectos Judiciales del grupo cívico, recomienda que el Estado debe promover programas de asistencia económica en beneficio de las instancias estudiadas.
También considera que el sistema judicial debe promover y consolidar las relaciones de coordinación con todos los grupos vinculados con la Justicia, pues esto ayudaría a garantizar un mejor acceso de los ciudadanos a los servicios solicitados.
Los pobladores a los que se les brinda asistencia son de escasos recursos. La mayoría de los bufetes jurídicos cobran un precio simbólico que muchas veces no supera los cien córdobas. El 86.5 por ciento son organismos no gubernamentales y el 13.4 por ciento organizaciones sindicales y organismos religiosos.
JUSTICIA LENTA E INEFICIENTE
Las causas más frecuentes por las que los ciudadanos solicitan asistencia son por situaciones de violencia intrafamiliar, lesiones, abusos deshonestos, demanda por pensiones y abuso de autoridad. Los principales denunciados son padres de familia, padrastros, efectivos policiales, jueces y alcaldías, entre otros.
El 69.23 por ciento de los bufetes consultados considera que los ciudadanos acuden a ellos porque los procedimientos judiciales en el país son lentos e ineficientes.
“El Estado debe garantizar el cumplimiento de las políticas públicas sobre protección y atención integral de mujeres, niños y adolescentes. También debe continuar con los planes de modernización y capacitación del personal a cargo de la administración de la justicia”, concluyó Elizabeth Argüello.
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