El paro —técnicamente llamado también “Lock out”—, es la acción deliberada de los empresarios de suspender actividades con el propósito de mejorar alguna posición económica, para presionar a las autoridades gubernamentales en busca de conseguir algún beneficio o defender intereses creados, o para contrarrestar demandas de los trabajadores. O sea que el paro es la paralización de la actividades económicas y productivas sin importar el perjuicio que se cause al público, o con el fin deliberado de perjudicarlo, para someter de esa manera a las autoridades gubernamentales.

La huelga, por su parte, es la suspensión colectiva de las actividades laborales de los trabajadores cuando éstos quieren presionar a sus patronos para obtener mejoras salariales y otras reivindicaciones. O sea que la huelga persigue perjudicar los intereses de los patronos o empresarios, pero no los de la población, para obligarlos a conceder determinada conquista laboral. Pero además, las huelgas están sujetas a procedimientos legales en tanto que el paro se impone simplemente cuando así lo quieren y determinan los empresarios que lo practican.

Valga hacer esta aclaración para referirnos en el contexto adecuado al paro de actividades que realizaron ayer los transportistas con el objetivo de obligar al Gobierno de la República a satisfacer sus múltiples e interminables demandas.

En realidad, es doble el daño que los transportistas le causan a la población con esos paros que hacen cada vez que quieren obligar a las autoridades gubernamentales a que satisfagan sus demandas. Por un lado los usuarios del transporte, o sea la población nicaragüense más desprotegida económica y socialmente, son los que sufren principalmente por la falta de medios para movilizarse hacia sus centros de trabajo o de estudio, o para realizar las múltiples actividades diarias que necesitan hacer fuera del hogar. Y por otra parte es la misma población —y nadie más— la que tiene que pagar los costos económicos y materiales de cualquier paro del transporte, que según estimaciones es de por lo menos 20 millones de córdobas (1.3 millones de dólares) por día.

Según los dirigentes del paro del transporte el culpable de este grave perjuicio que se le causa a la población y al país en términos generales, no son ellos mismos sino el Gobierno que no cumplió los acuerdos a los que se comprometió en las negociaciones celebradas en junio pasado, cuando la crisis por el aumento del precio del combustible estaba en su pico más alto.

Y al parecer es cierto el incumplimiento gubernamental de aquellos compromisos —entre los cuales el más importante es sin duda la entrega de los 40 millones de córdobas que alegremente aprobaron los diputados a la Asamblea Nacional—, pues sus representantes pidieron más tiempo para cumplirlos.

Pero no sólo el Gobierno ha incumplido sus compromisos en lo que se refiere al problema del transporte. También los transportistas se han comprometido a mejorar el servicio, a introducir unidades en buen estado, a educar a los conductores y a darle a los usuarios el tratamiento digno que merecen, pero nada de eso han cumplido y la situación deplorable del transporte sigue igual o inclusive peor que antes.

En estos incumplimientos de uno y otro lado se manifiesta una subcultura de irresponsabilidad que pareciera imposible erradicar, de acuerdo con la cual se asume cualquier clase de compromiso con tal de salir del paso, o de conseguir los objetivos propuestos, sin ninguna voluntad de cumplirlos.

Pero los usuarios no tienen porqué pagar los platos rotos de esa subcultura del incumplimiento gubernamental y de la ira de los transportistas que paralizan el país cuando quieren para alcanzar sus objetivos, y el Gobierno tiene que solucionar este problema, de una vez por todas.

Ya en otras ocasiones se ha señalado que la operación del transporte público debería ser concedida a empresarios que garanticen un servicio cómodo, rápido y seguro. O que se declare de utilidad pública, como en efecto lo es, y que sea el Estado el que lo opere directamente.

La verdad es que no todas las empresas públicas son innecesarias y malas por naturaleza, ni todos los servicios tienen que ser privados para garantizar su eficiencia.

Las víctimas del paro