Equidad social y el 6 por ciento
Emilio Porta Pallais
En una economía social de mercado se dota al Estado del poder legítimo para tomar recursos desde los que tienen más, por la vía impositiva, para transferirlos a los que tienen menos, por el mecanismo de las transferencias y los subsidios.
Economistas, políticos, sociólogos y académicos contemporáneos han reconocido el rol que el Estado debe jugar en la distribución del bienestar material o económico en la sociedad, con el objetivo de reducir las desigualdades sociales que dividen a ricos y pobres. Desigualdades que se producen por fallas del mercado o por la presencia de inequidades en las condiciones iniciales.
Avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades a través de un mejoramiento de la educación pública parece ser un tema en donde hoy existe amplio consenso. La educación está directamente vinculada a la movilidad social. Si el nivel de educación se hereda de padres a hijos, así también se heredan las desigualdades. Y esto no sólo significa que las desigualdades permanecen en el tiempo, sino también se hace relativamente predecible qué persona en el futuro tendrá más y quiénes tendrán menos.
En este sentido, debe ser interés del Estado aumentar el nivel educativo de la población no sólo para fomentar el desarrollo económico del país, sino también para reducir la desigualdad social. Al expandir la cobertura del sistema educativo generalmente se beneficia a los que menos tienen, pues éstos suelen quedar excluidos de este servicio público.
Recientemente el Gobierno y el CNU alcanzaron acuerdos sobre la asignación de recursos a las casas de estudios superiores en el presupuesto 2004 y decidieron establecer mecanismos de diálogo para analizar la situación del sistema educativo en su conjunto. Considero que esta oportunidad no se debe desaprovechar y espero que el debate sea de conocimiento público; pues al debatir acerca del sistema educativo en gran medida estamos debatiendo sobre el desarrollo del país, que atañe a todos. Adicionalmente, es necesario que se tenga presente la perspectiva de la equidad social, ya que en la actualidad hay importantes distorsiones que debemos resolver.
De acuerdo a la Encuesta de Medición del Nivel de Vida del 20001 y cifras oficiales sobre el financiamiento a la educación, en ese año los estudiantes universitarios que provienen del 40 por ciento de las familias con mayores niveles de consumo fueron beneficiados con el 88 por ciento de los fondos que el Estado le otorga al CNU. Con ello el Estado benefició a los menos necesitados con más de 38 millones de dólares.
La evidencia empírica demuestra que la inversión total realizada por el gobierno en el sistema educativo es regresiva, es decir, favorece en mayor medida a los que más tienen. Aún cuando el gasto público en educación primaria es bastante progresivo, la magnitud de las transferencias a las universidades y la poca participación de los pobres en estas casas de estudios hacen que el 40 por ciento de las familias con mayores niveles de consumo se beneficie del 49 por ciento del total de los recursos estatales dirigidos a educación.
El principal mecanismo para igualar oportunidades y mejorar la equidad es el gasto social. Esto se logra si se gasta menos en los más ricos y más en los más pobres, lo que se denomina estructura progresiva del gasto. Lamentablemente, esto no ha sido así en el sector educación, ya que a la voluntad de las últimas administraciones se han sobrepuesto los intereses de ciertos sectores políticos y grupos de presión, a costa de las posibilidades de educarse de los más pobres.
El autor es funcionario del MECD, Master en Gestión y Políticas Públicas (Uchile).
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