Nicaragua no ha pedido extradición de corruptos
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Dominicana niega que su país sea un destino de corruptos y que autoridades nicaragüenses no le han remitido información sobre Jorge Solís Farias |
María José Uriarte R.
Los delegados de República Dominicana ante la Convención Interamericana Contra la Corrupción que realiza la OEA en Managua, negaron ayer que su país sea una especie de cómplice indirecto de personas vinculadas a actos de corrupción cometidos en Nicaragua y que permitan su permanencia en esa nación caribeña.
En Dominicana se encuentra el ex director de Enitel, Jorge Solís, y se menciona al ex ministro de Hacienda Esteban Duque Estrada, como también el ex Secretario de la Presidencia, Alfredo Fernández, todos ellos vinculados en los casos de corrupción, por los que se procesa al ex presidente Arnoldo Alemán en los juzgados capitalinos.
Ramón Quiñónez, delegado de República Dominicana dijo que ellos han definido una política clara de lucha contra la corrupción, y que los eventos previos a los avances obtenidos sobre este tema, no debe tomarse como un aspecto que invalidan esos esfuerzos.
Reiteró que el Congreso de su país ha demostrado toda la anuencia para aprobar y ratificar todas las medidas que se adoptan en la Convención Interamericana.
“Y en la medida que avancen estos procesos, cualquier caso particular que entre en el marco de los nuevos planes que se están logrando serán considerados”, observó Quiñónez.
El embajador de Dominicana, Anastacio Brazubán aclaró que en ningún momento el Gobierno de Nicaragua ha iniciado algún trámite para solicitar la extradición de nacionales, y en el caso particular de Solís, ellos no pueden tener conocimiento que sea una persona corrupta si no hay información previa.
“Nuestro gobierno encabezado por el presidente Hipólito Mejía ha sido implacable contra la corrupción, nosotros no somos cuna de corrupción, yo quiero aclarar eso”, aseguró el diplomático.
Esa misma posición ya le fue expresada al Procurador de Justicia Víctor Manuel Talavera, ante esos mismo señalamientos aparecidos, según el diplomático en medios de comunicación nacionales, donde se reiteraba que el Gobierno de Dominicana “estaba apañando” personas vinculadas a actos de corrupción.
Indicó que como país democrático, si una persona ingresa a su territorio con pasaporte es lógico que se permita su estadía, pero si se demuestra que tiene proceso pendiente, inmediatamente se le cierran las puertas.
El Procurador Víctor Manuel Talavera, destacó que uno de los principales problemas para seguir un proceso de un nacional radicado en otro país, es la lentitud que impera en Latinoamérica, porque la mayoría de naciones exigen que las sentencias sean firmes, lo que no ocurre en el caso de Nicaragua.
La extradición es uno de los objetivos, que a criterio del canciller Norman Caldera, se persigue alcanzar como mecanismo de cooperación, para las personas que hayan salido del país con el fin de evitar la justicia al ser procesados por delitos de corrupción.
Representantes de República Dominicana niegan que su país sea un destino de personas vinculadas a la corrupción.

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