Golpes en la mesa
Para la democracia, huele a peligro
Alberto L. AlemÁn Aguirre
La ola de criminalidad que se riega por la región es uno de los peores enemigos del débil sistema democrático, y hoy, ante cada vez más asesinatos, secuestros y narcotráfico, es urgente una reflexión antes de caer a un precipicio del cual podríamos no salir nunca más.
La violencia y el crimen son elementos de un círculo vicioso; se asocian en parte con más pobreza, pero al multiplicarse, contribuyen — a través de empeorar el clima económico de una nación — a aumentar la misma.
Ambas amenazan con desbordar por completo a los Estadosy con echar a perder las posibilidades de un futuro democrático.
Hacen faltas políticas adecuadas de seguridad pública. Pero el concepto es hoy no solamente la ausencia del delito o de violencia, sino también bienestar económico, ejercicio de las libertades, oportunidades para el individuo y respetos sus derechos en el todo del sistema social.
Evidentemente, los nuevos Estados todavía le deben a las sociedades una demostración fehaciente de que son mejores que los anteriores regímenes autoritarios. Es la deuda pendiente de la democracia, tan explosiva como una deuda externa asfixiante.
Recientes estudios señalan la relación entre la inseguridad ciudadana y el nivel de apoyo a los sistemas políticos nuevos en el istmo. Entre grupos de personas más afectadas por el crimen, es menor el apoyo al sistema político democrático y a su legitimidad, sobre todo en Guatemala y El Salvador.
En Nicaragua, en cambio, donde los niveles de violencia no son — aún – tan extremos, el impacto sobre la legitimidad democrática es más bien mínimo. La generación de desarrollo económico y bienestar es aparentemente el principal obstáculo de la estabilidad política.
Estas ideas están un interesante trabajo del salvadoreño José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, politólogo y especialista en políticas públicas preparado en Oxford. Se titula “Violencia y Democratización en Centroamérica: el impacto del crimen en los regímenes de posguerra”. Fue elaborado en 2002 para el PNUD.
“Es importante recordar el tipo de transición que experimentaron (estos países): una transición en la cual el final de la guerra llevó a la paz política pero no a la paz social, porque la violencia sigue siendo una característica dominante en las relaciones sociales”, apunta Cruz.
En sus conclusiones, el académico destaca que “al final, el vínculo entre la violencia y la legitimidad es más que un proceso unidireccional. La violencia no sólo debilita el apoyo político al sistema, también una frágil legitimidad puede generar crimen. Los ciudadanos decepcionados del sistema pueden ignorar las leyes y utilizar la violencia en su vida cotidiana, ya que no creen en la capacidad del Estado para resolver problemas, protegerlos y castigar a aquellos que incumplen las reglas”.
Una política de seguridad pública efectiva no sólo es necesaria para garantizar la inversión y el desarrollo, “sino también para solidificar los procesos de democratización y disipar los fantasmas del autoritarismo en Centroamérica”, concluye el salvadoreño.
Como en la canción de Miriam Hernández, huele a peligro, pero si nos confiamos y nos repetimos a menudo – como lo hace la Policía Nacional y el Gobierno – de que somos “el país más seguro” de Centroamérica, un día nos daremos cuenta que el futuro se nos fue de las manos, por culpa de una criminalidad que crece y crece.
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