Reporte del istmo
Misión imposible: parar la violencia
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Panamá se suma a los países que aplican mano dura a la violencia callejera y en Guatemala crece la percepción de que el crimen está peor que nunca |
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La Policía salvadoreña detuvo a 6 jóvenes mareros vinculados al crimen del ex presidente de TACA, Federico Bloch, en abril pasado. Una importante incógnita es la “relación cercana” de dos de esos menores con el empresario, según las autoridades.
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Alberto L. Alemán y
AFP
La situación de violencia, asesinatos, secuestros y auge del crimen organizado, empeora y nadie sabe si está tocando techo en Centroamérica. Probablemente no.
Guatemala vio en las últimas dos semanas un repunte de violencia con múltiples asesinatos en un solo día, algunos de ellos con el sadismo propio de los ritos satánicos, y además, el arresto de numerosos policías-bandidos.
El Salvador se estremeció esta semana cuando pandilleros mataron a tiros a dos estudiantes frente a sus compañeros, y con la captura de varios mareros sospechosos de haber asesinado a Federico Bloch, ex dueño de la aerolínea TACA.
TOQUE DE QUEDA EN PANAMÁ
En Panamá, con una carga de delincuencia menor a la del triángulo norte del istmo, el Gobierno acaba de decretar un toque de queda para los menores en la capital que se extenderá posteriormente a todo el país, anuncia un plan “Mano Dura” —como en El Salvador— para los pandilleros, y arrestó a casi 700 en estos días. La presidenta Mireya Moscoso, quien dejará el poder en septiembre, promete una ley anti pandillas.
El toque de queda para menores se aplicará en toda la capital y se extenderá en las próximas semanas a todo el país desde las 21:00 locales hasta las 05:00 locales (una hora adelante con respecto a Nicaragua) del día siguiente para evitar que los menores de edad estén en las calles.
Moscoso advirtió que una ley anti-pandillas permitirá que las autoridades policiales y judiciales tengan “las herramientas necesarias para perseguir y encarcelar” a los pandilleros “y evitar que estos grupos delictivos puedan establecerse y desarrollarse en Panamá, tal como ha ocurrido en la región”, en clara referencia a Honduras, El Salvador y Guatemala.
EL SALVADOR: ESCOLARES ACRIBILLADOS
El asesinato esta semana de dos estudiantes de secundaria a manos de pandilleros, y los constantes ataques que sufren otros escolares, provocó preocupación en entidades de derechos humanos y de centros de estudios.
En “las tres últimas semanas, la escalada de violencia se ha ido hasta el tope, la cosa está grave, en las calles hay tanta violencia que los pandilleros están ahí, dispuestos a matar a cualquiera a mansalva, y esa violencia está en todo lugar, no hay lugar seguro”, aseguró a la AFP el subdirector del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen), Carlos Folgar.
El miércoles, un estudiante del colegio privado Liceo David J. Guzmán, Luis Adilio Corena (18), fue asesinado a balazos en pleno corazón de San Salvador, en presencia de sus aterrorizados compañeros.
El lunes anterior, otro estudiante, Edgardo Bonilla Solano (17), del privado Colegio Agustina Charvin, fue asesinado a balazos a la salida del centro de estudios, localizado en la zona sur de San Salvador.
“El problema de la violencia de las pandillas ya toca a las instituciones educativas y no sólo nacionales (públicas), sino también privadas y está en todo el país, no sólo en San Salvador. Si no se le da la importancia a este problema la situación llegará a ser gravísima y por eso yo he pedido al director de la Policía (Ricardo Menesses) que veamos qué podemos hacer”, remarcó Folgar.
El Inframen, ubicado en la periferia noreste de la capital, es una de las instituciones educativas nacionales de secundaria más grandes del país y su población ronda los 2,000 estudiantes.
“Todos los días tenemos un herido, un golpeado entre nuestros jóvenes porque los han atacado los mareros y todas las semanas nos tiran granadas fuera de la institución”, lamentó Folgar.
Por su parte, el presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, indicó a la AFP que le “preocupa el nivel de violencia al que (se ha) llegado”, por lo que demandó a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), a la Fiscalía General de la República (FGR) y los jueces a que “de una vez por todas se procure que funcione la justicia”.
“La violencia ha tomado dimensiones alarmantes, estamos viendo estudiantes asesinados por las pandillas, violencia delincuencial por doquier, ya es hora de que funcione la justicia, de que con las herramientas legales que se tiene se busque atacar este fenómeno, los jóvenes estudiantes están muriendo, hay que poner remedio a esto”, sentenció Montenegro.
Según estadísticas de la PNC, los homicidios en El Salvador se incrementaron en los primeros cinco meses del año. Éstos llegaron a 1,040, con un promedio de siete por día y superaron los 977 registrados en el mismo período del 2003. Las autoridades estiman que el 70 por ciento de los homicidios es cometido por pandilleros.
“ESTADOS FRACASADOS”
Ante el empuje de la globalización y sus demandas, “muchos estados y sus gobiernos no tienen hoy la capacidad para implementar y mantener el orden (constitucional, estado de derecho, presencia) en todo el territorio. Pero además, la población cada vez más percibe una incapacidad en las instituciones estatales para atender y satisfacer sus necesidades básicas”, considera por su parte Carlos Murillo, profesor de Relaciones Internacionales en Costa Rica. “Por eso hoy se habla de “cuasi-estados”, de “estados fracasados” o de “estados por cortesía”, agregó, entrevistado por el correo electrónico.
Aumenta por tanto la inseguridad ciudadana, y las personas tienden a identificarse más con ciertas “comunidades” (las pandillas, por ejemplo)
Murillo constata que en Centroamérica se ha incrementado el conflicto interpersonal e intergrupal. “Nos hemos insensibilizado ante la muerte y sólo cuando se fallece en masa es que atendemos o nos preocupamos por la muerte violenta de centroamericanos”.
“La guerra de los setenta y ochenta tiene mucho que ver con esta insensibilización; pero hoy se trata de violencia civil y no de violencia política. A esto se suma que Centroamérica ha pasado de ser el puente del narcotráfico a ser parte del mercado consumidor de drogas. A la crisis económica de los años noventa se ha sumado la crisis política (fracaso del Gobierno) y la crisis social. Y siempre la mezcla de conflictos en todos los escenarios se torna tan compleja que se vuelve intratable”, concluyó Murillo.
“PARCHES”
Para Roberto Cajina, experto nicaragüense en temas de seguridad, el gran defecto de las respuestas corrientes a la delincuencia en la región es su carácter reactivo, por la ausencia de políticas públicas guías. “Lo que hacen es ponerle un parche al problema”, dijo. En cuanto a El Salvador, manifestó que el fenómeno de las maras no puede ser separado de la guerra de los ochenta, la emigración masiva a EE.UU. y la cultura de los “gangs” (bandas juveniles) de las grandes ciudades norteamericanas.
GUATEMALA CON LAS MANOS ARRIBA
El Presidente de Guatemala, Oscar Berger, reconoció las debilidades de su Gobierno para frenar los altos índices de violencia, que en el primer semestre ha causado al menos 779 muertos —hasta el miércoles pasado—, incluidas 250 mujeres.
“Estamos muy preocupados por el tema de la violencia. Se han registrado en el país 250,000 mareros o jóvenes que integran pandillas. Sin ser derrotista, les puedo decir que es muy difícil controlar el tema seguridad”, reconoció en una entrevista con la prensa local.
El gobernante afirmó que un “país sin seguridad es un país que no es interesante para la inversión”.
Curiosamente, las estadísticas oficiales muestran un decrecimiento en el número de muertes violentas, con respecto al primer semestre del año pasado, según el Ministro de Gobernación, Arturo Soto.
A pesar de esto, “existe una percepción de mayor violencia, quizás en parte porque una mayor presencia policial ha desplazado el delito” en cuanto a áreas, por ejemplo, de las calles a los buses urbanos, dijo por teléfono a LA PRENSA Carmen Rosa de León Escribano, especialista guatemalteca en temas de seguridad.
La experta sostuvo que con la administración anterior, la Policía “abandonó” las calles, se incrementó la penetración del crimen organizado (narcotráfico y otros) de los cuerpos de seguridad, se engavetaron proyectos conjuntos con la sociedad civil para mejorar la seguridad y como un gran incumplimiento, destacó que el Gobierno del ex presidente Alfonso Portillo —señalado de corrupción— no creó un aparato de inteligencia civil.
De León elogió que la Policía tiene hoy una mayor presencia en las ciudades, que las capturas son más ágiles y que se ha comenzado a depurar el cuerpo de elementos delincuenciales, pero insistió en que es necesario crear un órgano de inteligencia civil.
“Hay un avance en la capacidad reactiva policial”, afirmó.
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