Presos de Guantánamo a revisión legal
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Un prisionero islámico descansa en su celda en la base militar de Guantánamo.
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César Muñoz Acebes
EFE
WASHINGTON.- Los 595 detenidos en Guantánamo sabrán por primera vez por qué están encarcelados en las nuevas audiencias organizadas por el Pentágono, en las que podrán pedir su liberación, pero no disfrutarán de derechos legales fundamentales.
El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno de EE.UU. a ofrecer un mínimo de acceso legal a los prisioneros en su base naval en Cuba, algunos de los cuales llevan más de dos años encerrados sin cargos y sin contacto con abogados.
En su decisión la semana pasada, la Corte Suprema afirmó que los prisioneros de Guantánamo tienen el derecho de argumentar ante una corte federal que su detención es ilegal, con lo que refutó el argumento del Gobierno de que ningún tribunal estadounidense tiene jurisdicción sobre su base militar en Cuba.
En respuesta, EE.UU. ha puesto en marcha a toda prisa un proceso para la revisión de sus casos, con el cual “el Gobierno estará en posición de decir que hemos satisfecho totalmente nuestras obligaciones legales”, según afirmó anoche a la prensa un alto funcionario del Departamento de Justicia que no quiso ser identificado.
Este proceso está diseñado para cumplir de manera mínima los requisitos de la decisión del Tribunal Supremo.
Permitirá a cada detenido conocer, por primera vez, por qué está encarcelado y pedir a un panel militar imparcial su liberación, pero el procedimiento no tiene nada que ver con un juicio o una audiencia civil o militar normal.
En primer lugar, los detenidos no contarán con un abogado defensor, sino con la ayuda de un oficial militar que actuará como su “representante personal”.
Para Gregory Noone, ex abogado militar de la Marina de EE.UU., la razón está clara: “Los abogados causan problemas”. Noone puso en duda la capacidad de esos representantes de asistir a los detenidos por su falta de preparación legal.
Los prisioneros podrán testificar si lo desean en la audiencia, que se realizará ante un tribunal compuesto por tres oficiales militares “neutrales”, según el Gobierno.
Este tribunal podrá decidir su puesta en libertad, pero los obstáculos para que lleguen a esa decisión son grandes.
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NO HABRÁ PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
No existirá la presunción de inocencia y el prisionero tendrá que probar que no es un “combatiente enemigo”, que es como el Pentágono ha denominado a todos los retenidos en Guantánamo.
Según explicó a EFE Wendy Patten, una abogada de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, la Convención de Ginebra obliga a considerar a los detenidos en el campo de batalla como prisioneros de guerra a menos que una corte demuestre lo contrario.
Por ese motivo, lo que el procedimiento establecido por el Pentágono viola el derecho internacional, a juicio de Patten.
Además, “habrá una presunción debatible en favor de la evidencia del Gobierno”, informó un funcionario del Departamento de Defensa, lo que significa que las pruebas del Gobierno valdrán más que lo que presente el detenido, aunque éste puede intentar refutarlas.
El prisionero podrá llamar a testigos, pero sólo si “están razonablemente disponibles”, explicó la fuente, lo que entraña una gran dificultad para los detenidos, de acuerdo con Noone.
La mayoría de ellos fueron apresados en Afganistán bajo sospecha de ser miembros del Talibán o la red terrorista Al Qaeda.
CRÍTICAS
Amnistía Internacional (AI) acusó a Estados Unidos de despreciar los derechos de los 595 detenidos en el campo de Guantánamo (Cuba), al no facilitar una revisión judicial de sus casos y seguir adelante con la creación de tribunales militares. “El Gobierno debería hacer todo lo posible para facilitar una revisión judicial completa sobre la legalidad de esas detenciones”, critica AI en un comunicado.
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