FMI quiere escudo para el Superintendente de Bancos
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Eduardo Montiel.
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Mario José Moncada
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que Nicaragua debe aprobar una ley para otorgarle protección legal al Superintendente de Bancos y brindarle seguridad en torno a las acciones que tome propias de su trabajo.
Así lo aseguró el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montiel, quien la semana pasada se reunió en Washington, Estados Unidos, con las máximas autoridades del FMI, incluido su director gerente, Rodrigo Rato, para analizar la situación económica de Nicaragua y los temas pendientes para este año dentro del acuerdo económico pactado en diciembre del 2002.
Según Montiel, uno de los asuntos pendientes es la aprobación de esa protección legal al Superintendente de Bancos, que ejerce su labor de supervisión en la banca comercial, las compañías de seguro y los almacenes de depósitos.
Dijo que la preocupación del Fondo radica en que, si no existe esa protección, el titular de la SIB puede ser intimidado en sus funciones, lo que de ocurrir “le va a dificultar aún más el tomar decisiones”.
“Lo que se está pidiendo es protección legal de acuerdo a las normas internacionales, es decir para brindarle al Superintendente protección en asuntos de su cargo y en actos de buena fe”, aclaró.
En julio del año pasado, el entonces Superintendente de Bancos, Noel Sacasa, renunció sorpresivamente, declarando oficialmente que lo hizo por no contar con protección legal.
A NUEVO EXAMEN
El FMI estará enviando la próxima semana a Managua una misión para evaluar el desempeño económico de Nicaragua en lo que va del año, el que a juicio de Montiel “es positivo”, según algunas cifras como las reservas internacionales que el martes equivalían a 609.2 millones de dólares, según el Banco Central de Nicaragua (BCN), y el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) que mide el comportamiento de 11 sectores, que alcanzó el 4.9 por ciento durante el primer trimestre del año, en comparación con el 2.1 por ciento del mismo período del 2003.
La misión también vendrá a evaluar los planes del Gobierno para aumentar las recaudaciones fiscales y completar los fondos de las reformas presupuestarias aprobadas en mayo pasado, así como algunos recortes en proyectos de inversión pública que se pospondrán para el próximo año.
Pero según Montiel, el mayor esfuerzo estará concentrado en aumentar los ingresos ampliando la base tributaria, para lo cual la Dirección General de Ingresos (DGI) recibirá 18 millones de córdobas.
Las reformas presupuestarias alcanzaron los 169.5 millones de córdobas entre nuevos gastos y reasignaciones, de los cuales poco más de 150 millones tendrán que ser recaudados.
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