Arrogancia
Carlos Bonilla Díaz
Un Banco privado con sucursal en Bluefields está sacando provecho de la crisis institucional que agobia al Consejo y al Gobierno Regional de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), pues no quiere entregar los fondos operativos de éstos afectando así a centenares de personas.
La banca privada tiene que respetar la legislación nicaragüense, la Constitución Política, la Ley de Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, etc.
La institución bancaria que no quiere entregar los fondos mencionados comete desacato, porque habiendo una sentencia y una resolución del Tribunal de Apelaciones de Bluefields en los que se establece que se suspende el acto del Consejo Regional Autónomo Sur, del 4 de mayo del presente año; lo mismo que la legalización y la permanencia en el cargo del actual coordinador de Gobierno, siguen congelados los fondos mencionados.
Por otro lado, la ley establece que los recursos del Estado son inembargables, protegiendo así los bienes económicos y los bienes muebles e inmuebles de la nación. De tal forma que el congelamiento de firmas autorizadas y la retención de los recursos estatales depositados en las cuentas del Consejo y Gobierno Regional no es otra cosa que un embargo solapado.
El Banco que está haciendo eso no cumple con la política bancaria tal como manda la Ley, pues ni siquiera ha dado a conocer los motivos del congelamiento del dinero y las firmas, en un conflicto que ha mantenido por más de dos años en zozobra a los proveedores y trabajadores de dicha institución, y a toda la población costeña de la Región Autónoma del Atlántico Sur.
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