Condenan redada en La Carpio
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Defensoría de Habitantes de
Costa Rica calificó operativo como una “redada inconstitucional” |
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El 30 de enero del presente año autoridades policiales, migratorias, entre otras, realizaron un operativo que dejó 246 nicaragüenses detenidos y 20 deportados.
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Josué Bravo/Corresponsal
SAN JOSÉ/COSTA RICA.— La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica condenó enfáticamente la redada policial y migratoria realizada el 30 de enero del presente año en la barriada La Carpio, en esta capital, pues considera que este tipo de acciones violenta algunos derechos fundamentales de las personas y espera que no se vuelvan a repetir.
En su informe anual de labores presentado ante la Asamblea Legislativa, el defensor de los habitantes, José Manuel Echandi, calificó este operativo como una “redada inconstitucional debido a que en forma masiva, indiscriminada e ilegal, la Policía solicitó a las personas sus documentos de identificación, les requisó sus pertenencias personales que portaban y las detuvo mientras investigaba su situación migratoria(...)”
La mañana del 30 de enero oficiales de la Fuerza Pública, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía Municipal, la Policía Especial de Migración y personeros del Patronato Nacional de la Infancia, realizaron un operativo mediante el cual se revisó la condición migratoria a más de 600 nicaragüenses, quedando detenidos 246 y se deportó a más de 20.
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD AMBULATORIA
Para la Defensoría, la detención de personas, sin que exista un indicio comprobado de la comisión de un delito, “constituye una violación del derecho humano a la libertad ambulatoria; la cual se agrava si se hace un uso innecesario de la fuerza, en detrimento de su derecho humano a la integridad personal(...)”
“A este tipo de técnica policial se le denomina redada porque opera como un trasmallo de pesca en el que quedan atrapadas (detenidas) las personas, sin discriminar entre inocentes y culpables de la comisión de un delito”, explicó Echandi ante los legisladores.
La Defensoría considera que desde sus inicios este operativo interinstitucional se planificó como una redada, acción impedida por la Constitución costarricense, pues la Policía colocó “un retén” en la entrada-salida pública a la comunidad, mientras otros cuatro equipos realizaron “un barrido ordenado” de la comunidad.
“CENTRO DE ACOPIO”
Una vez que eran detenidas, las personas fueron trasladadas a un “centro de acopio” migratorio de verificación, ubicado fuera de La Carpio, indica la Defensoría.
La Defensoría criticó al OIJ, pues considera que sus oficiales no pueden participar en una redada.
Asimismo reprochó la acción del Programa de Atención a la Niñez (Pani), aún cuando esta institución protegió en sus albergues a cinco menores nicaragüenses, cuyos padres iban a ser deportados.
“(El Pani) también intervino a 40 personas menores de edad, que se encontraban en la vía pública, y los llevó a sus casas para verificar que se estaba cumpliendo la debida función paterna-materna”, explica el informe.
NIÑOS TIENEN DERECHO A TRANSITAR
“Los niños y las niñas tienen derecho a ‘transitar por sitios públicos y espacios comunitarios’ (Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 15), de manera que el Pani no está facultado para intervenir a cualquier niño o niña que encuentre en las afueras o cercanías de su casa de habitación e interrogarlo acerca de dónde vive”, explica la Defensoría.
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