Desde Washington
EE.UU., Corte Penal Internacional y la impunidad
Marcela Sánchez
La semana pasada cuando la administración Bush retiró su petición de renovar una resolución de las Naciones Unidas para evitar que tropas estadounidenses en misiones de paz sean juzgadas por la Corte Penal Internacional, lo hizo sabiendo que ésa era una batalla que no iba a ganar. Pocos en la ONU estaban dispuestos a otorgar inmunidad a soldados estadounidenses después de los abusos en la prisión iraquí de Abu Ghraib.
Aunque la decisión estadounidense pareció significativa, probablemente es sólo un revés menor para una administración que ha estado empeñada en debilitar la primera Corte Penal permanente del mundo. De tiempo atrás el presidente Bush argumenta que la Corte, con su prerrogativa de no tener que responderle a nadie, podría perjudicar las misiones estadounidenses alrededor del mundo mediante juicios políticos insubstanciales.
Los eventos de la semana pasada habrían sido verdaderamente significativos si la administración hubiera abandonado su oposición a la Corte y adoptado una táctica totalmente diferente. De haberlo hecho habría mitigado la hostilidad internacional y puesto los esfuerzos estadounidenses más en armonía con su tradicional postura de promover el estado de derecho alrededor del mundo.
Sin embargo esta semana un funcionario del Departamento de Estados le advertía ya, a por lo menos un embajador latinoamericano, que la administración continuará la presión sobre países para que firmen acuerdos bilaterales que le aseguren a cualquier estadounidense no ser juzgado nunca en La Haya. Los acuerdos comprometen a los países a que nunca entreguen a la Corte internacional a soldados, civiles e incluso contratistas extranjeros de Estados Unidos acusados de crímenes contra la humanidad.
Tristemente, Washington está desaprovechando una oportunidad única de contribuir con lo que ahora parece ser la necesidad más apremiante en el hemisferio: sistemas judiciales más fuertes. Puede no parecer obvio que prevenir que estadounidenses sean juzgados en la Corte termine socavando el progreso en los sistemas judiciales de otros países, pero así sucede.
Los acuerdos bilaterales requieren que el país firmante concuerde con un sistema que hace distinciones entre dos grupos, lo cual mina la posición de la Corte como fiscal imparcial de crímenes horrendos. Sacrificar la justicia y la igualdad ante la ley mina, a su vez, la efectividad de la Corte como elemento disuasivo del crimen. Además el desprecio a la Corte por parte de la principal potencia mundial inevitablemente debilita su influencia.
Más indirectamente está el hecho de que la mera existencia de la Corte requiere de las naciones el fortalecimiento de sus propios sistemas judiciales. En muchos países la inclusión de crímenes contra la humanidad dentro de sus propios códigos penales ocurrió cuando dichos países se preparaban para unirse a la Corte.
En Colombia, por ejemplo, la ratificación del estatuto internacional que dio vida a la Corte se hizo con la idea de fortalecer el propio estado de derecho de Colombia, un hecho que los líderes del congreso colombiano destacaron durante los debates sobre la solicitud de Washington de un acuerdo bilateral de inmunidad.
Para asegurar que dichos acuerdos se den Washington ha amenazado con suspender ayuda. Hasta el momento, 14 países en América Latina y el Caribe han firmado los acuerdos, tres de ellos solicitando que no se les identifique públicamente. Ésa es una lamentable muestra tanto de su incomodidad con el asunto como de su incapacidad para oponerse a Estados Unidos.
La intimidación de Washington ha incluso congelado la ratificación del estatuto de la Corte en países como México donde la medida ha esperado acción en el Congreso por cuatro años. Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela son hoy la excepción en la región, habiendo rechazado los acuerdos bilaterales y en su mayoría perdido así millones de dólares en asistencia estadounidense.
El genocidio, los crímenes contra la humanidad y otros crímenes de guerra parecen ser cosa del pasado en casi toda América Latina, pero eso no quiere decir que dichos crímenes no ocurran de nuevo. Éste es el momento perfecto para reforzar la Corte con la esperanza de que ayude a detener futuras violaciones.
La preocupación de la administración Bush de que intereses anti estadounidenses manipulen la Corte parece infundada. Después de todo, la Corte puede sólo juzgar los crímenes más horrendos y sólo cuando los países de origen de los acusados no tienen la voluntad o la capacidad para hacerlo ellos mismos. Las acciones de la Corte en su primer año han demostrado por lo menos eso. Su fiscal principal rechazó, por ejemplo, solicitudes de considerar casos de abusos por soldados británicos en Irak asegurando que el sistema judicial británico podía encargarse.
Pero concentrarse únicamente en los crímenes que la Corte puede juzgar oculta la enorme importancia de esa Corte como mecanismo para fortalecer los sistemas judiciales nacionales. Basta con mirar cualquier encuesta en la región hoy en día para descubrir que el crimen y la inseguridad están a la cabeza de las preocupaciones de muchos latinoamericanos. Apenas este pasado fin de semana cientos de miles marcharon pacíficamente en la ciudad de México para manifestar la sensación de impotencia e injusticia ante la creciente criminalidad.
Los continuos empujones de la administración Bush a favor de la inmunidad se oponen directamente a esa lucha crucial contra la impunidad, como mínimo en su espíritu y acaso también en su realidad.
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