Armas y cultura de la muerte
Como es bien sabido, la pistola que usó el asesino del periodista Carlos Guadamuz para matarlo, hace quince días, fue comprada en una tienda de armas que pertenece al Ejército, o a personas vinculadas a la institución armada, y que funciona dentro de una instalación militar. Por supuesto que de eso no puede inferirse que el Ejército o alguno de sus miembros activo esté involucrado en el crimen, pero la falta de claridad acerca del funcionamiento de esa empresa comercial debería ser motivo más que suficiente para que en el proyecto de ley de armas se disponga la prohibición de que miembros del Ejército y la Policía participen como dueños o socios de esos funestos negocios.
En realidad, dada la situación de Nicaragua y los poderosos, turbios e intimidantes intereses que predominan en nuestra sociedad, es necesario aprobar —pero sobre todo aplicar— una ley de control de armas y de desarme de las personas civiles que no tienen ninguna razón de estar armadas. Tal vez así se podría reducir la criminalidad violenta y mortal que se viene incrementando de manera peligrosa y alarmante.
Pero debemos estar claros de que en este caso el principal problema no es el arma en sí misma, sino la cultura de la muerte que domina o deforma la conciencia de muchos nicaragüenses. Y no sólo de personas que tienen mucho poder y que, aunque ahora menos que antes, siguen haciendo “ajustes de cuentas” o amenazando con ellos, sino también de personas comunes que en un arrebato de ira matan a un borrachín molestoso, liquidan a quien traspasó los linderos de una finca, balean a la cónyuge o aplastan con el autobús a quien de manera descuidada se cruzó con un conductor de instintos homicidas.
Es impresionante la increíble facilidad con que se obtienen y legalizan las armas de fuego, así como el dato de que es igual la cantidad de armas “legales” (80,929), que la de armas ilegales que están en poder de algunos sectores de la población. Y aunque hay quienes se arman por motivos defensivos, ante el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad pública, son muchos más quienes las obtienen para delinquir. Aparte de que sólo portar un arma representa un grave peligro, pues en cualquier momento de exasperación e intolerancia se puede usar contra otra persona.
Se dice que donde no se respeta la vida nada puede respetarse. Y es comprensible que menos puede respetar la vida quien no la concibe como un don de Dios sino como una simple o compleja y en todo caso fría combinación de factores químicos. Quien no ve en la otra persona un prójimo, sino la fatal consecuencia de la evolución de la materia, no puede tener mucha consideración ni mayor respeto por la vida ajena y con relativa facilidad puede matar o mandar a que maten.
De manera que lo primero y fundamental es educar a las personas en el respeto a la vida, la propia y la ajena, como base indispensable de las medidas institucionales tendentes a crear un entorno social pacífico y seguro, incluyendo una ley que prohíba el tráfico ilícito y la tenencia de armas.
Esta ley debe en primer lugar tipificar y penalizar severamente el tráfico ilegal de armas de fuego e incrementar drásticamente las penas a quienes las portan de manera ilegal. Es una barbaridad que en un país donde han ocurrido tantas guerras civiles y la sociedad sigue polarizada porque prácticamente todos los crímenes de naturaleza política quedaron y siguen quedando en la impunidad, haya tantas personas armadas legal e ilegalmente, que además sea tan fácil adquirir las armas y, peor aún, que autoridades militares y policiales estén involucradas en ese mortífero negocio.
Por supuesto que la ley, por muy buena que sea y muy bien que se aplique, por sí sola no impedirá que hampones y matones sigan matando y mandando a matar a quien sea y por el motivo que fuere. Aparte de una buena ley de control de armas hace falta una Policía eficaz y una justicia independiente y honesta que pueda aplicarla correctamente.
Peor sería no tener ninguna ley. Una vez creado el instrumento se puede luchar mejor para que se aplique.
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