Layasiksa, alarma de conflicto
Brooklyn Rivera B.
El incidente de violencia en el territorio de Layasiksa ubicado en la zona del Río Kukalaya, a inicios de febrero debe entenderse a la luz de los compromisos gubernamentales incumplidos a los pueblos indígenas y la desatención de las autoridades competentes de la región y el país. El presidente Enrique Bolaños y su Gobierno en más de dos años han hecho caso omiso de los acuerdos firmados con los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Mosquitia del país. Asimismo, las autoridades civiles y militares en los niveles municipales, regionales y nacionales, han hecho oído sordo a las gestiones y reclamos de la comunidad de Layasiksa ante la invasión y ocupación ilegal de su territorio de parte de los colonos mestizos, en los últimos tres años.
Las condiciones de vida de las comunidades indígenas y campesinas de las regiones autónomas se han deteriorado aceleradamente en los últimos años, debido a la desatención del actual Gobierno y en particular la falta de cumplimiento de los compromisos gubernamentales asumidos por el presidente Bolaños con los pueblos y comunidades de la Costa durante la campaña electoral del año 2001. Los dirigentes indígenas nos hemos cansado de insistir ante las autoridades del Gobierno y en especial ante el presidente Bolaños, en el esfuerzo de la atención y cumplimiento de los acuerdos firmados ante más de 500 líderes y delegados de nuestras comunidades en una Asamblea General de Yatama.
Por su parte, los dirigentes de Layasiksa agotaron su paciencia y gestión ante las diferentes instancias y niveles de autoridades en la RAAN, sin que ninguna se interesara y atendiera los clamores de justicia y protección ante la violación de sus derechos sobre su territorio en más de tres años. Y es que los derechos indígenas consignados en la Constitución Política, la Ley 28 de Autonomía y en especial la Ley 445 sobre la propiedad de los pueblos indígenas, a la fecha resultan papel mojado. El actual Gobierno no ha movido un solo dedo para poner en marcha el proceso de demarcación de los territorios indígenas contenido en esta última, ley después de más de un año de su entrada en vigencia.
Hasta después de los sucesos de violencia diferentes autoridades se lamentan y se atreven a responsabilizar de los hechos, de forma unilateral, a la comunidad de Layasiksa. A la vez, algunos actuando parcializados pretenden condenar a los dirigentes comunales mientras mandan a echar presa a la comunidad entera. Y es que estos señores (el fiscal, el procurador ambiental, el acalde, entre otros) del Triángulo Minero, impulsados por motivos políticos e inclinaciones racistas, abusando de sus cargos se empecinan en aplastar la demanda de justicia y de protección de las tierras indígenas.
Lo que estas autoridades parcializadas buscan a ocultar son los políticos y madereros afines que están detrás de las agresiones de los colonos en contra de Layasiksa y otras comunidades indígenas de la región. Allí están las firmas de los diputados y concejales del PLC de las minas autorizando a los colonos la ocupación de las tierras indígenas. Aquí están los madereros que utilizan a los colonos como punta de lanza para ocultar sus actividades de saqueo de las maderas en contubernio con las autoridades y mediante jornada intensa de despale por las noches.
El fiscal Raymundo Arróliga tiene presos a tres personas de Layasiksa acusado por los muertos de los colonos, mientras por los muertos indígenas no tiene a nadie preso. El mismo fiscal clama por armas caseras supuestamente en manos de los indígenas, pero ni siquiera se menciona las armas de guerra en mano de estos colonos y los de Yakalwas en la misma zona de Kukalaya. Tampoco el fiscal habla de la reincidencia de los colonos, cuando posterior a acuerdos de desocupación, una vez armados se volvieron a reinstalar en la tierra de Layasiksa.
La violación del derecho sobre las tierras y recursos de los pueblos indígenas ha venido agravándose durante los últimos dos gobiernos nacionales debido al incremento de la invasión y ocupación de sus territorios de parte de los colonos, al igual que el saqueo de los recursos y la destrucción de los medios de vida de parte de los madereros que operan impunemente en toda la región. Es así que hoy las tierras de las comunidades miskitas y sumu-mayagnas de los ríos Bambana, Prinsapolka, Kukalaya y Wawa están invadidas y saqueadas sin que haya una autoridad que atienda los derechos indígenas.
De forma tal que el lamentable incidente de violencia de Layasiksa se debe tomar como una alarma de conflicto y no como un suceso aislado. De seguro las comunidades indígenas que continúan sufriendo las invasiones y los despales de los colonos y madereros armados no seguirán cruzados los brazos hasta ser despojados de sus territorios y destruido su hábitat. Las autoridades nacionales y regionales deben asumir seriedad y responsabilidad ya como contraparte en el proceso de demarcación y titulacion de los territorios indígenas. Así sea.
El autor es dirigente de Yatama.
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