EE.UU. y la lucha contra la corrupción
Rodrigo Arturo Gurdián Ortiz
Estados Unidos muestra su continua y permanente búsqueda para salvaguardar la seguridad nacional. En enero pasado el presidente George W. Bush publicó una proclama para “suspender la entrada como inmigrantes o no inmigrantes a personas comprometidas o beneficiadas con actos de corrupción” (http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040112-3.html)
Esa proclama, en el contexto de la lucha contra la corrupción de los sectores público y privado, impulsada por la comunidad internacional por los muy reales y palpables efectos negativos de ésta en el fortalecimiento de las democracias, encuentra su razón de ser en los intereses de esta potencia de “restringir el viaje internacional y suspender la entrada en Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, a ciertas personas que se han comprometido, participado o beneficiado con actos de corrupción en la actuación de funciones públicas, cuando esa corrupción tenga serios efectos adversos en la actividad internacional de negocios americanos, las metas de la ayuda extranjera americana, la seguridad de Estados Unidos contra el crimen transnacional y el terrorismo, o la estabilidad de instituciones democráticas y de las naciones”.
Para fines prácticos, ¿cómo se aplicaría esta proclama, por ejemplo, en el caso de Nicaragua cuando el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos ha catalogado en reiteradas ocasiones que el sistema jurídico en Nicaragua es corrupto? Y cito al Nicaragua Country Reports on Human Rights Practices: 2002 (publicado en marzo de 2003), que textualmente dice que “el engavetamiento de casos o sentencias políticamente cargadas a favor de partes con conexiones políticas sigue siendo la manifestación más común de la corrupción judicial”. Agrega que Nicaragua “carece de un sistema de derecho civil eficaz” y que “el sistema judicial en su conjunto parece estar sujeto a la manipulación política y personal”.
Ahora bien, ¿cómo aplicar un caso de corrupción en el sistema judicial de manera que afecte “la actividad internacional de negocios americanos”? Con base en mi experiencia como abogado de las llamadas víctimas del Nemagón y testigo del mal manejo y los abusos con que se han llevado estos casos, me llamó la atención la noticia en los medios que una de la empresas multinacionales que ha sido principal objetivo de las demandas, se ha convertido a su vez en demandante en una corte federal de Estados Unidos contra algunos abogados nicaragüenses y americanos y un grupo de personas que han tramitado juicios en su contra. Esta multinacional se refiere en su demanda que estas personas están perpetuando un esquema masivo para defraudar a compañías norteamericanas. La meta del fraude es obtener dinero por lesiones ficticias u obtener sentencias fraudulentas en representación de personas que no son realmente víctimas del Nemagón y que han recurrido a la falsificación de pruebas médicas e incluso a vasectomías para lograr por este medio ser declarados estériles, uno de los males que causa el pesticida.
De obtener una resolución favorable a la demanda, sobre todo por la violación de la ley Rico (ley contra la extorsión y el crimen organizado), las personas del sistema judicial (incluidos los abogados) que se involucren en estas empresas de fraude, que además atentan contra los intereses del comercio internacional, convierten a países como Nicaragua en aliados estratégicos “poco viables” o “no viables” en la lucha contra el crimen organizado que es uno de los retos del nuevo orden mundial.
El autor es abogado y notario público.
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