Desviación política y ética
El viernes 13 de febrero corriente afirmamos que el proyecto de decreto de amnistía para liberar al ex presidente Arnoldo José Alemán Lacayo de los veinte años de presidio y de los expedientes judiciales de los delitos por los que fue condenado, que presentaron a la Asamblea Nacional los diputados liberales arnoldistas, es una aberración jurídica porque la amnistía sólo se puede dictar mediante una ley de la República.
A mayor abundancia de argumentos de que una amnistía por decreto —para eludir el veto presidencial—, sería una aberración jurídica, citamos ahora el artículo 140 de la Constitución Política de la República:
“Tienen iniciativa de ley: 1) Cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional, quienes además gozan del derecho de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas. 2. El Presidente de la República. 3. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los consejos regionales autónomos y los concejos municipales, en materias propias de su competencia. 4. Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número no menor de cinco mil firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias y de carácter internacional y las de amnistía e indultos”.
El citado artículo constitucional es incuestionable e inconfundible. No hay dónde perderse ni cómo confundirse. Cualquier amnistía o indulto tiene que ser una ley de la República, aprobada de conformidad con el proceso de formación de la ley que está indicado constitucionalmente y que presupone obligatoriamente la sanción o el veto presidencial. Aprobar una amnistía o un indulto mediante simple decreto legislativo o administrativo, atropellaría la letra y el sentido de la Constitución, sería una aberración jurídica inconstitucional.
Pero también sería una desviación política y moral, primero porque la amnistía no es para favorecer a reos de delitos comunes —los que se derivan grotescamente de la perversidad humana—, sino para delitos políticos y comunes conexos. Y el hecho de que un reo condenado por robarse los fondos públicos y lavar el dinero robado, sea o haya sido un político, no transforma la naturaleza jurídica de sus delitos, es decir, no convierte el crimen común en crimen político.
Segundo, porque con el proyecto de decreto de amnistía de los liberales arnoldistas se pretende también perdonar, olvidar y legitimar el robo y saqueo del erario en perjuicio de la sociedad nicaragüense y particularmente de sus sectores más desvalidos y empobrecidos, que ocurrieron durante los últimos 14 años.
Y en tercer lugar, porque el ex presidente Arnoldo Alemán no puede merecer el perdón si ni siquiera ha reconocido ni se ha arrepentido de su inmensa culpa —no obstante que en el proyecto de amnistía que presentaron sus diputados señalan los delitos que él cometió y por los que fue condenado—, y por lo tanto tampoco ha pedido a los nicaragüenses que lo perdonen. Por el contrario, Alemán ha asegurado que después de quedar libre volvería a tomar el poder, y por lo tanto repetiría las “obras y no palabras” del escandaloso latrocinio que ocurrió durante su gobierno anterior (1997 al 2002).
Finalmente, el proyecto de amnistía para Alemán ofende uno de los principios más nobles del género humano, el de la reconciliación, que es invocado como pretexto y justificación de esa aberración jurídica, política y moral.
La reconciliación consiste, básicamente, en el restablecimiento de una amistad, una relación, un entendimiento y una convivencia pacífica entre personas, grupos sociales y naciones, después de cualquier clase de luchas, rupturas y enfrentamientos. La reconciliación es esencialmente un principio y un hecho político. Por eso es que la amnistía se establece como un instrumento jurídico de naturaleza también política, porque su objetivo es precisamente promover la reconciliación.
Eso es muy diferente a la pretensión de los diputados arnoldistas, que evidentemente lo que pretenden es legitimar el delito, proteger la corrupción con la impunidad, burlarse de la sociedad nicaragüense y de la comunidad internacional, darle a su líder una patente de corso para que vuelva al Gobierno a cometer las mismas tropelías por las que se encuentra ahora en la situación en que está.
La Asamblea Nacional no puede aprobar esa aberración jurídica, política y moral. Y la sociedad nicaragüense, en la que tiene que haber una reserva de moralidad, no debe permitirla.
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