Especial
Microfinancieras buscan transparencia gigante
María Antonia López M.
maria.lopez@laprensa.com.ni
PARTE I
Después del cierre del Banco Nacional de Desarrollo (Banades), en 1999, el sector rural fue el más golpeado con la ausencia del crédito. A partir de ese momento, una serie de microfinancieras han suplido esa demanda de préstamos que tampoco la banca comercial atiende.
Pero también estas microfinancieras se han dado a la tarea de cubrir el segmento de micros, pequeños y medianos empresarios o productores, urbanos y rurales, que no son sujetos de crédito en la banca convencional por carecer de las garantías necesarias establecidas.
Esta es una tónica similar en muchos países de América Latina, y es por ello que en reconocimiento al trabajo desarrollado, la Organización de Naciones Unidas (ONU), decidió declarar Año del Microcrédito el período correspondiente al 2005.
En términos cuantitativos, las entidades afiliadas en la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), han implicado para el país una cobertura de más 185 mil microempresarios rurales y urbanos hasta el 2003. La recuperación de cartera está por encima del 90 por ciento mensual.
Debido al crecimiento experimentado del crédito transado por las microfinancieras, estas entidades decidieron promover una ley que les permita ampliar su cobertura y permitir algunos controles para evitar que se les continúe señalando de usureros.
El proyecto de Ley Especial de Asociaciones de Microfinanzas fue introducido a la Asamblea Nacional desde hace seis años pero fue hasta hace un par de semanas que fue aprobada en lo general.
A partir de allí se han generado una serie de comentarios relativos a la regulación y supervisión de sus operaciones, así como otros aspectos cuestionados sobre el tratamiento que han dado a sus clientes.
Sin embargo, hay una serie de aspectos que todavía quedaron en el tapete, y que deberán dilucidarse en la discusión de la ley en sus aspectos particulares.
Armando García, gerente de la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la pequeña, mediana y microempresa (Acodep), explicó que esta ley permite más desarrollo a las microfinanzas, porque les da la oportunidad de atraer más fondos, más nivel de penetración territorial y de ampliación de los beneficiados.
Por su parte, Phillips Ernesto Alemán, gerente de la Fundación para la Promoción y Desarrollo (Prodesa), aseguró que también les permite ampliar sus servicios de capacitación en mercadeo porque “ellos (los clientes) tienen que saber cómo manejar el dinero”.
En tanto Klaus Geyer, gerente general de financiera Confía, regulada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOF), señaló que el contenido de la Ley no determina una supervisión real del ente fiscalizador de la banca porque no se regirán por una serie de normas contables, leyes y procedimientos como los que su entidad realiza.
Julio Ricardo Hernández, consultor y especialista en microfinancieras, reconoció que en este caso la regulación es diferente porque no son sociedades anónimas, “sino que están agrupadas bajo una ley difusa y vagamente definida como organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, y eso no permite una supervisión fuerte como otras instituciones convencionales”.
Sin embargo, Hernández estimó que la aprobación de la ley es un paso importante para que después todas estas microfinancieras tengan la voluntad, el capital y el interés de inversionistas para convertirse en financieras comercialmente establecidas y pasar bajo las mismas reglas del juego como sucede con las ya existentes.
Inquirió en la necesidad de tener una regulación aunque no sea prudencial, para hacerlas más transparentes para que todo el mundo sepa al menos su estado financiero y quién está detrás de ellas invirtiendo.
LA TASA DE INTERÉS
Lo más cuestionado a las microfinancieras son las tasas de interés. Víctor Tellería, gerente de la Fundación de Apoyo a la Microempresa (Fama), dijo que cuando se decidió que éstas se rigieran por la Ley de Préstamos entre particulares, se distorsionó el crédito porque se vieron obligados a crear comisiones y cargos al préstamo.
“Con la ley queremos transparencia en la forma de entregar el crédito, ya que las tasas se establecerían de acuerdo al mercado y en los contratos quedarían claramente establecidas”, indicó.
Julio Flores, gerente del Fondo de Desarrollo Local (FDL), explicó que la tasa de interés que aplican están ajustadas al tipo de clientes que atienden, pese a que ahora dependen de la Ley de Préstamos entre Particulares.
Pese a eso las microfinanzas trabajan con tasas de interés menor a las aplicadas por los usureros, muchas personas acuden a estos porque a pesar de obtener un préstamo más caro, es inmediato y sin muchos requisitos. No obstante, el nivel de ganancia para un micro o mediano empresario se reduce.
Los cálculos extraoficiales señalan que los intereses en la usura son hasta del 100 por ciento mensual.
Flores dijo que en FDL han desarrollado una metodología de crédito para atender fundamentalmente al sector rural, pero para cubrir los costos de intermediar las líneas de financiamiento, colocan al productor agropecuario una tasa de interés menor y un poco mayor al sector comercial ya que éstos últimos tienen la posibilidad de ser más rentables y el capital tiene una rotación diaria.
Los representantes de las microfinancieras señalan que los costos de operación son más altos, debido a que se acomodan a las condiciones de pago de las personas (con cuotas semanales, quincenales y mensuales, lo cual multiplica la cantidad de atención administrativa a prestar, mientras que los bancos tienen una política de pago mensual, cubierta por el interés cobrado.
Actualmente la tasa de interés promedio de las microfinancieras oscila entre el 3 y 4 por ciento mensual, mientras que en la banca comercial oscila en 12 y 15 por ciento cada mes.
Klaus Geyer de la financiera Confía consideró que ley de microfinancieras levanta el tope de la tasa de interés establecido por el Banco Central de Nicaragua (BCN), la cual les permite pactar libremente.
Consideró que así como está concebida la ley no favorece la reducción de la tasa de interés, ya que da libertad de decidir libremente, “aunque eso es correcto, pero es recomendable que se establezca en el mercado una tasa bajo una competencia sana y transparente, pero aún no están previstos los mecanismos”.
Agregó que en otros países existen mecanismos como el de publicar en sus sucursales la tasa efectiva de interés que permite al cliente comparar y saber dónde le resulta el crédito más barato.
Para Armando García, de Acodep, la tasa de interés es un tema de fundamental preocupación, aún sabiendo que el criterio general es que sea pactada libremente.
“Hemos tenido serios problemas durante dos años por estar trabajando mediante la imposición de la Ley de Préstamos entre particulares, una gran distorsión que obligó al mercado a perder transparencia, porque operara con una tasa muy inferior al costo del dinero”, agregó.
Así también causó otro efecto: la contracción del crédito para el sector microfinanciero, cuando los proveedores de fondos notaron un riesgo con la reducción de la tasa de interés.
Una vez liberada la tasa que aplican las microfinancieras, se tendrían que medir por la oferta y la demanda, lo cual podría implicar si fuese necesario, aunque no estrictamente aplicable, el que se puedan equiparar a las que actualmente cobra la banca comercial.
De tal manera, que las microfinancieras tienen que hacer evaluaciones previas sobre el precio del dinero, esto es, sacar costos de operación por el tamaño del crédito, tipo de colocación, riesgo de la actividad, administración del préstamo, salarios y otros.
“No es que nosotros decidamos si la tasa debe ser igual a la de los bancos, porque responde a la escala de operaciones que tenemos, un crédito de 30 dólares en el caso nuestro, está ligado a un capital de trabajo que está un canasto en el mercado, si a eso le aplicamos la misma tecnología y administración financiera que aplica un banco, sería muy costoso, no es voluntarismo, sino una escala de medición”, ejemplificó.
García reiteró que debido al alto riesgo de los préstamos por no tener garantía “cargamos una tasa un poco más alta porque tenemos que crear un nivel de reserva ante la eventualidad de que no puedan pagar”.
En tanto, es posible que las microfinancieras puedan estandarizar de alguna manera la tasa de interés, aunque eso dependerá de los lugares donde operan ya que algunas están en sectores rurales, otras tienen que ver con las actividades financiadas y el origen de los recursos para el crédito.
EL AHORRO
Con el nuevo marco legal, las microfinancieras están pujando por convertirse en captoras de ahorro, Armando García de Acodep, consideró que debe ser parte de sus actividades porque los clientes desean hacerlo mediante la ganancia o parte de ésta que les queda a diario “es un servicio adecuado a la naturaleza de los clientes, por eso propugnamos para que se nos permita, es un ahorro a detalle y no pone en riesgo al sistema financiero del país”.
Estimó que debe permitirse porque de alguna manera, el ahorro impactaría positivamente en la reducción de la tasa de interés de los préstamos, ya que éstos son considerados como “depósitos baratos” para reinvertirlos en una ampliación de líneas de crédito.
Mientras tanto, el tema del ahorro como parte de las operaciones de las microfinancieras será propuesto durante la Conferencia regional de estas entidades que realizarán en junio de éste año.
LAS NO AFILIADAS
Pero esta ley es aplicable a todas las microfinancieras del país, y es por ello que Iván Gutiérrez, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), piensa que no solamente deben acogerse las asociadas a este grupo.
“Nuestra posición es que la ley debe decir cuáles instituciones podrán acogerse a la misma, pero si algunas no quieren hacerlo, no deberían tener impedimentos”, indicó.
Según Gutiérrez, todas esas instituciones que tienen patrimonio y capacidad de ser reguladas lo aceptarán, “pero las que no puedan que trabajen tal a como están ahora, no podemos reducir el crédito a los microempresarios”, señaló.
No obstante, de un poco más de 30 asociaciones que prestan servicios de crédito en el país, 23 están afiliadas en Asomif, por lo cual el impacto de las no organizadas no será mayor pese a la modificación de las tasas de interés y cobertura crediticia que probablemente experimentarán.
“Deberían continuar operando, pero no tendría ni las ventajas, ni deberes que la ley impone”, aseveró Gutiérrez.
Para Armando García, de Acodep, debe aclararse que las leyes sirven para normar la actividad, no las transacciones. “Toda persona es libre de abrir una cuenta o prestar dinero”.
EL RIESGO FINANCIERO
Recientemente el Banco de Crédito Centroamericano (BCIE), entregó varios créditos a microfinancieras nicaragüenses, pese a que éstas no han estado acompañadas por un marco legal, sin embargo, para esta entidad regional hay suma confianza en el manejo de esos fondos.
Oscar Delgadillo, gerente regional del BCIE en Nicaragua, explicó que antes de otorgar un crédito hacen una evaluación con indicadores mínimos que les permita calificar para acceder al préstamo “no somos tan fáciles, exigimos bastante”.
Agregó que una vez que dan el crédito a la microfinanciera, se da seguimiento conjunto al uso y retorno del dinero, a través de la rentabilidad, cumplimiento de objetivos, controles internos, tipo de administración, recomendaciones y que operen con ciertos parámetros aceptables para el BCIE.
No obstante, los señalamientos de que las microfinancieras están operando con costos muy altos y además funcionan con fondos intermediados que encarecen las tasas de interés, también es valorado por el BCIE.
“Queremos que exista la oportunidad para los microempresarios de elegir a la entidad que más le convenga, pero como son créditos pequeños y dispersos los costos se les elevan y se tiene que cubrir de alguna manera, pero aquí hay más flexibilidad y una mejor cultura de pago”.
Esa dispersión del crédito también ha sido señalado como factor de riesgo para la recuperación del dinero prestado. A juicio de Delgadillo, este planteamiento es certero, por ello es que a las microfinancieras les queda reducirlo mediante el buen manejo de sus sistemas contables y tecnología adecuada.
“Aunque hemos visto que han adoptado una buena experiencia en sobrellevarlo y eso se demuestra en los bajos niveles de mora y nosotros les apoyamos con asistencia técnica y riesgo gerencial para que sean más eficientes”, agregó.
Julio Ricardo Hernández, especialista en microfinanzas, consideró que la evolución de la industria debe aportar más seguridad. “Las personas desean que existan normas y reglas claras para depositar su dinero, con lo cual habría más seguridad y reducir el riesgo”.
Pero Julio Flores, del Fondo de Desarrollo Local (FDL), explicó que el costo del riesgo financiero debe partir de un cálculo matemático sobre el precio del dinero el que en promedio es de un 9 a 10 por ciento.
Luego se suma el costo operativo para manejar el crédito, según los estándares internacionales se cree adecuado que una institución tenga un margen de 15 a 20 por ciento.
Mientras la protección por riesgo se calcula en un 1 a 2 por ciento, ya que deben prever el hecho de perder dinero cuando hayan clientes que no paguen.
Además, mantienen un margen adecuado para continuar el crecimiento del capital. A eso sumar la dispersión geográfica, donde no hay bancos, no hay carreteras, y a veces sitios donde operan bandas delincuenciales.
PENDIENTE DE DISCUSIÓN
La Ley de Microfinancieras en su discusión particular deberá llevar al análisis de temas considerados como fundamentales para la operación de las mismas.
Iván Gutiérrez, Director Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), explicó que son varios los aspectos, el primero de ellos es sobre la prohibición de la captación de depósitos.
“Nosotros consideramos que debido a que no hay presencia bancaria más allá de las cabeceras departamentales, planteamos que es una urgente necesidad darles servicio de ahorro a las personas de las zonas alejadas del país, pero dirigido a los beneficiarios del crédito con los cuales trabajamos, eso sirve como un mecanismo de garantía y no habría riesgo para el país, ya que eso sería una compensación a los saldos a favor de la institución”.
Agregó que el Banco Mundial y el Centro Mundial de las Microfinanzas, han planteado como una opción el apoyo para que estas entidades crediticias capten ahorro del público, debido a que la banca formal no da ese servicio.
Dijo que el ahorro en especies (cerdos, gallinas,etc) está demostrado que genera pérdidas por la alta mortalidad de los animales, pero “además podría hacerse bajo las normas de la Superintendencia de Bancos, o sea que no fuesen más de dos veces y media del capital de las instituciones”.
A su vez, éste ahorro, permitiría la captación de remesas, a la mitad del precio de la transferencia que lo normal, pero además el dueño de ese dinero que le llega del exterior puede acceder a un crédito y ampliar su capital para algún proyecto de inversión productiva.
Aunque reconoció que hay un aumento del gasto, la misma captación del ahorro puede compensar el incremento de capital que sería reutilizado en créditos, mientras tanto, se debe garantizar la seguridad física del dinero haciendo depósitos en bancos comerciales cercanos y seguros de transferencia que todavía deben definirse.
El segundo aspecto por revisar es el arrendamiento financiero conocido como “microleasing”, que le sirve a un pequeño industrial que no tiene garantías para un préstamo con el cual comprar maquinaria, con éste mecanismo, puede acceder y pagar una renta por el uso del equipo, para que al final del período lo compre a un precio simbólico, ejemplificó.
Un tercer elemento a discutir es la imposición de sanciones sin un mecanismo de apelación, “es inconstitucional que no permitan defendernos”, agregó Gutiérrez.
En tanto, el cuarto aspecto es que no hayan restricciones en el nombramiento de directivos de las microfinancieras, ya que se impone que tengan conocimientos financieros, que no sean directivos de bancos “para nosotros eso tiene que quedar abierto, porque ni en los bancos comerciales hay un tipo de disposición así”.
POSPONEN DISCUSIÓN DE LEY
El proceso de discusión de la Ley de Microfinancieras en lo particular fue suspendido a petición de una misión del Banco Mundial, dijo Armando García de Acodep, quienes solicitaron unos tres meses para reiniciarla, debido a que se requiere afinar aún más todo lo relativo a las tasas de interés y la captación de depósitos y eso requiere de consenso para evitar distorsiones o posibles problemas macroeconómicos cuando no se hacen las consideraciones técnicas necesarias.
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