Los nicas sufren en Costa Rica
Nicasio Urbina*
La situación de los nicaragüenses en Costa Rica es verdaderamente penosa. Emigrantes pobres y sin educación que llegan a nuestro país vecino en busca de trabajo, y se ocupan en los puestos más bajos y peor pagados de la sociedad. Un número reducido se dedica a la delincuencia y la prostitución y eso ha servido para marcar a casi 800,000 nicaragüenses como los parias de la sociedad costarricense. La contribución que hacen todos estos trabajadores a la economía costarricense es sustancial, co mo lo es la que hacen a la economía norteamericana.
Esa fuerza de trabajo, esa plusvalía, que debería estar produciendo riqueza en Nicaragua, tiene que ir a vender se subvalorada en el extranjero. Desde cualquier punto de vista que se vea es una tragedia de grandes proporciones. Tragedia familiar para los que se tienen que separar, tragedia económica para las familias que quedan desamparadas en Nicaragua hasta que empiezan a llegar las remesas, tragedia para el país que pierde a su fuerza de trabajo, a su máquina productora, a su juventud y a su cultura.
Cualquier nica que viaje a Costa Rica puede palpar la discriminación y el menosprecio que hay por los nicaragüenses. Yo he viajado dos veces a Costa Rica en los últimos años, invitado y pagado por el Gobierno costarricense. A pesar de las múltiples atenciones que tuvieron conmigo, de la amistad que me une con colegas costarricenses, y del agradecimiento que tengo para ellos, he de afirmar que como nicaragüense me sentí discriminado.
Sólo hace falta abrir la boca para que a uno lo identifiquen como nica y lo miren de reojo. No importa que vistas de saco y corbata y que no estés buscando trabajo: sos nica, sos andamio, sos paria. Hay numerosos estudios sociológicos recientes que documentan el alto grado de discriminación contra los nicaragüenses en Costa Rica.
La situación no es enteramente gratuita, ya que la economía costarricense tampoco tiene las dimensiones suficientes para mantener la demanda de trabajo de los ticos y de los nicaragüenses en diáspora.
La reciente redada en La Carpio ha enardecido de nuevo los ánimos entre los nicaragüenses para defender a nuestros compatriotas maltratados. Los periódicos han publicado la noticia con lujo de detalles, y ahora los parlamentarios se preparan para nombrar una comisión y viajar a Costa Rica a indagar las posibles soluciones al conflicto. Se habla de pedir a Costa Rica un estatus temporal como el que ha otorgado Estados Unidos, se habla de investigar si se violaron los derechos humanos de los nicaragüenses, se habla de pedir una investigación. La preocupación de los políticos nicaragüenses por la situación de sus conciudadanos en Costa Rica es loable. Demuestra que hay una preocupación genuina de parte de los representantes por el bienestar y la salud de los nicaragüenses. Todo esto me parece muy bien, pero revela una actitud hipócrita.
A riesgo de que se me tilde de anti-patriota me atrevo a decir que no tenemos ningún derecho de quejarnos ni de pedir nada. Los nicaragüenses que están en el exterior, ya sea en Costa Rica, en EE.UU., o en el resto del mundo por razones económicas, están ahí porque sus derechos humanos han sido violados en Nicaragua. Nuestros políticos y nuestros gobernantes, nuestros empresarios deshonestos, nuestra ciudadanía piñatera, es la que ha violado los derechos humanos de los nicaragüenses, los ha empobrecido, ha terminado con sus fuentes de financiamiento para sembrar y producir, ha quebrado las empresas que les daban trabajo, han robado al estado descaradamente para pagarse gustos exagerados y superfluos. Los mismos señores que ahora van a formar una comisión para ir a hacer el ridículo en Costa Rica, son los que sin ser elegidos por el pueblo y nombrados de dedo por caudillos corruptos, malversan y despilfarran el presupuesto nacional, obstaculizan la justicia, piden coimas, asignan becas a sus familiares y protegidos sin tomar en cuenta las necesidades y las cualidades de los becarios.
Es decir, estos señores que por años han violado los derechos fundamentales de los nicaragüenses, ahora van a ir a Costa Rica a investigar por qué se llevó a cabo la redada de La Carpio.
El Gobierno de Nicaragua está en la obligación de defender a sus ciudadanos en cualquier país del mundo que se encuentren, y está bien que lo haga. Pero la principal obligación de las autoridades es proteger a los ciudadanos en el país. No podemos quebrar el Banco Nicaragüense para enriquecer a un grupo de individuos que ya eran ricos de antemano, sin que nadie pague por ese crimen, y luego levantar la espada de la justicia porque en Costa Rica quieren deportar a los nicaragüenses ilegales. ¿Dónde están los que quebraron el Banco Nacional, dónde los que desfalcaron la Cementera?
Acabemos con todas las pensiones vitalicias. Todos esos personajes pueden jubilarse con su pensión normal como el resto de los nicaragüenses. Reduzcamos el Consejo Supremo Electoral y pongamos ahí a un individuo que haya demostrado su imparcialidad y su honestidad.
Reduzcamos la Corte Suprema de Justicia a tres verdaderos jurisconsultos. Acabemos con el corrupto sistema de planchas y suplentes que sólo fomenta el clientelismo político, instalemos un sistema representativo de un diputado por cada cien mil habitantes. Invirtamos por lo menos el 30 por ciento de nuestro PIB en educación y salud, como lo han hecho los países que podemos seguir como modelos, incluyendo a la misma Costa Rica que ahora criticamos. Deshagámonos de tantos asesores carísimos que hasta el momento no han contribuido para nada a mejorar el país. Definamos apropiadamente el concepto de inmunidad, para evitar que verdaderos actos de delincuencia se escuden tras una protección que originalmente debe defender el ejercicio de la función legislativa.
Desarrollemos las condiciones para que Nicaragua pueda emplear y educar a su población de forma que no tengan que salir en diáspora a mendigar trabajos por el mundo. Entonces sí tendrán nuestros políticos la autoridad moral para ir a Costa Rica a defender los derechos humanos de los nicaragüenses, y nuestros compatriotas no estarían hacinados en La Carpio.
* El autor es catedrático de la Universidad de
Tulane en Nueva Orleáns.
urbina@tulane.edu
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