Guatemalteco preso por narcotráfico
 |
|
|
|
Marvin Ely Quiñónez Álvarez guarda prisión preventiva en Rivas.
|
|
Noelia Sánchez Ricarte
CORRESPONSAL/RIVAS
sucesos@laprensa.com.ni
La Juez de Distrito de lo Penal en Rivas, Ivette Toruño, aceptó la acusación interpuesta por la Fiscalía en contra del guatemalteco Marvin Ely Quiñónez Álvarez, para quien dictó prisión preventiva.
El próximo miércoles 4 de febrero se realizará la audiencia inicial en el proceso en contra del guatemalteco, a quien la Fiscalía acusó por tráfico ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas por la ley.
Quiñónez fue detenido el pasado lunes en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, cuando conducía una rastra donde venían ocultos 73 paquetes de cocaína que pesaron poco más de 83 kilos.
La Juez de Distrito de lo Penal en Rivas, Ivette Toruño, aceptó la acusación interpuesta por la Fiscalía, considerando que reúne los requisitos formales que la ley establece y además accedió a algunas de las peticiones de la defensa del imputado.
Toruño aceptó que Quiñónez fuera enviado al forense para valorar su estado de salud, que según la defensa no está en buenas condiciones. Además, permitió la introducción de una colchoneta en la celda donde se encuentra detenido el imputado.
JUDICIAL TRUENA
El abogado defensor de Quiñónez, Carlos Cerda, expuso a la judicial Toruño que la Policía había violentado el derecho de su defendido al no haberle permitido conversar con él.
Según Cerda, él giró una comunicación al Jefe de Auxilio Judicial de la Policía, en donde le solicitaba que se le permitiera conversar con el detenido, dado que él sería su abogado defensor.
La solicitud a esa comunicación fue negada a través de un mensaje firmado en ese mismo papel, en donde se le indicaba que el detenido no lo había nombrado como su defensor y por lo tanto no podía conversar con él.
Al escuchar lo anteriormente señalado, la judicial Toruño visiblemente molesta, indicó que era preocupante que la Policía estuviera enfrascada en el antiguo Código Penal, pues el actual establece que cualquier persona puede nombrar al abogado defensor, no necesariamente tiene que ser el imputado.
La judicial recomendó a Cerda que bien podía ejercer su derecho de denunciar lo sucedido ante las instancias correspondientes. “Si hay responsabilidad penal o no, esto lo determinará el Ministerio Público”, indicó Toruño.
Su recomendación al abogado defensor finalizó con estas palabras: “La persona que firmó esa resolución (donde le niegan el derecho a la comunicación con el detenido) no ha leído el Código, debería de regalarle uno”.
|
