El pago de los impuestos
LA PRENSA presentó, en su edición del martes recién pasado, declaraciones de los directores de Ingresos y Aduanas sobre las recaudaciones del año pasado. Y como es de rigor, las informaciones oficiales fueron contrastadas con la opinión de un experto tributario independiente.
Según dichas informaciones las recaudaciones de Ingresos crecieron el año pasado 23.9 por ciento, en tanto que las de Aduanas aumentaron en 16.5 por ciento. Por su parte, el experto independiente reconoció el incremento informado por los jefes de la recaudación, pero advirtió que sólo se trata de una leve mejoría en relación con las bajas recaudaciones de los años anteriores.
Como sea, el hecho es que el año pasado la recaudación fue de unos 3,200 millones de córdobas, y la del año anterior (2002) se cifró en más o menos 2,700 millones de córdobas. Y al respecto un dato muy interesante es el de la evasión y exoneración de impuestos, que según el experto independiente representa el 12.5 por ciento del valor total del Producto Interno Bruto, pero que de acuerdo con datos del Banco Mundial incluidos en la información, “tiene un costo estimado en 8.5 por ciento de ese mismo PIB, que el año pasado fue de 4,099 millones de dólares”.
Eso significa que el año pasado el Estado dejó de percibir más de 492 millones de dólares —según el cálculo independiente—, o unos 360 millones de dólares —de acuerdo con las cifras del BM— debido a las evasiones y exoneraciones. Y aunque el director general de Ingresos dijo que desconoce esas cifras, reconoció que “existen en el país hasta 110 mil contribuyentes que no están pagando impuestos”; o sea que en realidad no son contribuyentes efectivos, que según el funcionario aludido llegan apenas a 90 mil. Y agregó el funcionario que la DGI planea agregar este año unos 10 mil contribuyentes, “principalmente del sector comercio informal, servicios y de minas”.
Aunque no se explica qué cantidad de dinero deja de percibir el Estado por la falta de pago de impuestos de más de la mitad de los contribuyentes potenciales, se puede inferir que si todos pagaran el ingreso fiscal sería más del doble que la actual recaudación, y que el inmenso déficit social del país y particularmente la extrema pobreza que sufre una gran parte de la población, podría ser bastante remediado. Pero en la realidad nicaragüense también significa que los políticos corruptos y oportunistas que colman las numerosas instituciones, organismos, dependencias y oficinas del Estado y del sector público en general, tendrían muchos más beneficios que los que tienen ahora, que no son pocos.
A pesar de que la palabra impuesto tiene dos significaciones negativas: obligado e ingrato, está claro que pagarlos es una obligación cívica para contribuir al mantenimiento del Estado y financiar los servicios sociales y obras públicas. Y al margen de la diversidad de opiniones acerca de que si lo mejor y más beneficioso para el Estado y la sociedad es mantener muchos y altos impuestos, y seguir creándolos; o reducir su número y porcentajes o reducirlos a uno sólo, la necesidad de luchar contra la evasión es incuestionable.
Pero la lucha contra los evasores y el esfuerzo por aumentar las recaudaciones y erradicar la cultura de la evasión —que es propia de la naturaleza humana y existe en todas partes del mundo— no se pueden hacer aislados de otros rubros de preocupación e interés de la sociedad y los ciudadanos. O sea que no se puede exigir a los ciudadanos que paguen sus impuestos correctamente, sin garantizarles que serán utilizados correctamente y que no servirán para engordar la tripa y aumentar los caudales de los políticos y burócratas corruptos.
En realidad, ¿cómo se puede animar al pago de impuestos si el contribuyente potencial y efectivo ve que con su dinero la Asamblea Nacional le va a pagar al defensor de Arnoldo Alemán —como asesor del presidente o de la bancada del PLC—, para mencionar sólo un caso “pequeño” entre los que abundan?
Las políticas públicas deben ejecutarse de manera íntegra. O sea que al mismo tiempo que se exige pagar los impuestos también se debe demostrar de manera transparente que el dinero recaudado se usa apropiadamente.
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