“Stress” financiero sacude al CSE
María José Uriarte R.
mariajose.uriarte@laprensa.com.ni
Funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) se encuentran molestos con la administración de ese poder del Estado, ante el supuesto incumplimiento de reembolsarles el dinero que se les dedujo de sus salarios, al implementarse una reducción del 30 por ciento anteriormente.
Dichos funcionarios analizan en este momento la posibilidad de pedir al magistrado Emmet Lang, oriente entregarles una copia del documento que les exigieron firmar cuando se implementó la medida, para estudiar opciones a las que puedan recurrir para que se les cancele ese dinero.
Los afectados, quienes prefirieron omitir sus nombres por temor a represalias, aseguran que el magistrado Lang orientó en ese momento como una medida para paliar la crisis financiera, se dedujera de sus salarios ese porcentaje, bajo el compromiso de ser reembolsado a inicios del presente año.
Sin embargo, consideran que ese dinero no les será entregado y esto ya empieza a generar preocupación y rechazo por la supuesta irresponsabilidad del magistrado Lang.
Los funcionarios de distintas áreas afectadas son alrededor de 161, y expresaron que Lang les obligó a firmar ese documento bajo amenaza de ser despedidos. Todo a través de la Dirección de Recursos Humanos a cargo de María Isabel Turcios.
PIDEN REEMBOLSO CON MANTENIMIENTO DEL VALOR
Recordaron que mientras Lang aplicaba la medida, aprobaba la contratación de unas siete personas en las áreas de Cartografía, Informática y asesores, entre otros, incluida Gioconda Cortés, la que ya había sido despedida e indemnizada anteriormente.
Los empleados del CSE piden además que el reembolso se les entregue con mantenimiento de valor, pero antes que nada, que definan cuándo les van a cancelar el adeudo.
Consideran injusto que muchos de ellos aceptaron la medida, realizando una labor constante, y contradictoriamente algunos magistrados haciendo menos, no quisieron reducirse en ningún porcentaje sus ingresos.
Se espera que en las próximas sesiones, los magistrados aprueben el plan de reestructuración que presentó una comisión especial, la reingeniería de ese poder del Estado permitirá realizar un proceso electoral sin mayores costos.
Esto incluye también una reducción de gastos previendo el bajo presupuesto ordinario aprobado de unos 90 millones de córdobas, ya que pretenden que el mismo no cause un “stress financiero” como ha ocurrido en los últimos tiempos.
El plan de reestructuración es apoyado en su totalidad por la mayoría de magistrados, no obstante afirman fuentes electorales que los magistrados Lang, José Luis Villavicencio y Mauricio Montealegre insisten en tomar en cuenta las cuotas partidarias y no la capacidad de los funcionarios.
El sindicato ha señalado que antes de tomarse una decisión de cancelar a trabajadores base, deberán conocer la lista preliminar y que sean tomadas en cuentas sus consideraciones para proceder.
Hasta ahora ninguno de los magistrados ha querido referirse al tema.
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