Las vicisitudes del Poder Judicial
El Poder Judicial de Nicaragua nació el 12 de noviembre de 1838, cuando se promulgó la primera Constitución de la República, independiente, después de la desmembración de la República Federal de Centroamérica que existió sólo 14 años. Desde entonces el Poder Judicial de Nicaragua ha pasado por un largo proceso de vicisitudes históricas, sometido a los vaivenes de la política y particularmente a los intereses de los partidos, y sobre todo de los caudillos que han jugado un papel nefasto en la historia nacional.
Pero nunca como ahora el Poder Judicial ha afrontado una situación tan precaria, a pesar de que tampoco jamás el órgano de justicia del Estado nicaragüense había recibido tanto respaldo presupuestario y cooperación internacional. Incluso cabe preguntarse si la generosa financiación presupuestaria y externa que ha recibido el Poder Judicial no habrá sido más negativa que positiva, en el sentido ético y profesional.
Basta echar una ojeada sobre la historia nacional, y particularmente en lo que se refiere a la institución judicial, para darse cuenta que todas las dificultades organizativas y las deficiencias morales y profesionales del pasado, quedaron pequeñas y pálidas en comparación con las de ahora. Por ejemplo, ni siquiera en los períodos de guerras civiles, revoluciones y golpes de Estado que han sido tan recurrentes en la historia de Nicaragua, el Poder Judicial estuvo tanto tiempo descabezado y desarticulado como ahora.
En efecto, como es bien sabido desde octubre del año pasado la Corte Suprema de Justicia no tiene presidente ni los otros directivos, por la división de los magistrados en dos bancadas políticas, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del FSLN, que tienen un número igual de magistrados y cada una se quiere imponer a la otra.
Por esa misma razón las salas en que se divide funcionalmente la Corte Suprema de Justicia también están desintegradas, de manera que a los muchos recursos que estaban sin resolver por la tradicional retardación de justicia e ineficiencia judicial, se han sumado —según uno de los magistrados— 80 nuevos recursos de amparo y por inconstitucionalidad de la ley.
Por si fuera poco, desde el año pasado quedaron desintegradas las cortes de Apelaciones de Granada y Masaya, pues a algunos de sus magistrados se les venció el período, y la Corte Suprema de Justicia, por las mismas disputas partidistas de sus miembros, tampoco se pueden poner de acuerdo para nombrar a los funcionarios judiciales sustitutos.
Y ahora la crisis del Poder Judicial ha empeorado al quedar desarticulada también la Corte de Apelaciones de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), pues ayer miércoles 14 de enero del 2004 expiró el período de cuatro de sus cinco magistrados. Y la crisis se podría agravar todavía más a partir del 10 de febrero próximo, cuando por la misma razón quede desmembrada la Corte de Apelaciones de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
Y súmese a todo eso el escandaloso predicamento en que han puesto al Poder Judicial numerosos jueces, con sus fallos equívocos —por decirlo de manera benigna— en juicios gruesos y de mucho fondo económico en casos de corrupción gubernamental, tráfico de drogas, comercio sexual y otras aberraciones delictivas de la conducta humana en la que aparecen involucrados poderosos personajes.
Se puede alegar, y de hecho se ha alegado, que en realidad el Poder Judicial no está paralizado, que ha seguido funcionando después de que la Corte Suprema quedó sin presidente y las cortes de Apelaciones desarticuladas. Pero ese “funcionamiento” es como el del bicho que patalea después de ser descabezado, y quien aduce ese argumento debería sentir vergüenza de esgrimirlo.
La verdad es que hay una crisis profunda e integral en el Poder Judicial de Nicaragua que sólo se podría resolver mediante una reestructuración completa de todas sus instancias, y ante todo mediante la despolitización o despartidarización de la función judicial. El problema es cómo hacerlo, pues los únicos que pueden aprobar los cambios son los mismos diputados que nombraron a los actuales magistrados de la Corte Suprema.
El presidente Enrique Bolaños anunció el 10 de enero corriente que presentará una nueva propuesta de ley judicial. Vamos a ver qué dice, y si realmente vale la pena habrá que considerar cómo se podría aprobar y ejecutar.
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