La nueva Directiva A N
Rosa Marina Zelaya Velásquez
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Las experiencias de anteriores elecciones de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en Nicaragua, en la etapa contemporánea, como resultado de las elecciones generales de 1990, 1996 y 2001, y las ordinarias anuales, en mayor o menor grado han sido traumáticas, se han realizado dentro de una crisis parlamentaria. ¿Por qué, si lo razonable debería ser que transcurran con toda normalidad? ¿Qué hace tan codiciado pertenecer a la Junta Directiva del Poder Legislativo? ¿Acaso lo importante no es tener escaños de diputados?
Pareciera ser que el atractivo que tiene la Junta Directiva es manejar la agenda legislativa y ejercer de esa manera el “muñequeo del poder”, al privilegiar u obstaculizar los temas a presentarse a consideración del plenario. Al tener la Presidencia, la facultad casi exclusiva de manejar el presupuesto de la Asamblea Nacional, las contrataciones de los funcionarios claves del Poder Legislativo y en consecuencia dar concesiones convenientes que emanan de ello. La constitución de las comisiones, integrándolas de tal forma que se ubiquen estratégicamente a los aliados en las posiciones más importantes, etc.
¿Es esto democrático? A todas luces no. De ahí que sería conveniente, justo y necesario que se reforme el Estatuto y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional a efectos de que de una vez por todas la Junta Directiva no tenga posibilidades de “engavetar” los proyectos de leyes, las peticiones de plebiscitos o referendos y cualesquiera otras solicitudes presentadas por los propios diputados, el Presidente de la República o por los ciudadanos nicaragüenses. Es decir, para que exista democracia en el funcionamiento interno de la Asamblea Nacional.
La necesidad de democratizar el sistema de trabajo de la Asamblea Nacional pasa por las reformas al Estatuto y Reglamento; entre otras, ponerle una numeración consecutiva por fecha de presentación ante la Secretaría de las solicitudes de proyectos de ley, de plebiscitos y referendos, etc. De tal forma que la Junta Directiva deba ponerlos en consideración del plenario de conformidad a la fecha de presentación respectiva y se privilegie, tal y como se encuentra establecido, únicamente las solicitudes declaradas de urgencia a petición del Poder Ejecutivo. Y además, que se compartan las facultades del presidente con la Junta Directiva en la administración y al presupuesto de la Asamblea.
Es importante que se elijan diputados que verdaderamente trabajen por el bienestar de todos los nicaragüenses y que los diferentes sectores de la población se sientan realmente representados —mediante ellos— en la Asamblea Nacional. Es imperativo, entonces, desde ya trabajar por las reformas electorales que incluyan el sistema de elección de los diputados, de manera que exista mayor vinculación entre el elector y el elegido y que en caso de incumplimiento puedan existir la revocatoria del mandato y la realización ágil, eficaz y vinculante de consultas populares a través de plebiscitos y referendos.
El Poder Legislativo es un Poder del Estado de mucha importancia, los diputados y diputadas electos popularmente son los que después actúan en nombre del pueblo nicaragüense aprobando leyes de la República, de obligatorio cumplimiento para todos; nombrando a los magistrados del Poder Judicial, el Poder Electoral, los miembros de la Contraloría General de la República, al Fiscal General de la República, es decir en la conformación de la base de la institucionalidad del país. De esas instituciones que hoy son altamente cuestionadas por el pueblo y reciben críticas constantes por su comportamiento que es percibido como que privilegia los intereses de sus respectivos partidos o allegados. Críticas que incluyen al propio órgano legislativo y a los partidos políticos.
En el 2002 la composición de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional fue dominada ampliamente por el PLC, otorgándole al FSLN tan sólo un representante. En septiembre del 2003, a partir de la reestructuración de la Junta Directiva, como consecuencia del arresto domiciliar de su entonces presidente, la Directiva estuvo dominada por la bancada Azul y Blanco y el FSLN.
El 9 de enero recién pasado, si se analiza el esquema de representación por partido político que se pretendía establecer inicialmente, de 2 PLC denominado arnoldista, 2 de la bancada Azul y Blanco, 2 del FSLN y 1 del Partido Conservador, era una composición equilibrada, se había logrado el consenso entre todos, según parece incluido el FSLN. No obstante a última hora el Frente decidió no participar en las elecciones ni aceptar ningún cargo, alegando injerencia del Gobierno de EE.UU. a través de su embajadora en Nicaragua.
La decisión del Frente, por su ausencia voluntaria, cedió espacios políticos que los otros se encargaron plácidamente de llenar, quedando entonces compuesta con el dominio del PLC y de la bancada Azul y Blanco.
No obstante, en el plenario ninguna de las fuerzas políticas por sí sola tiene mayoría, ni siquiera absoluta (47 diputados), lo cual puede beneficiar el funcionamiento de la Asamblea Nacional ya que obligará a sus diputados a buscar entendimiento, a la búsqueda del consenso para la toma de decisiones. Pudiendo constituirse la bancada Azul y Blanco en la bisagra que dé el sano equilibrio del funcionamiento justo y equitativo. Esto dependerá de la madurez, habilidad y conciencia de los diputados que la integran, de no plegarse a intereses de caudillos.
Éste es un año electoral, lo cual va a marcar la agenda legislativa y el comportamiento de los partidos políticos. El Presidente de la República ha anunciado y ratificado su voluntad de presentar ante la Asamblea Nacional proyectos de reformas que contribuyan a modernizar y democratizar, e incidir en la despartidarización de las instituciones públicas, retos convenientes que requieren el concurso responsable de todos los padres y madres de la Patria y de todas las fuerzas del país que junto con el pueblo deberíamos trabajar hombro a hombro.
Ése es el desafío. ¿Lo lograremos?
La autora es jurista, fue Presidenta del Consejo Supremo Electoral.
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