EE.UU. restringe entrada a corruptos
María José Uriarte R.
mariajose.uriarte@laprensa.com.ni
El Gobierno de Estados Unidos emitió una proclama que restringe el ingreso a esa nación, de personas que cometieron, participaron o son beneficiarios de actos de corrupción durante el desempeño de cargos públicos, o que hayan interferido con procesos que tuvieran efectos adversos a los intereses nacionales de ese país.
Esa medida podría afectar al ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, recién condenado a 20 años de prisión por actos de corrupción.
Para el Secretario de la Presidencia de Nicaragua, Leandro Marín, esta ley refuerza de forma trascendental la lucha de Estados Unidos y de todos los países del continente, que han suscrito convenios para impulsar la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El Presidente de Estados Unidos, George Bush, basó su proclama en “la importancia que tienen las legítimas y transparentes instituciones públicas para la estabilidad del mundo, la paz y el desarrollo”.
Otros factores que advierte la ley sancionada por el presidente Bush, son los efectos negativos que la corrupción de instituciones públicas tienen en los esfuerzos de ese país por promover la seguridad y desarrollar instituciones democráticas y sistemas de libre comercio, “a la luz de la importancia para los Estados Unidos y la comunidad internacional de luchar contra la corrupción”.
Las acciones no sólo se tomarán contra los funcionarios señalados de apropiarse de bienes del Estado u otra forma de corrupción, sino que es extensiva a la esposa, hijos y personas que dependan de las personas cuestionadas por malos manejos, por lo que no se descarta que hasta se les pueda retirar la residencia que ostenten algunos de ellos.
Se menciona, además, a los que causaron interferencia con el sistema judicial, electoral u otros procesos públicos que tengan o hayan afectado los intereses nacionales de Estados Unidos.
MARÍN: “ES UNA POTESTAD DE EE.UU.”
La medida da la autoridad al Secretario de Estado para decidir, “según su solo criterio”, quién será sujeto a la prohibición de entrada en el país, pero no detalla los procedimientos que serán implementados, o si habrá forma de apelar la decisión.
El Secretario de la Presidencia, Leandro Marín, comentó que es una potestad soberana de Estados Unidos aprobar proclamas de esa naturaleza, y que no es más que una continuidad a la Ley Patriótica, implementada antes.
No se descarta que la medida afecte a una serie de ex funcionarios que en este momento enfrentan procesos judiciales, acusados por malversación de caudales públicos.
Para otros, es evidente que la medida afectará al ex presidente Arnoldo Alemán y miembros de su familia, los que tendrán restringido el ingreso a Estados Unidos, además de algunos diputados cuya función pública es muy cuestionada.
SURGEN CRÍTICAS
Sin embargo, algunos expertos citados por la agencia de noticias EFE, alertan que la medida puede ser caprichosa, ya que la decisión podría convertir en ciudadanos non gratos en Estados Unidos a una larga lista de políticos y funcionarios latinoamericanos y sus familiares que hayan aprovechado el cargo público para su enriquecimiento personal.
Indican que es posible que la negación del visado sea realizada “de forma arbitraria” por la Casa Blanca, según advierte Susan Rose-Ackerman, profesora de jurisprudencia de la Universidad de Yale, y autora de varios libros referidos al tema.
“Es bastante peligroso que Estados Unidos pueda dar o quitar el visado por una vía discrecional sin el debido proceso”, coincidió Valeria Merino, directora ejecutiva en Ecuador, de Transparencia Internacional, la Organización No Gubernamental más importante en el combate de la corrupción.
Merino afirmó en una entrevista telefónica con EFE, que en América Latina, a veces, algunos políticos acusan de corrupción a sus adversarios, sin fundamento para desprestigiarlos, por lo que es fundamental, a su juicio, que la medida sólo se aplique a las personas sentenciadas “en firme” por el delito.
Si se restringe a estos casos, la medida podría constituir un mecanismo más ágil para la expulsión de EE.UU. de funcionarios extranjeros corruptos, que el proceso judicial de la extradición, pero no aportaría mucho más a la lucha anticorrupción, según los analistas consultados.
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