Sin duda que los nuevos miembros de la Junta Directiva Nacional tienen derecho a sustituir al personal de apoyo que tenían sus predecesores, con personas de su propia confianza. Y en esto se incluye al asesor jurídico o legal del presidente de la Asamblea, quien nombró para ocupar ese puesto al abogado defensor del ex presidente Arnoldo Alemán, procesado por corrupción y condenado en primera instancia a 20 años de presidio.

Este nombramiento es legal, obviamente, pero también es éticamente incorrecto. Y es lamentable que lo sea, pues el presidente de la Asamblea Nacional y todos los altos funcionarios de las instituciones públicas, están obligados a considerar y evitar los conflictos de intereses, no sólo los evidentes y flagrantes sino también los posibles y potenciales.

Tal es, precisamente, el caso del nombramiento del abogado defensor del ex presidente Arnoldo Alemán como asesor jurídico personal del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, cuya incompatibilidad ética es obvia e indiscutible. Esto, en cualquier país del mundo donde existe de verdad el Estado de Derecho y los líderes políticos cuidan su reputación y respetan a los ciudadanos, es causa de destitución del funcionario que hace semejante nombramiento. Sin embargo aquí estas situaciones son vistas como nimiedades porque se ha institucionalizado el relativismo ético en la sociedad y en el ejercicio del poder.

En realidad, en Nicaragua se han invertido las reglas jurídicas fundamentales de manera que los funcionarios consideran que pueden hacer todo lo que no esté expresamente prohibido por la ley —y a veces también lo prohibido—, siendo que el principio de derecho público es al revés, o sea que el funcionario sólo puede y debe hacer aquello para lo que está legalmente autorizado. Además, se menosprecia como “legalismo ético” cualquier demanda que haga la opinión pública de probidad administrativa y respeto a la ética del servicio público. Inclusive el presidente Enrique Bolaños, que ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los estandartes de su gobierno, trastabilló penosamente al no querer renunciar a su pensión de ex Vicepresidente —a pesar de que renunció al cargo para conseguir otro más importante y mejor remunerado— con el pretexto de que dicha pensión es legal.

Al parecer el defensor de Arnoldo Alemán fue nombrado como asesor legal del nuevo presidente del Poder Legislativo, para demostrar que de nuevo aquél manda y dicta sus reglas en la Asamblea Nacional. Además, ese nombramiento confirma la advertencia de numerosos analistas políticos, en el sentido de que la recuperación del control de la Asamblea Nacional por parte del PLC, gracias al apoyo del presidente Enrique Bolaños y a los buenos oficios mediadores de la Embajadora de Estados Unidos, no garantiza que se vaya a ejecutar este año una agenda legislativa de verdadero interés nacional, pero en cambio le asegura a los arnoldistas la magnífica oportunidad de liberar y exonerar de cargos a Arnoldo Alemán que ahora está condenado a presidio y confinado en El Chile.

Es decir, que en el caso de que no haya un nuevo pacto libero-sandinista, y si los magistrados que siguen las orientaciones del FSLN confirman la sentencia contra el ex presidente Alemán, los arnoldistas y sus aliados parlamentarios intervendrían para anular la condena y borrar los cargos, por medios legislativos.

Pero el nombramiento del abogado defensor de Alemán como asesor del presidente de la Asamblea Nacional tiene también un sentido económico, que no es despreciable, pues ahora la defensa del célebre presidiario será pagada con fondos del presupuesto del Poder Legislativo, o sea con dinero de los nicaragüenses que trabajan, producen y pagan los impuestos con los que se financian todas las instituciones, funcionarios y empleados del Estado.

Se conoce que la transparencia, aplicada al ámbito del poder público, significa que todos los funcionarios y ante todo los de primer nivel y mayor responsabilidad deben actuar con claridad, de acuerdo a principios y normas éticas y en forma visible para todos. De modo que si en la Asamblea Nacional hubiera transparencia, su presidente reconsideraría ese escandaloso nombramiento. O al menos le exigiría a su nombrado que abandone la defensa de Arnoldo Alemán, que no es un simple ejercicio profesional sino también un serio compromiso político y moral.

Legal pero no ético