Investigación floja en caso Agroinsa
Jorge Loaisiga Mayorga
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La Fiscalía General de la República no podrá, en este momento, acusar a los socios de Agroindustrial Azucarera SA (Agroinsa) porque en el conclusivo de las investigaciones, presentado por la Policía Nacional el pasado 22 de diciembre, “no concluyen nada”, afirmó el Inspector General del Ministerio Público, Miguel Robelo Ramírez.
“Uno de los vacíos es que la Policía no dice en qué concluyó. No concluye nada. No perfilaron las cosas. No ilustraron sobre el caso”, expresó el Inspector General de la Fiscalía.
“En este momento no se puede formular ninguna acusación. Creemos que sería una acusación muy expuesta, muy atrevida, débil. El caso, tal como nos lo ha presentado la Policía, yo en lo personal considero que está sostenido sobre hilos muy débiles”, razonó Robelo.
Por esa razón, indicó Robelo, las diligencias que había remitido la Policía a la Fiscalía serán devueltas a la Dirección de Auxilio Judicial, para que éstas sean ampliadas y se ilustre mejor a la Fiscalía sobre el caso.
La Comisión que analiza el caso (integrada por los procuradores Iván Lara y Carolina Vásquez, la Fiscal Departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, el subcomisionado Marvin Ordoñez, segundo jefe de Auxilio Judicial y Robelo) “ha decidido devolver el expediente a la Policía”, expresó Robelo.
El funcionario del Ministerio Público dijo que las nuevas diligencias de la Policía no deben durar más de 20 días y que les dará un plazo equivalente a esa cantidad de días, para que completen las investigaciones.
Dijo que necesita ampliar las entrevistas que hicieron los investigadores policiales; mejorar la documentación solicitada a los registros públicos; solicitar una colaboración especial a la Cancillería para que ayude a definir la legitimidad de algunas autenticaciones que se hicieron en Londres sobre unos poderes otorgados al señor Edgard Chamorro Cuadra; y solicitar al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, información de otros poderes que fueron otorgados a Edgard Chamorro Cuadra y que fueron autenticados ante los oficios notariales del doctor Gonzalo Meneses Ocón.
“Hay mucha coincidencia entre los poderes que fueron autenticados por el doctor Gonzalo Meneses Ocón y los poderes otorgados en idioma español en Inglaterra a Edgard Chamorro Cuadra. Son coincidencias en el tipo de redacción, no el fondo del documento. Pensamos que la Policía debe ampliar sus investigaciones. El Ministerio y esta Comisión va a puntualizarles sobre qué va a incidir esa ampliación”, reiteró Róbelo.
De acuerdo a documentos presentados por la Procuraduría ante la Policía Nacional, la sociedad Nouveau Latin America Limited fue disuelta el 11 de junio de 1999, pero en marzo de 2003 Agroinsa seguía negociando en nombre de ésta ante la junta directiva de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap).
“Lo que ha considerado la gente del Gobierno, el señor presidente y la Procuraduría es que se estuvieron manejando poderes, aún cuando la compañía estaba extinguida. Eso, mis queridos amigos, es objeto de la materia civil. No me quiero atrever a dar ningún señalamiento”, expresó Robelo.
PROCURADURÍA: ES ESTAFA
La Procuraduría General de la República (PGR), denunció en julio pasado, ante la Policía Nacional, una supuesta estafa contra el Estado de Nicaragua.
La denuncia incluye a todos los socios de Agroinsa y los de la empresa Nouveau Latin America Limited, sociedad que en 1993 adquirió el Ingenio Victoria de Julio y que luego pasó a manos de Agroinsa.
Esta sociedad, según datos oficiales, debe al Estado de Nicaragua 29 millones de dólares por una deuda con la Corporación Nacional de Administración Pública (Cornap), por la adquisición del Ingenio azucarero.
La PGR señala en la denuncia que Nouveau Latin America Limited es una sociedad irlandesa, creada en marzo de 1993, que fue disuelta en junio de 1999, según certificación de la Oficina de Registros de Compañías de Irlanda.
Agrega que la sociedad nunca estuvo inscrita en el Registro Público Mercantil de Managua y que Agroinsa y sus socios aún presentan escritos (marzo del 2003), arrogándose la representación de una sociedad inexistente, y por tanto cometen el delito de estafa.
LOS INVESTIGADOS
La solicitud presentada de investigación por el delito de estafa, fue extensiva a Bernardo Chamorro Cuadra, Sheridan Ralph, Hazel Gill, Patric Jean Pierre Schwartz, Nicolás Nouveau, José Bárcenas Levy, Orlando Argüello Downing y Juan Diego López Escorcia, entre otros.
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