El potencial de la Asamblea Nacional
Es muy probable que los mismos integrantes del Poder Legislativo, o sea los diputados a la Asamblea Nacional, no sean conscientes de la gran oportunidad que tienen de ser los artífices de la renovación institucional democrática que está necesitando Nicaragua de manera apremiante.
La Asamblea Nacional goza de una apropiada situación de independencia con respecto al tradicionalmente subyugante Poder Ejecutivo, y no tanto porque la Constitución (artículo 129) establece la autonomía de los poderes del Estado sino porque el actual Poder Legislativo es políticamente opositor al Gobierno del presidente Enrique Bolaños.
Como se sabe, la democracia, para que pueda funcionar apropiadamente tiene que fundarse en el principio y la práctica de la separación e independencia de los poderes públicos. Así es en términos generales, y con mucha mayor razón en un país como Nicaragua, donde por incultura política y tradición el poder siempre se ha personalizado y concentrado en pocas manos, inclusive en las de una sola persona que actúa de manera autoritaria aún cuando el Gobierno se denomine democrático.
La verdad es que, como muy bien lo advirtió Montesquieu en El Espíritu de las Leyes: “No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación… ni la virtud puede ser ilimitada”. Y precisamente por eso, ninguna persona o institución deben tener todo el poder ni la potestad de dominar a otro.
La República de Nicaragua se fundó en el principio de la separación e independencia de los poderes públicos y sobre esa base se redactaron todas las constituciones que desde entonces ha tenido el país, incluyendo la actual, llamada “sandinista” porque se dictó en 1987, bajo el régimen del FSLN, pero fue reformada sustancialmente en 1995, después del advenimiento de la democracia.
Sin embargo, a lo largo de la historia republicana los titulares del Ejecutivo casi siempre dominaron también al Poder Legislativo, ya fuera porque el mismo partido político ganó las elecciones presidenciales y legislativas, o porque los diputados de partidos distintos al del Presidente sucumbieron ante las presiones y los “cañonazos” (prebendas y sobornos) que éste les ofreció.
Actualmente, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aunque ganó tanto las elecciones presidenciales con la candidatura de Enrique Bolaños, como la de diputados a la Asamblea Nacional, este partido se declaró en oposición al Gobierno. De manera que los dos partidos opositores (PLC y FSLN) suman más de ochenta diputados sobre un total de 92 que tiene formalmente el Poder Legislativo.
Algo parecido ocurrió durante el Gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, pues a pesar de que la UNO ganó las elecciones presidenciales y legislativas de 1990, después se declaró en oposición al Gobierno. Y a pesar de la política de “cañonazos” y de cogobierno con el FSLN que se practicó en el período 90-97, se pudo avanzar en la institucionalización del sistema de gobierno basado en la independencia de poderes, gracias a la reforma constitucional democrática de 1995.
Lamentablemente los caudillos del PLC y el FSLN, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, revirtieron los avances democráticos mediante el pacto libero-sandinista de 1999 y la contrarreforma del 2000, y las instituciones de la República fueron pervertidas y subordinadas a los intereses de los dos partidos mayoritarios.
Si embargo, la tendencia hacia la democracia es porfiada y otra vez los poderes Legislativo y Ejecutivo son independientes entre sí, pues aunque la Asamblea Nacional depende de los dos caudillos no obedece al dictado de la Presidencia de la República. Y esto significa una nueva oportunidad para reencauzar el país hacia la construcción de una verdadera democracia basada en la independencia de la justicia, el Estado de Derecho y la transparencia de la administración pública, que sin duda es lo que más necesita el país para desarrollarse y prosperar.
Y ahora que el Poder Ejecutivo va a proponer las reformas institucionales que ofreció el presidente Bolaños el cinco de diciembre recién pasado, los diputados liberales y sandinistas tendrán la oportunidad de demostrar si tienen capacidad y disposición de responder a los intereses de la nación, no a los de los caudillos obsoletos y corruptos. O sea si están dispuestos o no a aprobar las reformas para sanear las instituciones pervertidas precisamente por el partidismo, el caudillismo y la corrupción.
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