Nuevamente el diálogo nacional está en el centro de las expectativas de la sociedad nicaragüense. Una vez más, en medio de la crisis se espera, a través de verdaderos acuerdos políticos, ver la luz después del túnel y obtener la estabilidad necesaria. De nuevo el país transita el difícil y conocido camino entre la esperanza y la desilusión, entre la búsqueda y el temor.

No es para menos, el último diálogo nacional, el de 1997, cuya duración fue de casi seis meses, alcanzó 111 acuerdos, 110 por unanimidad y uno por mayoría, de los cuales, a pesar del carácter vinculante que se pretendía otorgarles, prácticamente ninguno fue cumplido por las autoridades de entonces. 57 organizaciones entre poderes del Estado, partidos políticos y entidades de la sociedad civil, participaron con singular dedicación durante todo ese tiempo.

El Frente Sandinista, que reclamaba un diálogo bilateral con el partido de Gobierno, el PLC, no participó, pero logró a través de negociaciones bilaterales algunos acuerdos entre los que cabe mencionar el de la propiedad, que fue elevado a la categoría de ley por la Asamblea Nacional, pasando por alto los acuerdos sobre este tema a los que se había llegado en el diálogo.

Fueron las preparatorias del pacto de 1999, los primeros pasos del diseño del Estado, la sociedad y las leyes consagrados luego en la reforma constitucional del 2000, de la misma manera como ahora se pretende que el pacto del 2004 sea elevado a la categoría de reforma constitucional en el 2005, sin perjuicio de las otras leyes, que no son de rango constitucional, que completan el plan.

La verdad, es que al menos desde 1999, hay una estrategia del FSLN orientada al diseño jurídico, político e institucional, de la cual forman parte las medidas adoptadas en este momento: nuevas leyes, creación de nuevos órganos del Estado bajo el control de la Asamblea, reformas a la Constitución que cambian las bases del sistema político, y repartición de viejos y nuevos cargos en la estructura del Estado.

El PLC, atrapado en el tema de la libertad de su líder, ha participado de esta estrategia con un doble propósito: el de obtener la libertad del doctor Arnoldo Alemán y, el de usufructuar los beneficios de la repartición de cargos en el Estado.

En estas condiciones la participación en el diálogo es sumamente difícil para el Ejecutivo, léase para el Presidente de la República, porque está arrinconado por el conjunto de medidas adoptadas por la Asamblea, porque tiene poco que ofrecer en el intercambio de costos y beneficios que la visión pragmática y calculadora de sus interlocutores seguramente calcula y exige y, finalmente, porque está en minoría frente a los dos protagonistas del pacto, cuya estrategia y diseño, como ya vimos, viene, al menos, desde 1999.

Sin embargo, el diálogo es absolutamente necesario, principalmente para el país, pero también para el propio Presidente de la República. Esto lo saben perfectamente los dos caudillos, los que desde ahora han comenzado a hacer sentir su peso político al no asistir a la convocatoria que el Presidente hizo para el pasado viernes 17 de diciembre. No rechazan el diálogo, pero para concurrir a él van a poner sus condiciones desde el momento mismo de la instalación.

Pero más allá de estrategias y estratagemas, por encima de intereses personales o de grupo, están, ante todo, los intereses de Nicaragua. El sentido del diálogo es que éste culmine en una concertación en donde estén establecidas las bases del nuevo Contrato Social nicaragüense, el que luego deberá reflejarse en la Constitución y en el sistema legal. Por ello el diálogo debe tener, al menos, dos etapas: la primera, entre la Presidencia y los partidos políticos; y la segunda, entre éstos y los sectores más representativos de la sociedad civil.

Se trata de construir la Nicaragua del consenso, la que surge de la unidad de nuestras diferencias. No la Nicaragua homogénea ni tampoco la Nicaragua caótica y confrontativa, la del maniqueísmo que niega lo que no reproduce la propia imagen y deseos, sino la Nicaragua plural y múltiple en la que todas las expresiones políticas tienen un espacio legítimo.

El diálogo nacional