Esta semana se presentó en Chile un informe gubernamental sobre las torturas y otros crímenes contra los derechos humanos que fueron cometidos por la dictadura derechista del general Augusto Pinochet, en el período del 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990.

De manera significativa, la presentación de este informe que fue hecha personalmente por el Presidente (socialista) de Chile, Ricardo Lagos, coincidió con una declaración del Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en la que reconoció que la institución militar había cometido graves violaciones de los derechos humanos.

En realidad, no es la primera vez que en Chile se hace una investigación sobre los crímenes políticos de la dictadura pinochetista. En 1991 se conoció el Informe Rettig, que registró los casos de violaciones de derechos humanos que tuvieron como consecuencia la muerte de las víctimas. Sin embargo, el último informe —el que se presentó esta semana— es mucho más amplio y conclusivo.

Seguramente que este informe servirá de base para la indemnización estatal a las víctimas de la dictadura militar. Además, su publicación permite a las fuerzas políticas de derecha —que ahora están en la oposición— establecer un punto de redefinición con respecto al desaparecido gobierno del general Pinochet, al que siempre habían defendido pero del que ahora están tomando una clara distancia. Inclusive, ya antes de conocerse este informe los partidos de derecha venían distanciándose del antiguo régimen, sobre todo desde que se conocieron las evidencias de que Pinochet habría aprovechado el poder también para enriquecerse personalmente. Y además, a la derecha le conviene desvincularse del ex dictador, al acercarse las elecciones del próximo año en las que aspira a derrotar a la izquierda que detenta el poder desde 1990.

Se comenta por otra parte que el nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura derechista demuestra el avance de la justicia chilena, que ya había dado un paso muy importante al acoger como válida legalmente la detención del general Pinochet en Londres, en 1998, e iniciar su enjuiciamiento en Chile.

Finalmente, la aparición de este informe crea un clima político más favorable a la aprobación de una sustantiva reforma constitucional, que es apoyada tanto por la izquierda como por la derecha y el centro político del país, a fin de establecer con absoluta precisión la supremacía de la autoridad civil sobre el poder militar, y suprimir los privilegios políticos para los militares que fueron pactados con Pinochet a cambio de que éste entregara el Gobierno después de su derrota en el plebiscito de 1989.

Por todo eso el informe antes mencionado ha sido valorado internacionalmente como “un importante salto cualitativo en la consolidación de la democracia chilena”. Pero este “salto de calidad” de la democracia chilena es consecuencia o parte de un tenaz movimiento de la opinión pública, y ante todo de la combativa izquierda chilena, en demanda de justicia para las víctimas de la dictadura militar derechista y para que los crímenes de ésta no queden en la impunidad. Y de la misma manera, en otros países suramericanos que también sufrieron crueles dictaduras militares de derecha, como Argentina, Uruguay y Brasil, la izquierda se moviliza para que se haga en ellos justicia igual que ya se está haciendo en Chile.

Pero, ¿por qué ese “salto de calidad” de la democracia sólo se da en los países que sufrieron dictaduras de derecha? ¿Por qué no se exige la misma justicia donde se sufrió una cruel dictadura de izquierda, como fue el caso de Nicaragua? Por ejemplo, ¿acaso el asesinato del líder empresarial nicaragüense, Jorge Salazar, quien fuera ejecutado por la dictadura izquierdista sandinista, no es tan condenable como el asesinato del general democrático chileno Carlos Pratt ordenado por la dictadura derechista de Pinochet?

Desgraciadamente aquí el “salto de calidad” se está dando, pero hacia atrás: con los sandinistas apoderándose de todas las instituciones democráticas, amenazando con restaurar su dictadura de izquierda y atacando la libertad de expresión y de información. Y lo peor de todo es que lo están haciendo con la complicidad de políticos que se dicen “democráticos”, como son los del PLC.

Un “salto cualitativo”