Ahora van contra la libertad de prensa
La libertad de expresión y de prensa, y los medios de comunicación independientes, aunque golpeados dolorosamente por medio de asesinatos cuyo origen es fácilmente identificable, representan la única institución democrática de Nicaragua que los partidos pactistas no han podido destruir, quebrantar ni corromper. Estos medios son, por lo tanto, el único recurso que ha tenido la ciudadanía honesta para repudiar el atropello que las cúpulas pactistas del FSLN y el PLC han hecho y continúan haciendo contra la institucionalidad democrática de Nicaragua.
Por eso no ha sido una sorpresa para nosotros la nueva iniciativa de reforma constitucional libero-sandinista, que presentaron furtivamente el martes recién pasado, con el objetivo de suprimir la exención de impuestos a los medios de comunicación que está garantizada en el artículo 68 de la Constitución.
Cabe señalar que la exención de impuestos a los medios de comunicación social es una conquista que se logró desde el tiempo del somocismo. Se estableció ya en la Constitución de 1950 y lo mismo se hizo en la norma constitucional de 1974. Pero el régimen sandinista no la reconoció en la Constitución de 1987, pues por su naturaleza totalitaria el gobierno del FSLN fue un enemigo feroz del derecho inalienable e incondicional a la libertad de expresión y de información.
Sin embargo la exención de impuestos a los medios de comunicación fue restablecida y ampliada en la Carta Magna de la República mediante la reforma constitucional de 1995, por voluntad de una mayoría formada por diputados de la UNO y disidentes democráticos del partido sandinista, pero con la oposición cerrada de los representantes del FSLN que es el peor enemigo de la libertad de expresión y de prensa que ha habido en toda la historia de Nicaragua.
El propósito de esa disposición constitucional de 1995 era, lógicamente, fortalecer las condiciones materiales para la independencia de los medios, protegerlos de las presiones fiscales e impositivas a las que suelen recurrir algunos gobiernos y gobernantes.
Por supuesto que todos los medios de comunicación social apoyamos aquella reforma constitucional. Y al respecto LA PRENSA se basó también en el principio número 7 de la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Prensa, que textualmente dice lo siguiente: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas”.
De manera que no es sorprendente que la cúpula totalitaria del FSLN presente ahora una propuesta de reforma constitucional para suprimir ese mecanismo de protección a la independencia de los medios de comunicación social, ahora que —el sandinismo— está recuperando todo el poder gracias a la claudicación de la cúpula del PLC, que ha entregado todo el bagaje democrático que pudo haber tenido a cambio de la libertad de su corrupto caudillo.
Pero la ciudadanía nicaragüense debe comprender que este ataque de los pactistas no es únicamente contra LA PRENSA, ni es sólo por la envidia que les produce el hecho de que Editorial LA PRENSA S.A. sea una empresa notablemente exitosa gracias a su profesionalismo, principios éticos, compromiso con la verdad y la justicia, primera calidad y excelente conducción gerencial. Y sobre todo, porque es una empresa construida a base del trabajo esforzado y honrado, no como fruto del robo ni del saqueo del Estado, llámese piñata sandinista o huaca pelecista.
El ataque es contra el derecho a la libertad de expresión y de información de todos los nicaragüenses, pues los totalitarios saben que sin una prensa independiente no es concebible la democracia. Pero el derecho a la libertad de expresión y de prensa no es patrimonio de ningún medio o empresa de comunicación social, ni de los periodistas, sino que pertenece y beneficia a todas las personas y a toda la sociedad. Los diputados sandinistas saben esto muy bien y por eso quieren suprimir o por lo menos restringir la libertad de prensa. Los diputados liberales también deben saberlo. Y aún están a tiempo de rectificar.
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