En 1927, cuando llegó a Nicaragua Henry L. Stimson, delegado personal del presidente norteamericano Calvin Coolidge para lograr la pacificación del país y consecuentemente retirar a los “marines”, aquél comprendió que mientras hubiese desconfianza en el proceso electoral y no existiese un ejército nacional apartidista, habría guerras civiles. Esas dos circunstancias se comprueban al revisar las numerosas leyes electorales que se han emitido a lo largo de la historia política del país: 1838, l858, 1894, 19l0, l9l3 1923(Ley Dodds), 1926 (Ley McCoy) 1950, 1971, 1984 y l988. Por otra parte, en Nicaragua se han fundado no menos de media docena de ejércitos —que han pretendido ser nacionales— entre regulares e irregulares.

De ahí que Stimson tomó en 1928 dos medidas: una, actualizar la ley que había sido elaborada en 1923 por el perito en materia electoral, Harold Dodds, imponiendo como presidente del Consejo Electoral a Frank E. McCoy, general de brigada estadounidense, para darle una garantía de imparcialidad a los comicios en los cuales participaría como candidato el general José María Moncada, quien había rendido sus armas; y la otra, convenir la fundación de la Guardia Nacional, que debía ser apolítica. Lo cierto es que ninguna de esas dos medidas sobrevivieron al marcharse los marines el 1 de enero de 1933, cayendo ambas instituciones en poder del futuro dictador Anastasio Somoza García. Esa partidarización de las instituciones, debida a la falta de sentido nacional, ha causado y sigue produciendo grandes quebrantos.

Felizmente, a partir de 1990 Nicaragua tuvo consecutivamente tres elecciones nacionales libres, eficientes y honestas, y cuenta con un ejército que, aunque tuvo un origen partidario, está tratando de olvidar su pasado y de profesionalizarse. No obstante, aún le falta reconocer el lugar prioritario a su autoridad civil inmediata, el Ministerio de Defensa, y abstenerse el jefe del ejército de emitir juicios de valor sobre la situación política interna.

Por otra parte, los pactos habidos entre el PLC y el FSLN convirtieron al Consejo Supremo Electoral (CSE) en cuotas de poder. Valiéndose de que el CSE es un poder autónomo, derrochan mucho dinero, suspenden labores y malgastan tiempo, de allí que exista un fuerte movimiento para reformar la actual Ley Electoral. En efecto, una comisión respaldada por veinte organizaciones cívicas propone una serie de válidas y oportunas recomendaciones para modificarla, con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Este proyecto de reforma abarca tres campos: transparencia, igualdad, eficiencia y ahorro de gastos innecesarios; su propósito, profundizar la democracia.

Las más importantes y urgentes de las reformas propuestas son: 1) Que los miembros de los consejos electorales departamentales y juntas receptoras de votos sean escogidos aleatoriamente, entre listas presentadas y no por propuestas específicas de los partidos. 2) Disminuir significativamente los costos, eliminando los consejos municipales y creando, en cambio, unidades administrativas. En consecuencia, los miembros de las juntas receptoras de votos serían nombrados por las juntas departamentales. 3) Permitir que las juntas receptoras de votos acepten hasta 800 votantes, y 400 en zonas rurales. 4) Disponer de fiscales con mayores funciones, entregándoles en tiempo y forma sus credenciales para no atrasar. 5) Establecer un patrón electoral con fotos para mejor identificación del votante. 6) Suprimir el voto por acreditación. 7) Que los partidos envíen delegados con voz, pero sin voto a las sesiones del CSE, y que éste sesione públicamente cuando tenga que dilucidar conflictos. 8) Procurar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 9) Flexibilizar la constitución de partidos políticos, aceptando hasta un 50 por ciento de municipalidades organizadas, lo mismo que la formación de alianzas y asociaciones de suscripción popular. 10) Que terminadas las alianzas, conserven los partidos participantes sus personerías jurídicas. Y, finalmente, una estricta rendición de cuentas de los partidos y alianzas sobre financiamientos recibidos, públicos o privados.

Con voluntad política, trabajo y energía, de aquí a noviembre se podrían aprobar esas reformas, después de una amplia discusión que despejaría la incertidumbre que actualmente existe, por maniobras burdas como la prisión de un candidato a alcalde en el municipio más importante de Nicaragua.

Reformas a la Ley Electoral