Otra “bomba judicial”
 |
Corte ordenaría al Estado pagar US$8.9 millones a dueños de Yesera por “lucro cesante” mientras estuvo nacionalizada |
|
Presidente de la Corte niega que orden esté lista, pero confirma que hay un proyecto de sentencia |
Jorge Loáisiga Mayorga
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendría lista una sentencia que ordena al Estado de Nicaragua pagar 8.9 millones de dólares a Luis Raúl Cerna Argüello, representante de la sociedad Yesera Centroamericana Guadalupe, S.A., ratificando una sentencia de la ex Juez Primero de Distrito Civil de Managua, Yelba Aguilera y rechazando un Recurso de Casación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo la Presidenta de la CSJ, Yadira Centeno, negó que la sentencia esté lista, aunque reconoció que existe un proyecto de sentencia sobre el caso, pero aún no lo han visto.
La sentencia de la CSJ a favor de Cerna o Yesera Centroamericana Guadalupe, se sumaría a los fallos judiciales que han sido bautizados popularmente como “bombazos judiciales”, y que a criterio de algunos juristas son “aberraciones jurídicas que lesionan los intereses del Estado”, lo cual ha producido roces entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Centeno no quiso confirmar o negar que el contenido del proyecto de sentencia que circula entre los magistrados es favorable a Cerna, aduciendo que las sentencias se dan a conocer cuando están firmadas por todos los magistrados y son notificadas a las partes. “Se dan a conocer las sentencias en firme, no los proyectos”, expresó.
El vocero de la Corte, Roberto Larios, también negó que la sentencia haya sido firmada por todos los magistrados e igual que Centeno, expresó que después de solicitar información a la Secretaría de la Sala Civil, le informaron que andaba circulando un proyecto de sentencia “que no ha obtenido los votos necesarios”.
Otra fuente precisó que el proyecto de sentencia realmente quedó empatado con cuatro votos a favor y cuatro en contra. En este caso los magistrados sandinistas habrían votado a favor del pago de los 8.9 millones de dólares a Cerna y los liberales en contra.
JUEZ YELBA AGUILERA
La sentencia de la juez Aguilera se remonta al 8 de agosto de 2002, y ordena al Estado pagar 8.9 millones de dólares a los representantes de la Sociedad Yesera Guadalupe.
La judicial alegó en sus considerandos, que la Procuraduría no se personó en el juicio tal como es debido.
Durante el juicio, la Procuraduría no se presentó a la mediación. Posteriormente, se personó mediante escrito del doctor Octavio Armando Picado García, en su carácter de Procurador Civil Nacional, quien presentó certificaciones de nombramiento y toma de posesión del cargo.
Sin embargo, el apoderado judicial de Yesera Guadalupe, José Manuel Domínguez Tovar, alegó en base a la Ley Orgánica de la Procuraduría, que tales certificaciones no eran suficientes, pues debía comparecer al juicio como persona privada, con un poder general judicial otorgado por el Procurador General de Justicia.
En el segundo considerando de su sentencia a favor de Yesera Guadalupe, S.A., la juez Aguilera establece que “el ejecutado, el Estado de Nicaragua, representado por la Procuraduría General de la República, no se personó en debida forma”, es decir, “como persona privada”, de manera que el escrito presentado por la Procuraduría fue tenido “como no opuesto”.
En un plazo de 23 días, la juez Aguilera falló a favor de Luis Raúl Cerna Argüello, representante de Yesera Centroamericana Guadalupe y Agropecuaria, S.A.
El Tribunal de Apelaciones declaró improcedente el recurso de apelación que por la vía de hecho interpuso el abogado Octavio Armando Picado Jarquín, en su calidad de Procurador Nacional Civil.
La Sala Civil del Tribunal de Apelaciones admite libremente el Recurso de Casación en el Fondo interpuesto por el Estado y emplaza a las partes a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia.
Seis meses y 27 días después, el 5 de marzo de este año, la Procuraduría interpuso ante la nueva Juez Primero Civil de Distrito, María Cristina López Huete, un incidente de nulidad absoluta del juicio, en un intento por salvar el juego en que están siendo derrotados.
La juez Yelba Aguilera fue removida de su cargo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siendo trasladada a un Juzgado de Granada.
El ex procurador Francisco Fiallos se quejó ante la CSJ porque la judicial aludida no reconoció a la Procuraduría como legítimo representante del Estado.
CRECE DEUDA INTERNA
Esta nueva deuda del Estado con la Sociedad Yesera Guadalupe, en el orden de los US$8.9 millones, se suma a otra de US$7.5 millones, obligación que tiene el Estado con la familia Cerna y hace parte de la deuda interna financiada con el dinero de los contribuyentes.
El Estado de Nicaragua paga con bonos del Tesoro, en 19 cuotas semestrales, con mantenimiento de valor y un interés del ocho y medio por ciento sobre saldo anual, en cumplimiento de otras dos sentencias judiciales. El pago es por la indemnización de ganado y tierra expropiada en Chontales a los Cerna.
La nueva deuda por US$8.9 millones tendrá validez en dependencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre el Recurso de Casación interpuesto por la Procuraduría.
Según la sentencia de la juez Yelba Aguilera, a través de diferentes documentos el Estado ha reconocido que se debe indemnizar a los propietarios de Yesera Guadalupe, S.A., por el yeso que dejaron de explotar el tiempo que la mina permaneció nacionalizada y en poder del Estado.
En cambio, la Procuraduría sostiene que tanto las acciones de la sociedad como el yeso fueron nacionalizados, perteneciendo ahora al Estado, por tanto, la demanda judicial por el pago del yeso no tiene asidero legal.
Anteriormente, los representantes de Yesera Guadalupe fueron indemnizados con bonos por los terrenos y la maquinaria de la mina de yeso que les perteneció hasta 1979, cuando ésta fue nacionalizada. Ahora esperan ser indemnizados por el yeso de la mina. También obtuvieron una concesión del Estado para la explotación durante cincuenta años de la mina de yeso que alguna vez fue de su propiedad.
COBRAN LUCRO CESANTE
Según Cerna, el Estado debe indemnizarles por los once millones de toneladas métricas que dejaron de explotar el tiempo que la mina estuvo nacionalizada.
El cálculo de Cerna se basa en un estudio de geólogos italianos de la firma del doctor L. Zoppis Bracci, realizado en 1959, y fue tomado como verídico por la juez Aguilera.
Cerna también se apoya en una carta de cobro de impuestos por parte del Ministerio de Economía a Yesera Guadalupe, S.A., que tiene la mina de yeso en su poder, gracias a una concesión del Estado.
En dicha carta, el Gobierno afirma que por cada tonelada métrica explotada los Cerna deben pagar US$0.817532 en impuestos.
Sin embargo, en una aritmética inusual, Cerna multiplica los US$0.817532 que se les cobra en impuestos por tonelada métrica, por los once millones de toneladas de yeso que habría en la mina, según el estudio geológico de 1959. El resultado de la operación son los US$8.9 millones que ahora reclaman.
Esta operación aritmética es cuestionada por la Procuraduría, pues a su juicio la juez debió nombrar un perito que hiciera un nuevo estudio geológico, para saber cuánto yeso había en la mina en 1979 y cuánto hay en la actualidad.
¿ARREPENTIDOS?
Según una fuente, existe un empate en la Sala Civil alrededor de la sentencia. Cuatro magistrados liberales se oponen a la indemnización y los cuatro magistrados sandinistas la apoyan, a pesar que Yesera Centroamericana Guadalupe fue nacionalizada por el gobierno sandinista mediante el decreto 137 del 2 de noviembre de 1979.
|
