Opinión económica
Cooperación internacional y gobernabilidad
José Antonio Poveda Salvatierra*
El discurso político se caracteriza por una buena dosis de promesas que alimentan las esperanzas de la población. Es la ilusión del gobernante y la necesidad de atraer votos por parte de los candidatos. La realidad, sin embargo, impone restricciones y los gobiernos no pueden cumplir lo que prometieron los candidatos y los partidos durante sus campañas. Es más, en nuestro país se asignaron muchas tareas sin dinero y, paradójicamente, hay mucho dinero sin tareas. También ocurre que existe una tensión entre el régimen democrático que tiende a incluir a la gente y el sistema económico que la excluye. Se ha demostrado que la relación entre crecimiento e igualdad es mucho más débil que la que existe entre educación e igualdad.
En Nicaragua se vive un conflicto permanente, resultado de la confrontación de las necesidades de solución a los problemas sociales de desempleo, pobreza, exclusión, inseguridad y las ofertas reales del Gobierno. Esto se ahonda por el entusiasmo que genera la alternancia en el poder de diversos partidos políticos, los gobiernos de coalición que surgen y la mejoría considerable de los instrumentos electorales.
El incremento de una cultura de violencia ha alentado la criminalidad, la corrupción y la impunidad, afectando así a las instituciones de seguridad y justicia.
Los cooperantes de Nicaragua que integran la mesa global de donantes, expresan en el documento del 6 de abril del presente año lo siguiente:
“Manifiesta su preocupación por la fragilidad frente a crisis políticas coyunturales de las instituciones que conforman el sistema democrático”.
“En ese contexto, los integrantes de la mesa global de donantes alientan a los actores de la sociedad nicaragüense a sumar esfuerzos para lograr consensos en los temas citados anteriormente, anteponiendo el interés nacional de largo plazo a los intereses sectoriales o partidarios de corto plazo. La sociedad nicaragüense ya ha demostrado su capacidad para llegar a consensos durante una transición compleja, que debe ser completada lo más pronto posible con el fortalecimiento del estado de derecho institucionalizado”. (Documento con fecha de emisión del 6 de abril, 2004).
Los programas para luchar contra la pobreza tienen resultados desalentadores y son cuestionados por su anacrónico sentido asistencial. El crecimiento económico ya no se traduce de manera automática en generación de empleo. Ello plantea un reto regional para buscar las formas para dar un viraje cualitativo y cuantitativo a los problemas de pobreza, desempleo y subempleo estimulando la integración entre nuestros países.
La inseguridad ciudadana es el co relato de la incapacidad gubernamental de dar solución a los problemas sociales, que se amplía cuando ocurre un crecimiento lento. Para nuestro país significa, la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la justicia para crear y fomentar confianza y mejorar el desarrollo profesional de la actuación de la Policía y el Poder Judicial de la nación. La principal responsabilidad en materia de seguridad ciudadana corresponde al Estado. Cuando aparece la inseguridad y su impunidad asociada, el fantasma de la ingobernabilidad se hace presente.
El Estado y la sociedad civil y todas las fuerzas de la nación siguen siendo la única instancia que permite la articulación de consensos nacionales, la distribución de bienes sociales y la regulación de mercados que no responden a la realidad de los consumidores. El desarrollo sustentable se asocia a la democratización del Estado y exige el fortalecimiento de su capacidad política, lo que significa orientar las relaciones entre los partidos políticos y los actores sociales, fortalecer la representatividad y arbitrar los conflictos que se plantean en el seno de toda la sociedad.
Con un alto costo político y social hemos hecho un enorme esfuerzo interno para ajustar nuestra economía, con los programas de ajustes del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el sacrificio realizado ha permitido hacer frente simultáneamente al pago del servicio de la deuda e incorporarnos a la iniciativa de países pobres altamente endeudados. De mantenerse esta difícil situación prevalecerán las condiciones recesivas, y nuestras posibilidades de recuperación continuarán siendo precarias. Los procesos de ajuste, que se estimaban de carácter transitorio mientras se reactivaba el crecimiento de la economía internacional y se avanzaba en los propósitos de cambio estructural interno, se han prolongado en el tiempo, amenazando con convertirse en una forma crónica.
* El autor es vicedecano. Facultad de Derecho. UNAN-León. Catedrático de derecho internacional.
vicedecanocjs@unanleon.edu.ni
|
