La formación judicial
Julio Ramón García Vílchez
La capacitación jurídica para profesionales del derecho y la formación específica para funcionarios judiciales es un tema que por su propia especificidad me ha cautivado. La universidad forma abogados que para desempeñarse como jueces tienen que recibir formación especial, independientemente de los esfuerzos personales que cada juez o magistrado debe hacer mediante el estudio para mantenerse actualizados en los cambios que el derecho presenta, en un mundo en que la globalización y los asombrosos adelantos tecnológicos obligan a redefinir los roles del derecho, de la justicia y de sus administradores.
Los términos capacitación y formación se usan indistintamente, aunque no son excluyentes sino complementarios: la capacitación es un proceso en el que, previamente el ingreso a la judicatura, los aspirantes participan en programas específicos que les suministran los conocimientos que les facilitan el ejercicio de las habilidades requeridas por la especificidad del cargo. Y la formación es el esfuerzo generalmente realizado a lo interno del Poder Judicial, para que los jueces, durante el ejercicio de su función reciban el entrenamiento en los conocimientos y habilidades requeridos. Por ello se habla de formación continuada.
Los poderes judiciales se nutren del producto saliente de las facultades de derecho de las universidades, ya que sólo éstas pueden otorgar el grado académico necesario para ejercer la profesión del derecho en sus dos vertientes: la abogacía y el notariado, previa autorización de la Corte Suprema de Justicia. Se critica la formación profesional universitaria por ser demasiado genérica, unidimensional y hasta desvinculada de la realidad nacional, lo cual trae como consecuencia que el aspirante a judicial no adquiera en la universidad los conocimientos suficientes para cumplir con los requerimientos que le exige el ejercicio de su cargo. Sin embargo, no se puede aceptar un criterio tan estricto en ese sentido, puesto que el derecho como ciencia supone una serie de conocimientos que sólo se adquieren en la universidad, por un lado, y por el otro, esos conocimientos deben estar ajustados a la realidad nacional y mundial ya que la ciencia del derecho evoluciona permanentemente y obliga a la universidad a actualizar periódicamente sus pensum académicos.
Las universidades, que son la instancia de donde provienen los jueces y magistrados, necesitan un cambio de actitud para colaborar con el Poder Judicial a enfrentar la situación de que su fuerza laboral profesional (jueces y magistrados) deba estar preparada para ejercer su delicada tarea de impartir justicia oportunamente y con calidad. El Poder Judicial, a su vez, debe dar su aporte para que la formación que los jueces reciben por medio de los órganos de capacitación judicial produzca jueces que no sólo apliquen mecánicamente la letra de la ley desvinculada de la realidad social y cultural del país, sino que esa aplicación se base en una sólida formación y de acuerdo a la realidad tan aceleradamente cambiante.
En este sentido, el Magistrado José de la Mata señala que: “Hoy más que nunca se hace imprescindible relacionar derecho con estructuras sociales; de modo que el juez no sea un analista de la realidad desconectada de ella. El juez no puede reducirse a ser un simple lector de un texto normativo. La huída a la legalidad vigente significa todo lo contrario a la propia configuración del juez en su papel constitucional. El juez tiene que seguir empeñado en dar sentido a la norma conforme a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada”.
En la formación de jueces y magistrados, la universidad y el Poder Judicial tienen que hacer esfuerzos comunes para que quien aspire a juez o magistrado tenga en la universidad un período de formación específica: la de administrador de justicia, que es una función privativa de los judiciales. En algunos países europeos como Francia, España, Holanda y Alemania: “Hay programas de formación para jueces que duran más de dos años y en los cuales se recibe formación judicial mediante estudios de pasantías luego de haber terminado la carrera de leyes”. En nuestro medio tendríamos que diseñar programas especiales que modifiquen los pensum de la carrera de derecho para impartir esa capacitación previa en beneficio de quienes aspiren a desempeñar el cargo de jueces.
Para lograr esta formación previa se plantean dos variantes. Una sería lograr la formación previa dentro de la fase de adquisición de la licenciatura en derecho, ubicando la capacitación previa especial para jueces al final de la carrera. Es decir la carrera de derecho —o de leyes como se le llama también, pero equivocadamente, ya que no sólo se estudian leyes sino el derecho como ciencia, que comprende más que los textos de las leyes—, podría tener un tronco común de 3 ó 4 años y luego diversificarse y en los dos últimos años poner énfasis en administración de justicia, lo mismo que en otras materias específicas.
La otra variante sería diseñar un programa ad-hoc o de postgrado en el cual una vez que el estudiante con aspiración de juez ha obtenido su grado de licenciado en derecho continúe un año o dos recibiendo especialización en administración de justicia. Así tendríamos abogados especializados en administración de Justicia que serían los futuros jueces. “Poco logramos con la modernización normativa, con el mejoramiento de la infraestructura y el dotar al juez de moderna tecnología, si no nos esforzamos en hacer pensar al juez como un verdadero juez, particularmente como un juez moderno, envuelto en un mundo más interdependiente, en el que los instrumentos internacionales forman parte del ordenamiento interno y en el que finalmente, el hombre merece un trato digno” (magistrado Luis Fernando Solano Carrera, Costa Rica, Relación entre carrera judicial y administración de justicia)
Es imperativo coordinar los esfuerzos de la universidad y el Poder Judicial, porque aunque se diga que la universidad no tiene como objetivo formar jueces, también cada día se hace más evidente que la universidad tiene un rol que jugar en lo referente a la solución de los problemas y carencias que afronta el Poder Judicial en el orden de la capacitación y formación judicial.
El autor es jurista, ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
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