Las propuestas de Ética y Transparencia
Roberto Courtney
courtney@cablenet.com.ni
Al disiparse, al menos por el momento, la amenaza de agravamiento del pacto libero-sandinista, debemos aprovechar la oportunidad para retomar la agenda y confrontar los temas de fondo que dan origen a la perenne crisis que vive el país. En lo político, esta crisis se manifiesta actualmente en diversas formas que incluyen, pero no se limitan, a la parálisis funcional de la Asamblea Nacional, la abierta conformación de bancadas partidarias dentro del Poder Judicial y el aparente congelamiento de la lucha contra la corrupción. Por otra parte, la crisis económica es en gran medida el fruto histórico del deficiente manejo político. Es también una bomba de tiempo.
La propuesta de Ética y Transparencia para avanzar en la solución de los problemas políticos, y por tanto, económicos, del país es ésta:
1— Es necesario que el caso del reo Arnoldo Alemán deje de constituir el principal tema de agenda de la vida política del país y una carta de negociación en la que participan los dos partidos políticos mayoritarios y el Gobierno.
El caso Alemán, debe continuar su tránsito judicial, sin más intervenciones que deslegitimen el proceso, como una gran oportunidad de avanzar en la solución de dos de nuestros grandes problemas: la corrupción y la partidarización de las instituciones.
Este caso ha desnudado nuestras limitaciones en el tema de la creación del Estado de Derecho y ha servido para demostrar la urgencia de reformar las instituciones, para que en el futuro la tentación de unos pocos de manipular los sistemas judiciales y legislativos del país no aleje ni a los políticos ni a las instituciones de su verdadera razón de ser: servir a los nicaragüenses.
Y si algo nos mostró la crisis actual es que a la profesionalización e independencia del sistema judicial y electoral sólo se podrá llegar con pragmatismo, ponderación y sin revanchismos.
2— Para que la lucha contra la corrupción recupere impulso, el Presidente debe cumplir sus promesas y escuchar al pueblo: no más inmunidad para nadie.
Las evidencias de los casos de corrupción del Gobierno anterior apuntan a que los recursos robados tuvieron como destino el usufructo personal de los involucrados, el pago cuestionable de funcionarios públicos de diferentes instituciones del Estado, el financiamiento del entonces partido de gobierno y sus campañas electorales.
Por eso es de capital importancia proceder a la eliminación de la inmunidad que ampara a nuestra clase política y promueve tanto la impunidad como la recurrente corrupción que perpetúa la pobreza de nuestro pueblo. El Presidente de la República, para ser consistente con su discurso, nos debe a los nicaragüenses una ley que elimine la inmunidad de funcionarios públicos, no la extensión de inmunidad a otros funcionarios, como actualmente pretende.
Si no existe el valor para hacer lo anterior, proponemos que un paso acertado en este tema sería tanto la renuncia a la inmunidad de funcionarios y diputados acusados de diversos delitos, como la elemental decisión judicial que las vigentes leyes de inmunidad no cubren delitos cometidos mientras los acusados no eran inmunes.
3— La clase política debe reestablecer la autoridad moral del liderazgo político y gubernamental, así como la confianza del pueblo en el proceso democrático, dando respuesta a la demanda ciudadana de reducir el número, los beneficios y salarios de los altos funcionarios de los Poderes del Estado y otras instituciones.
Una iniciativa modesta y efectiva, sería reconocer que la transparencia exige que todos los salarios, pagos y contrataciones del Estado con personas y empresas particulares en montos superiores a los C$50,000 sean publicados con los nombres de los beneficiarios, ya que esta medida dificultaría la coima, el tráfico de influencias y el soborno.
Considerando la próxima prescripción de los delitos asociados a la quiebra fraudulenta de los bancos a finales de los años noventa, es de particular importancia proceder con beligerancia a esclarecer los delitos y castigar a los culpables.
4— A la reforma institucional debe accederse por la vía del diálogo, sin condiciones previas ni agendas unilateralmente establecidas.
Al señalar que los pactos de cúpulas tradicionales son formas de tráfico de impunidad y privilegios que históricamente han empobrecido a nuestro país, debemos priorizar en la agenda, los temas que afectan la situación económica de los nicaragüenses. De éstos, el fundamental es la reforma institucional. En este país, la reforma institucional es más que un tema político o económico. Es el aporte más significativo que la clase política puede aportar al desarrollo económico a lo inmediato.
El autor es director ejecutivo de Ética y Transparencia.
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