La carrera judicial y el sistema inglés
Nicasio Urbina
urbina@tulane.edu
La sociedad inglesa nos puede servir como uno de los ejemplos a emular, si algún día hemos de ser una nación justa, progresista y democrática. Un axioma de la modernidad es que todos los sistemas de la sociedad deben estar sujetos a controles de rendimiento de los empleados, niveles de profesionalismo, a periódicas evaluaciones de la calidad del trabajo y los resultados de los trabajadores. No hay nada peor para un sistema que tener trabajadores cuya permanencia es vitalicia y no es evaluada por un cuerpo de autoridades superiores sistemática y objetivamente, con un sistema de retribuciones y ascensos justos, que mantengan la moral de los trabajadores, que los motive a rendir mejores resultados, a esforzarse por conseguir mejores niveles de excelencia, y a aspirar a mejores puestos, basados en un sistema de competiciones justo e imparcial.
Los jueces y todos los empleados del sistema judicial deberían competir por sus puestos como se hace en muchas partes del mundo, de forma que los mejores preparados y los más esforzados y aptos para el trabajo obtengan los nombramientos y reciban mejores ascensos y salarios. Ese es un principio fundamental de administración tanto pública como comercial. Acorde con la naturaleza humana donde deseamos que se nos reconozca nuestro esfuerzo, nuestra excelencia, y nuestra dedicación. Un sistema de cuotas, o un sistema de pleitesía caudillista como el que tenemos, sólo nos lleva a la mediocridad, a la desmoralización, a la manipulación del sistema judicial por parte de aquéllos de detentan el poder, y a la violación arbitraria de las leyes y códigos de la nación.
Los ingleses, que no se caracterizan por ser muy democráticos, en el sentido sociológico de la palabra, tiene un sistema de monarquía parlamentaria representativa. La Cámara de los Lores está regida por puestos hereditarios, la Cámara de los Comunes está compuesta por representantes elegidos directamente por el pueblo, en forma proporcional y uninominal. El sistema judicial es dirigido por el “Lord Cnancellor”, quien es nombrado por la Reina. El “Lord Chancellor” escoge y sugiere nombres de personas que ocuparán las diferentes magistraturas en el sistema judicial, y la Reina hace los nombramientos. El Primer Ministro también puede sugerir nombres, especialmente para las más altas magistraturas. Los jueces de diferentes instancias son postulados por los colegios de abogados y los abogados practicantes, quienes después de ser sujetos a una investigación exhaustiva y pública de su carrera legal, y su historial de conducta, son nombrados en sus puestos, y no responden a ningún tipo de control o dirección ministerial. La mayoría de los casos criminales menores son juzgados por jueces y magistrados que trabajan sin sueldo y a tiempo parcial, como un servicio a la nación. Luego están las “Magistrate Courts”, quienes han sido seleccionados entre y por los abogados practicantes. Los casos más serios son juzgados por la “Crown Court”, presidida por jueces de la “High Court”, quienes han sido seleccionados también entre y por los abogados practicantes. Todos están sujetos a revisiones periódicas y se lleva un historial de sus decisiones y fallos. La más alta instancia es siempre la Cámara de los Lores. Inglaterra tiene, por tanto, un sistema que aunque autoritario y clasista posee ciertos mecanismos de control que hacen que el sistema funcione con un alto grado de imparcialidad. Como el sistema del derecho sajón es casuístico, las penas impuestas y los fallos se basan en los precedentes de casos similares.
Los tribunales están compuestos por civiles de todas las profesiones, dirigidos por un experto legal. Aquí se ventila la mayoría de las disputas civiles, demandas de personas o corporaciones, problemas laborales, disputas de seguridad social, y demandas de personas contra las autoridades públicas. Los tribunales no tienen personal de planta ni un presupuesto independiente, sino que son financiados por el ministerio correspondiente al caso. Por ejemplo: Los gastos de una disputa laborar serán sufragados por el Ministerio del Trabajo (Department of Labor), y el juicio será presidido por un magistrado elegido en la forma antes mencionada y ratificado por el “Lord Chancellor”.
Todos los puestos burocráticos de las Cortes están sujetos a oposiciones y pasan por un sistema periódico de evaluaciones y revisión de su rendimiento. Hay un sistema complejo de instancias administrativas para evaluar, ascender, descender, destituir y retribuir a todos los oficiales del sistema judicial. Aparte de las instancias más altas, el sistema legal inglés se rige por el principio de excelencia, legalidad y curriculum de sus miembros. No soy abogado y confieso que no entiendo muchas de las sutilezas de los libros y manuales que he estudiado para escribir esta columna. Me guía el espíritu de brindar un ejemplo dentro de los muchos que debemos estudiar, para la reforma de nuestro sistema judicial. Los expertos en el tema son los más apropiados para guiarnos en este complejo problema, pero lo que es cierto, es que no podemos continuar con el sistema actual, donde la política partisana y las decisiones arbitrarias, parecen guiar el criterio de algunos de nuestros jueces y empleados del Poder Judicial.
Mientras escribo estas líneas la Cámara de los Lores está discutiendo una enmienda para crear una nueva Corte Suprema de Justicia. Todo sistema es imperfecto pero debe aspirar a la superación. Algunos lores están proponiendo establecer una comisión que nombre a los jueces y los supervise, porque el actual sistema no es satisfactorio y el “Lord Chancellor” ya no puede cargar con tantas responsabilidades. Si la Cámara de los Lores, una de las instituciones más conservadoras y tradicionalistas del mundo está cambiando, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros?
Hay que establecer un sistema de competiciones y oposiciones para acceder a los puestos, establecer mecanismos de evaluación periódica de los rendimientos de los empleados, jueces y magistrados. Hay que establecer mecanismos apropiados para juzgar objetivamente a los oficiales que abusen de su poder, y premiar con ascensos y salarios a aquellos jueces que demuestren eficiencia en su trabajo, sabiduría en su jurisprudencia, e imparcialidad en sus fallos. Hay que reducir la Corte Suprema de Justicia, ya que su tamaño no tiene ninguna relación con la dimensión de nuestro país, y hay que terminar con las pensiones vitalicias de los magistrados, porque no hay forma humana que ese sistema sea sostenible en ningún país ni en ninguna economía del mundo. La proliferación de los jubilados llegará a ser tal que no podremos mantenerla a largo plazo, y tenemos personas que estando en edad activa, percibirán una jubilación vitalicia mientras siguen trabajando como abogados. Esto es inaudito.
La reforma de nuestro sistema judicial es inaplazable e imprescindible para salir del deterioro socioeconómico en que estamos. Estoy seguro que los mismos empleados del Poder Judicial se sentirán más orgullosos de su trabajo, más seguros en sus puestos, más satisfechos en sus ascensos, y ojalá mejor pagados, cuando tengamos un sistema políticamente independiente, financieramente sostenible, con balances y controles que les ayude a los jueces a ser ecuánimes, y a los ciudadanos y corporaciones a tener fe en el sistema.
El autor es catedrático de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.
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