LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2003 / EDICION No. / ACTUALIZADA 02:27 a.m.





EL HUMOR DE




Diputados piden prisión para los defraudadores

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Diputado Orlando Tardencilla, Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.:“Todo aquél que contribuya a mover inmigrantes, a ingresar inmigrantes ilegales, a pasar el territorio nacional, a ocultarlos, a cambiarles identidades y a proveerles espacios de trabajo de manera ilegal tendrá una pena”.

 

Ary Neil Pantoja
aryneil.pantoja@laprensa.com.ni

Cuatro años de prisión enfrentarán las personas que intenten defraudar a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA), a través de la introducción engañosa de productos, cuando el monto de lo que se intenta defraudar ronde los 50 mil pesos centroamericanos (dólares) o más, según lo establecido en el dictamen del proyecto de Ley de nuevo Código Penal.

Además de la pena de prisión, las personas que incurran en la defraudación aduanera también pagarán una multa equivalente al triple del impuesto que intentaron evadir con la introducción ilegal de la mercancía, según explicó ayer el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, diputado Orlando Tardencilla.

Tardencilla explicó que con el delito de contrabando, la pena aumentará en cuatro años más, de tal manera que quienes cometan este ilícito enfrentarán una sanción máxima de ocho años de prisión, más el triple de multa del impuesto que evadieron con el contrabando.

Agregó que la Comisión continuará la discusión de otros delitos de tipo fiscal, como la evasión.

CONTRA TRAFICANTES DE ILEGALES

En el proyecto de Ley también quedó establecido que serán responsables de tráfico ilegal de migrantes, aquellas personas que se dediquen a ingresar al país, transportar, contratar laboralmente o albergar a migrantes ilegales y enfrentarán una sanción que va de los cuatro a los ocho años de prisión.

Quienes incurran en cualquiera de las modalidades delictivas antes señaladas, además de la prisión, deberán pagar una multa que va de los 500 a 1,000 días de salario.

De ser aprobado conforme al dictamen, el nuevo Código Penal establece que el funcionario público involucrado en el tráfico ilegal de migrantes, además de ser sancionado será inhabilitado como funcionario público hasta por ocho años.
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