Según informó LA PRENSA el viernes pasado, ayer 28 de septiembre, se celebró por primera vez el Día Internacional del Derecho a Saber, que fue instituido el año pasado durante una asamblea que efectuó en Bulgaria la Red de Defensa del Derecho a la Información.

“La celebración —se dijo en una nota informativa— tiene el propósito de reconocer la importancia de este elemento esencial de la vida democrática, y estimular acciones como el derecho a buscar, recibir y difundir información libremente, reconocido en casi todas las Constituciones Políticas latinoamericanas, así como en los tratados internacionales”.

Pero si ese derecho sustantivo está contemplado en las constituciones y los tratados internacionales, ¿por qué y para qué instituir un Día del Derecho a Saber, o sea una jornada mundial de lucha por el libre acceso a la información de interés público? La respuesta es fácil: porque en algunos países como Nicaragua, ese derecho no se respeta ni se cumple, muchas veces con el pretexto de que no hay una ley que reglamente su aplicación.

Ése, precisamente, es el caso de Nicaragua, donde la Constitución reconoce el derecho de las personas a buscar y recibir información (artículo 66), y dice además que “los funcionarios de los cuatro poderes del Estado (…) responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales” (artículo 131). Pero eso es teoría, la práctica deja mucho que desear.

En términos generales los funcionarios gubernamentales ocultan mucha información de interés público, o la conceden sólo de manera discrecional, e inclusive alegan que son “secretos de Estado” para no darle cuenta a los ciudadanos. Lo que pasa es que los gobernantes de Nicaragua, inclusive los actuales que se jactan de ser abanderados de la transparencia y la lucha contra la corrupción, son alérgicos a la luz de la información y reacios a reconocer el derecho de los ciudadanos a saber todo lo que les atañe, lo que hace el Gobierno y cómo gasta el dinero que la DGI, Aduanas y demás recaudadores le quitan a los contribuyentes, y los recursos que el país recibe de las múltiples vertientes de la cooperación extranjera.

Seguramente por eso es que no han querido aprobar una ley de acceso a la información pública que viabilice el cumplimiento de los artículos constitucionales 66 y 131. Y por eso también es necesario celebrar, aquí como en todo el mundo, un Día Internacional del Derecho a Saber, y seguir demandando la aprobación de la ley de acceso a la información pública, para la cual hay varios proyectos engavetados, inclusive uno de los periodistas y otro de la Vicepresidencia de la República cuando la ejercía el ahora presidente Enrique Bolaños.

Se asegura que negar la información es negar la democracia. Esto es esencialmente cierto, pero además el acceso de los ciudadanos a la información pública disuade la corrupción y fortalece la transparencia en la gestión de gobierno. Por eso es que una ley que garantice el ejercicio del derecho de todo ciudadano a solicitar información y el deber de la autoridad de brindársela, constituye hoy un reclamo fundamental de la sociedad nicaragüense.

Al respecto, la semana pasada la Fundación Violeta Chamorro y el Centro Carter celebraron otro importante foro nacional en el que se analizó y destacó la importancia de esa ley. También la semana pasada, en un seminario internacional celebrado en Guatemala por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Banco Mundial, se puso de relieve la necesidad imperiosa de que se dicte y aplique correctamente una ley de acceso a la información de interés público. Y en la 59na. Asamblea General de la SIP —Chigago, EE.UU., del 10 al 14 de octubre de 2003—, en el informe sobre la libertad de prensa en Nicaragua se mencionará el vacío que hay en el país porque el acceso a la información pública sigue dependiendo de la buena voluntad y la discrecionalidad de los funcionarios.

Pero hay que estar claros de que si se aprueba una ley de acceso a la información debe ser para que se cumpla de verdad, no como hicieron en República Dominicana donde la aprobaron pero después la vaciaron de contenido mediante la reglamentación gubernamental.

El derecho a saber