Poder Judicial enjaranado
Ary Neil Pantoja
aryneil.pantoja@laprensa.com.ni
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene una deuda de 500,000 córdobas con miembros de jurados de conciencia realizados en todo el país. De este monto, 200,000 córdobas corresponden a jurados realizados en Managua y sin posibilidades de cancelación en el corto tiempo, según reveló ayer la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos.
Durante un informe brindado sobre la ejecución presupuestaria en el Poder Judicial, Ramos expresó que además de la deuda con los jurados, la Corte Suprema realiza actualmente un arreglo de pago con las autoridades de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), para cancelar una deuda de 740,000 córdobas y poder reactivar el servicio telefónico en varias judicaturas del país.
Ramos se mostró preocupada ante la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), reduzca el presupuesto del Poder Judicial en 20 millones de córdobas y denunció que existe un intento del Poder Ejecutivo de presionar y ahogar económicamente al sistema judicial del país.
MONTEALEGRE DICE QUE HAY INCREMENTO
En tanto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, dijo ayer que más bien ese Ministerio ha aprobando un incremento de 10 millones de córdobas en el rubro de gastos corrientes en el presupuesto asignado al Poder Judicial para el 2004; además dijo desconocer el comunicado emitido por la CSJ donde señala que existe una pretensión de imponer un ahogo económico a este Poder del Estado.
“En el presupuesto que hemos estado discutiendo y que le hemos enviado una carta a la presidenta de la Corte, hay un aumento en gastos corrientes de 10 millones de córdobas sobre el techo aprobado para este año. No hay una disminución. En lo que respecta al presupuesto en gastos de capital hay una disminución por un programa que no se ha podido ejecutar en el período que se planea ejecutar”, dijo Montealegre.
SUPREMA NO ACEPTA REFORMAS JUDICIALES
Ramos rechazó la propuesta de reformas al sistema judicial que el Presidente de la República, Enrique Bolaños, incluirá en su llamado Plan Nacional de Desarrollo.
Según Ramos, ninguna propuesta de reforma judicial será aceptada si antes no es consultada con los interesados, en este caso, dijo, los magistrados de la Corte Suprema, jueces y magistrados de Apelaciones.
Ramos sostiene que tampoco aceptarán una reforma judicial que pretenda la subordinación de un Poder del Estado a otro y, según la magistrada, si el presidente no consulta con los interesados su propuesta de reforma judicial, “será solamente su Plan de Nación, y nada más”.
Ramos dijo que, independientemente de este plan del Ejecutivo, la Corte Suprema presentará su plan operativo de largo plazo, pero aclaró que no aceptarán ninguna imposición de parte del Poder Ejecutivo.
PRESUPUESTO Y GASTOS
988 millones 317,000 córdobas está solicitando la CSJ como presupuesto para el 2004.
851 millones 564,000 solicitaron para el año 2003.
488 millones 790,000 les aprobó la Asamblea Nacional para el 2003.
111 millones de córdobas fueron para gastos operativos.
331 millones 752,000 córdobas fueron para gastos personales.
38 millones 708,000 córdobas para gastos de capital.
320 dependencias incluye el Poder Judicial en todo el país.
161 artículos (papelería, artículos de oficina, mobiliario etc,) tiene presupuestada cada una de estas dependencias mensualmente. Actualmente sólo reciben 32 artículos.
450 causas judiciales promedio entraron en el año 2000 en cada Juzgado.
2,200 juicios han sido procesados en 2003 por cada Juzgado.
180,000 córdobas mensuales pagaba sólo la Corte Suprema de Justicia por servicio de energía eléctrica en el año 2000.
400,000 córdobas mensuales paga la CSJ en servicio de energía en el 2003.
SALARIOS INTOCABLES
La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, dijo que entrarán al año 2004 con un déficit presupuestario que significará la suspensión de algunos proyectos de ampliación y habilitación de Juzgados para la mejor aplicación del Código de Procedimiento Penal (CPP), y establecer la separación física de los Juzgados Penales, de los Civiles. Ramos se mostró contraria a reducir salarios de los magistrados y otras prebendas en beneficio de la parte operativa.
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