Estado laico de Nicaragua y participación ciudadana
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Davis Antonio Morales C.
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Davis Antonio Morales Campos
La sociedad moderna sólo es gobernable si los ciudadanos y agentes sociales participan en el diseño y gestión de los asuntos públicos. El Estado posee recursos humanos, técnicos y económicos limitados y necesita, por tanto, aliarse con la sociedad civil para diseñar y ejecutar las políticas públicas, que deben ser suficientemente generales para encuadrar el cambio permitiendo la innovación, y suficientemente simples para ser comprendidas y aplicadas por la ciudadanía (cualquiera sea su orientación ideológica o religiosa), y suficientemente difundidas para llegar a todo el territorio y actores sociales. Es por eso que la participación ciudadana debe ser considerada desde diversas dimensiones.
Normalmente se han considerado sus componentes éticos y políticos, dejando de lado aspectos importantes como sus connotaciones económicas o culturales. En este sentido la participación constituye, sin duda, un derecho de los ciudadanos (de todos los ciudadanos), pero también es un deber. La Constitución Política, en el Título de Principios Fundamentales, en su artículo 2 recoge uno de los principios universales del movimiento constitucional: la titularidad de la soberanía nacional reside en el pueblo. Este precepto esboza los conceptos de democracia participativa y representativa cuando afirma: “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfección del sistema económico, político y social de la nación.
Mas adelante, en su artículo 7, reconoce expresamente la existencia en Nicaragua, tanto de la democracia representativa como de la participativa al decir: “Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa. Por lo tanto y en el ámbito de participación, la laicidad a la que se refiere nuestra Constitución cuando señala de forma expresa que el Estado de Nicaragua no tiene religión oficial, (Arto. 14 Cn.), significa la creación de un único espacio público donde las organizaciones eclesiásticas están o deberán estar sometidas a las leyes comunes, sin más. El Estado laico no reconoce a la religión, son los creyentes, en todo caso, quienes deben realizar ese reconocimiento. El Estado laico no es neutral ante el hecho religioso, no es indiferente, considera que la religión es algo del ámbito privado, aunque pueda tener manifestaciones públicas.
Por tanto, el desarrollo de la cultura cívica, participativa y solidaria refuerza la confianza en las instituciones e incentiva el respeto por la normativa vigente, legitimando así el sistema democrático representativo y fortaleciendo el Estado de Derecho. Nicaragua es un país en vías de desarrollo, razón por la cual deben movilizarse todos sus recursos humanos, técnicos y materiales creando un ambiente propicio para la canalización productiva de las iniciativas y energías presentes en la sociedad. Por eso, es importante crear ambientes y culturas propicias para el involucramiento ciudadano, configurando una buena normativa con canales y mecanismos adecuados y flexibles que estimulen la participación.
La Constitución y las leyes nicaragüenses establecen espacios de participación. Es entonces encomiable la decisión del señor Presidente de la República, de retirar el manual sobre sexualidad mientras no exista un verdadero consenso de todos los sectores del pueblo, ya que el que promueve dicho manual, en aras de defender y proteger su posición, más bien aisla la participación de un sector de la población de Nicaragua que quiere ser parte del quehacer legislativo del país; enuncia que esta voz que se opone a la creación e imposición de leyes y manuales que no han sido consultados con todo el grueso de la sociedad nicaragüense, (sino sólo con los sectores que obviamente estarían de acuerdo por sus creencias, que aunque no son religiosas, son ideológicas), representa a la religión como institución. Pero penosamente se nota que personas intelectuales y otros intentan confundir el reclamo de la sociedad laica con el pronunciamiento de la Iglesia, e intentan ignorar la voz de un importante sector del pueblo, en el que reside la soberanía nacional.
El autor es abogado
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