Juicio por tráfico de menores
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Un cura, un juez y varios abogados implicados en traslado ilegal de niños a España, según la Policía |
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Escándalo crece, se habla hasta de comercio de órganos |
Consuelo Sandoval
consuelo.sandoval@laprensa.com.ni
El Estado de Nicaragua abrirá proceso penal contra los presuntos involucrados en una red internacional de traficantes ilegales de menores hacia España, delito ejecutado a través de la fundación española “Luz para la Infancia”, entre los que supuestamente se encuentran la juez única de Quezalguaque, Dominga Mendoza Herminia Paiz, contra quien se decretó retención migratoria.
Autoridades de la Policía, Fiscalía y Procuraduría de la Niñez, realizaron ayer una amplia y detallada exposición del documentado tráfico de menores, ante la comisión parlamentaria de Derechos Humanos que preside el diputado Nelson Artola.
Según el conclusivo policial del caso, entregado a la Fiscalía, estarían implicados, en calidad de coordinador el párroco de Quezalguaque, Marcos Francisco Díaz Prado, y los abogados Pastora Sarria, Magali Cabrera, Ramón Urbina Pereira, Patricio Agustín Lara Tenorio, Roberto Fernando Pasquier, Oscar Xavier Pérez y Manuel Ernesto Mayorga González, este último actual defensor público.
Según las investigaciones policiales iniciadas en agosto pasado, el tráfico de menores entre 4 y 6 años de edad, data desde 1998, poco después de ocurrido el huracán Mitch, a través de la Fundación “Luz de la Infancia”, dirigida por los españoles María de los Ángeles Ocampo Jiménez y su marido Eduardo Felipe Ramón Borragán.
“Hay seis niños claramente identificados con nombres, edades (4 a 6 años) y lugares donde están ubicados en España. Hay otros doce aparte de estos seis, (de los cuales) no se tiene precisión de dónde están, solamente la información del Ministerio español de que pronto llegarán a Mallorca procedentes de Nicaragua. Estamos solicitando a la Cancillería, Dirección de Migración y Extranjería, y al Defensor del Pueblo, que nos puedan facilitar información”, expresó el procurador de la Niñez, Carlos Emilio López.
Destacó que los niños están ubicados entre varias familias españolas y que el Ministerio de Asuntos Sociales de España se ha negado a legalizar la patria potestad a esos ciudadanos, porque no han presentado los documentos legales necesarios.
López aseguró que por las informaciones presentadas por la Policía, existe suficiente evidencia de irregularidades e ilícitos que se cometieron en el traslado de los niños y “la petición que estamos haciendo es que el Ministerio Público pueda acusar a todos los involucrados, independientemente que sean los padres de familia, otros familiares, notarios, funcionarios de los Poderes Judicial y Ejecutivo. Deben ser condenados si son encontrados culpables”, sentenció.
Freddy Arana Rivera, fiscal departamental, mencionó que los implicados en el tráfico de niños podrían ser acusados por atentar contra el estado civil de las personas, apología del delito y tráfico ilegal de inmigrantes.
Informó que en cuanto a los españoles tiene conocimiento que no se encuentran en territorio nacional.
Explicó que los permisos de salida aparentemente falsificados utilizados para sacar del país a los menores, aparecen firmados por sus padres, asegurando que definirán el grado de responsabilidad que éstos tienen en el caso.
“Vamos a definir hasta dónde llega la responsabilidad de los padres, porque la pobreza no es motivo para eludir la paternidad”, argumentó Arana.
López opinó que el Estado nicaragüense está obligado a repatriar a estos niños y que el Poder Judicial tiene que aplicar todo el rigor de la ley contra los que incurrieron en este delito.
LA LEY
El Procurador de la Niñez, Carlos Emilio López, aseguró que existen suficientes elementos para acusar a los implicados:
La Ley de Control de Tráfico de Migrantes, en su artículo 1 establece que esa legislación tiene por objeto regular, controlar y sancionar a quienes realicen tráfico ilegal de personas en el territorio nacional.
Estipula que hay que imponer sanciones penales y multas a quienes participen como autores intelectuales o ejecutores de inmigrantes nacionales o extranjeros.
El artículo 22 de esa misma ley establece que los autores del tráfico de inmigrantes ilegales serán sancionados con la pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa que oscila de 10 mil a 50 mil córdobas, y penas para los cómplices y encubridores.
El artículo 23 de la ley, dice que los funcionarios y empleados de la administración pública que colaboren con los traficantes de migrantes ilegales, serán considerados como cómplices.
¿COMISIÓN A ESPAÑA?
“Tenemos información de que “Luz para la Infancia” está vinculada al tráfico de extracción de órganos de niños para la comercialización. No descartamos que la Comisión de Derechos Humanos vaya a España a garantizar que los niños no sean dañados”, advirtió el diputado Nelson Artola.
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