Auditarán al CSE
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Investigarán destino de 40 millones de córdobas que debieron pagar al Estado en concepto de seguros de los empleados |
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Magistrado se ampara contra otra investigación de la CGR
alegando violación a sus
derechos constitucionales |
José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni
Mientras el Tribunal de Apelaciones de Managua ampara a un magistrado del Consejo Supremo Electoral para que no sea investigado por la Contraloría General de la República, esta institución ordenó ayer una nueva auditoría al Poder Electoral, para determinar el destino de más de 40 millones de córdobas que, según denuncian trabajadores de esa institución, no fueron reportados al pago de seguros.
Ayer el contralor Guillermo Argüello Poessy confirmó que, en sesión ordinaria, los miembros de la Contraloría General de la República (CGR), ordenaron iniciar de inmediato una auditoría al Sistema Financiero del Consejo Supremo Electoral, luego de una denuncia del sindicato de trabajadores de esa institución, quienes señalaron que durante dos años el CSE no reportó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), las cuotas deducidas a sus empleados.
CASO ES GRAVE
“Estamos hablando de un caso muy grave y sensible, estamos hablando de que es el dinero con que una madre puede llevar a su hijo a curarlo a un hospital, es un dinero que sirve para que el empleado enfermo se cure, y que sale de su propio salario y de sus impuestos, entonces nadie puede quitarle ese derecho a los empleados del Estado, así como tampoco pueden quitarle esos recursos al Seguro Social, por eso esta auditoría es de prioridad absoluta para esta Contraloría”, dijo Argüello Poessy.
Esta semana, tras varios días de huelga de cientos de empleados del CSE que exigen mejoras de condiciones y derechos laborales, y tras la presión de varias instituciones del Estado, incluyendo la Asamblea Nacional, los magistrados electorales decidieron bajarse un 50 por ciento de sus salarios para busca una solución a la crisis económica de los trabajadores.
PREFIERE AMPARARSE
El magistrado del CSE, José Miguel Córdoba, recurrió de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua para evitar ser investigado por la Contraloría, en otra auditoría que se realiza en el mismo CSE, según averiguó LA PRENSA.
De acuerdo con la información obtenida, el magistrado Córdoba dijo que la Contraloría le violaba sus derechos constitucionales al citarlo a rendir información en el caso donde el también magistrado Silvio Américo Calderón está siendo investigado, luego de descubrirse que usaban un camión del Estado para usos personales.
Pero en vez de acatar la decisión de la CGR y entregar la información que se le pedía, el magistrado Córdoba pagó una fianza de tres mil córdobas y recurrió de amparo en el Tribunal de Apelaciones, según lo confirmó él mismo.
Según el presidente del Tribunal de Apelaciones, magistrado Gerardo Rodríguez, el hecho de que al recurso de amparo se le haya dado trámite (porque supuestamente cumplía con los requisitos de ley para ser admitido) no impide que la Contraloría asista ante la Corte Suprema de Justicia y pida con argumentos legales, que se revoque.
TAMBIÉN A LAS JUNTAS LIQUIDADORAS
La Contraloría General de la República también decidió ayer, de forma unánime, ordenar que se auditen los fondos que manejaron las Juntas Liquidadoras de Bancos en los últimos años, para conocer el monto del dinero que lograron recoger de las deudas de los bancos quebrados, el destino de esos fondos, y de otros asignados por el Estado.
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