Zoila América Narváez —hijastra e hija adoptiva del jefe sandinista Daniel Ortega que en marzo de 1998 acusó a éste por supuesta violación sexual desde que ella era una niña de once años— volvió a plantear públicamente ese escabroso asunto al anunciar la ruptura del proceso de solución amistosa con el Gobierno, y la reactivación de su demanda por falta de justicia, contra el Estado de Nicaragua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según la señora Narváez, su decisión se debe a que, a su juicio, el Gobierno del presidente Enrique Bolaños no tiene interés en llegar a un acuerdo satisfactorio con ella, porque ha contraído compromisos políticos con Ortega.

Sin embargo, el Gobierno, por medio de su director de asuntos legales aseguró que el proceso de solución amistosa con Zoilamérica Narváez se ha desenvuelto en forma normal aunque lenta; y puso como ejemplo que la personalidad jurídica de la ONG que ella dirige —cual es una de sus demandas— está a punto de ser aprobada por la Asamblea Nacional.

A propósito de esta controversia entre la hijastra e hija adoptiva de Daniel Ortega y el Gobierno de la República, se conoció que Zoilamérica Narváez demanda su des-adopción legal con respecto de Ortega, una indemnización personal por cinco millones de dólares —que había sido reducida, durante las negociaciones, a cien mil dólares—, que el Presidente de la República personalmente o por medio del Procurador reconozca la negación de justicia y le pida perdón por los agravios sufridos, así como apoyo económico para los programas de atención a víctimas de abusos sexuales que ejecuta la ONG dirigida por la demandante.

Sin duda que la demanda de des-adopción de Zoilamérica Narváez es justa y legítima. En realidad, debe ser degradante para ella que se le obligue a seguir siendo hija adoptiva de Daniel Ortega después de todo lo que según su denuncia y acusación criminal sufrió por culpa de éste. Y a pesar de que en Nicaragua no hay ley que regule la des-adopción, ésta debería ser anulada de alguna manera según el principio jurídico de que en derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen.

Lo inaudito es que se quiera obligar al Presidente de la República a pedir perdón por delitos que supuesta o realmente cometió otra persona. Un jefe de Estado y/o de Gobierno debe pedir perdón a la sociedad y a la humanidad por violaciones graves a los derechos humanos, como represiones masivas, genocidio, limpieza étnica, etc. Pero es absurdo que lo haga por delitos comunes cometidos por cualquier individuo aunque éste sea un prominente líder político en el país. Obligar al presidente Enrique Bolaños a hacer eso sería un ultraje a él en lo personal y a la nación en términos generales. Y eso el presidente Bolaños no debería aceptarlo por ningún motivo.

Y en cuanto a la demanda de indemnización por cinco millones o cien mil dólares: ¿por qué la poca gente que trabaja, produce y paga impuestos para financiar al Estado, tiene que pagar por los presuntos daños que un sujeto causó a otra persona por medio de supuestos abusos sexuales?

En todo caso, si fuese ineludible que el Estado tuviera que pagar la indemnización que reclama Zoilamérica, el dinero debería salir de la cuantiosa pensión vitalicia equivalente al sueldo del Presidente de la República que el acusado recibe mensualmente (10,500 US$), además de la jugosa remuneración (5,000 US$) que también cobra cada mes por una función parlamentaria regalada que no ejerce.

Zoilamérica Narváez captó la solidaridad de la mayoría de los nicaragüenses cuando de manera valiente denunció públicamente a Daniel Ortega y lo acusó judicialmente por los supuestos abusos sexuales que ella sufrió durante mucho tiempo y desde que tenía once años. Pero perdería mucha de esa solidaridad, o toda inclusive, si insiste en querer humillar al Presidente de la República, al Procurador o a toda la nación y si se empeña en querer obligar a los justos contribuyentes a pagar una indemnización por lo que supuestamente hizo un pecador.

Justos no deben pagar por pecador