Se dice, con toda razón, que la prueba de la libertad consiste en la capacidad de reconocer la libertad del otro y de todos los demás. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido más de 130 años desde que se reconoció en Nicaragua la libertad de expresión, de imprenta y de prensa, todavía hay quienes consideran que la libertad sólo debe ser para ellos, no para las otras personas.

Tal es el caso, por ejemplo, de quienes atacan a la Iglesia Católica, tanto a su jerarquía en lo particular como a la institución eclesial en general, porque hizo llegar a la Asamblea Nacional un documento con sus opiniones y propuestas acerca de la proyectada ley de igualdad de oportunidades, y porque pidió a los diputados católicos que las incorporen a dicho proyecto de ley.

Pero la Iglesia Católica de Nicaragua tiene derecho, igual que cualquier otra iglesia, a opinar y hacer propuestas acerca de todo lo que considere necesario. Y tiene derecho de pedir a los diputados católicos que voten de acuerdo con los principios de esa religión, mientras que por su parte los parlamentarios tienen libertad para hacer caso o no a las indicaciones de la Iglesia.

Los obispos de la Iglesia Católica tienen derecho incluso de abogar por el ex presidente Arnoldo Alemán, que está preso bajo graves cargos de corrupción y abuso de poder. Y es problema de los ciudadanos católicos estar de acuerdo o no con que sus pastores religiosos comprometan a la Iglesia con gestiones políticas como esa. En todo caso eso no tiene nada que ver con el laicismo del Estado, que se refiere expresamente a la educación y no es para que, como pretenden algunos, se extirpe de la conciencia de la gente todo sentimiento, emoción y creencia religiosa.

De manera que no hay ninguna disposición constitucional ni legal que prohíba a los representantes de la Iglesia Católica opinar y hacer propuestas de carácter político. De la misma manera que nada impide que quienes estén en desacuerdo con esas opiniones y propuestas, inclusive los católicos, las refuten si así quieren hacerlo, tanto en público como en privado.

Otra cosa muy diferente es oficializar el catolicismo o cualquier otra religión, porque eso sí viola la Constitución que de manera expresa y categórica dice en su artículo 14: “El Estado no tiene religión oficial”.

O sea que hace mal y viola la Constitución el presidente Enrique Bolaños cuando inaugura o reinaugura oficialmente un templo católico, pues además de que el Estado no tiene religión oficial el Presidente de la República “es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua” (artículo 144 Cn.), y tiene la atribución de: “Representar a la nación” (artículo 150, inciso 2 Cn.). Y la nación es, en su sentido más simple y común, “el conjunto de los habitantes del país, regidos por el mismo gobierno”, entre los cuales no sólo hay católicos —aunque sean la mayoría— sino también muchos nicaragüenses que tienen otras creencias religiosas y pertenecen a distintas iglesias o denominaciones.

El ciudadano Enrique Bolaños tiene derecho y libertad de asistir al servicio religioso de su fe e iglesia, pero el Presidente de la República, Enrique Bolaños, no debe inaugurar o reinaugurar oficialmente ningún templo, porque viola los principios y la letra de la Constitución. Y no debería hacerlo inclusive si tuviera la delicadeza y la dedicación de hacerlo con los templos de todas las otras religiones que hay en Nicaragua.

Ahora bien, sin duda que las damas feministas tienen libertad y derecho de exponer sus criterios sobre la ley de igualdad de oportunidades y hasta de pretender que se apruebe como ellas quieren. Pero también los representantes de la Iglesia Católica y de las distintas denominaciones evangélicas, tienen la libertad y el derecho de hacer a dicho proyecto de ley las observaciones que consideren pertinentes.

Por su parte, los diputados tienen la obligación de escuchar todas las voces, de atender las diversas opiniones y buscar el consenso para aprobar la ley, y si no lo consiguen deben abstenerse de aprobarla, y no dictarla sólo para satisfacer a unas personas aunque atenten contra la libertad de todos los demás.

La prueba de la libertad