¿Cómo se gasta el seis por ciento?
Humberto Belli Pereira
president@avemaria.edu.ni
Los morterazos y el ritual de protestas por el seis por ciento, que como disco rayado se repite cada tanto tiempo, han tenido el efecto de distraernos del problema fundamental de la educación superior: la forma en que se gastan los fondos destinados a ella. Nos preocupamos tanto del tema de cuánto darle a las universidades, que pocas veces nos preguntamos sobre cómo se gastan los más de ochocientos millones de córdobas (o los más de cincuenta millones de dólares), que con gran sacrificio Nicaragua y sus contribuyentes invierten en las universidades oficiales. El análisis de algunos datos puede producirnos sorpresas:
Aunque las universidades no han montado un sistema de estadísticas que permita conocer la eficacia de su funcionamiento, estudios de algunos expertos (Dahlgren, Brunner y Ernesto Medina) calculan la tasa de graduación entre el 20 y el 30 por ciento de los que ingresan, revelando así una ineficiencia alarmante y cara. Cito a un conocedor, el doctor Juan B. Arríen: “Existen incontables señales sobre el bajo grado de eficiencia de las universidades oficiales... desembolsan dos y tres veces el costo normal por graduado debido a los años acumulados para obtener el título. A eso se añaden las altas tasas de deserción que se manifiestan en el hecho de que ni siquiera el 30 por ciento de los que ingresan concluyen la carrera”.
¿Qué pasa luego con la minoría que logra terminar? La queja de los empleadores y profesionales en cuanto a la baja preparación de la mayoría de los egresados es prácticamente unánime. Algunos señalan la poca capacidad de éstos para redactar o expresarse con un mínimo de coherencia y propiedad, y sus dificultades en pensar o razonar críticamente. El hecho de que encuestas recientes indiquen que cerca del 60 por ciento no encuentran empleo, y de que 20 por ciento de quienes lo encuentran terminen trabajando fuera de su profesión, sugiere dos cosas: profesionales sin las habilidades que requieren actualmente el mundo laboral, o producción de graduados sin referencia a las necesidades del país.
Aquí, también, el análisis de los datos revela el desperdicio monumental que causa la irracionalidad en la oferta de carreras. 13,154 estudiaban derecho en al año 2002 (sumando la matrícula del sistema público y del privado). No hay quien niegue que producimos demasiados abogados, sin embargo estamos posiblemente invirtiendo catorce millones de dólares al año en producir más. En informática estudian 11,552, pero el Estado, que es el mayor empleador de la República, ocupa sólo 300 graduados. Por eso, ante un anuncio reciente de la Secretaría de la Presidencia de la República ofreciendo un puesto, llegaron 820 aplicaciones. Mientras tanto casi no se encuentran técnicos para reparar refrigeradoras o mantener computadoras, pues en Nicaragua sólo el uno por ciento del estudiantado ingresa a la educación técnica.
En conclusión, aproximadamente dos tercios del presupuesto universitario se malgastan: una parte, la mayor, en estudiantes desertores. Otra en crear un proletariado profesional desempleado, y otra en graduar profesionales pobremente equipados para responder a las exigencias del país. En 1995 gastábamos 24 millones de dólares en financiar este sistema irracional. Hoy gastamos 50 millones pero las cosas no han cambiado. Esto es trágico: priva al país de un sistema universitario de calidad, que es imperativo en un mundo globalizado y cada vez más competitivo, condena a los estudiantes pobres a recibir una educación profesional pésima, y tiene un altísimo costo social, pues con lo que se invierte anualmente en un universitario se podría atender quince niños de primaria, en un país en donde por falta de fondos quedan fuera de la escuela más de cien mil niños.
Tenemos pues un imperativo moral en asegurar que los fondos asignados a la educación superior sean utilizados eficientemente. Nuestro país y nuestra clase política no pueden cruzarse de brazos ante las demandas agresivas de un sistema obsoleto, burocrático e ineficiente, que malgasta a manos llenas el dinero que tanto sacrificio le cuesta al país. El precepto constitucional del seis por ciento no crea una obligación de una sola vía. A la obligación gubernamental de financiar una enseñanza superior se corresponde la obligación de los destinatarios de estos fondos de usarlos bien. La parte que ignora el deber que le corresponde en una ecuación pierde la autoridad moral para exigir el cumplimiento de la otra. Sólo le queda entonces el recurso a los morteros o la fuerza bruta, y la complicidad cobarde de políticos blandengues.
El autor es presidente del Universidad Ave María College.
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