Secuestran a periodistas en Guatemala
AP
GUATEMALA.- Cuatro periodistas del matutino Prensa Libre permanecían retenidos hasta anoche por un grupo de ex paramilitares de un poblado del noroeste de Guatemala, que exigen el pago de una indemnización prometida por el Gobierno, informaron fuentes periodísticas.
El director del matutino Gonzalo Marroquín expresó a la prensa que “estamos profundamente preocupados porque un grupo de patrulleros retiene a la fuerza a un reportero y un fotógrafo de Prensa Libre”.
Según lo informado, el periodista Freddy López y el fotógrafo Emerson Díaz viajaron al poblado de La Libertad, Huehuetenango, a cubrir un mitin del Frente Republicano Guatemalteco, cuando en la carretera encontraron un bloqueo de los ex paramilitares que al ver que eran periodistas, los tomaron como rehenes.
Aparentemente permanecían bajo el poder de los ex patrulleros en un pueblo ubicado a orillas de la carretera Interamericana, a unos 200 kilómetros al noroeste de esta capital.
Otros dos periodistas del mismo diario, el reportero Alberto Ramírez Espada y el fotógrafo Mario Linares, que llegaron en helicóptero acompañando una delegación de la Procuraduría de Derechos Humanos que buscaría mediar la liberación de López y Díaz, también fueron retenidos, informó a la AP Fernando Diéguez, jefe de información del diario.
Los nuevos rehenes acompañaban a Telma Schaub y Henry Marroquín, quienes fueron comisionados por el jefe de la PDH para procurar la liberación.
Una comisión oficial, acompañada con efectivos militares, llegó al lugar para negociar la liberación de los periodistas, añadió Diéguez.
Los ex miembros de Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), organización creada en 1982 por el entonces dictador Efraín Ríos Montt, exigen la presencia del gobernador de Huehuetenango para liberar a los periodistas.
“Hasta donde sabemos los tienen como rehenes. Espero que estén bien, estamos haciendo todo lo posible para que estén protegidos’’, declaró Marroquín.
Los ex paramilitares se reorganizaron debido a que el presidente Alfonso Portillo prometió pagarles una indemnización por los servicios que prestaron forzadamente al ejército en 1982.

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