Sospechoso interés de diputados por inmigrantes
Julio Ignacio Cardoze*
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional dictaminó favorablemente y por unanimidad, el anteproyecto de Ley Creadora de la Coordinadora Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de aproximadamente 1.7 millones de nicaragüenses residentes en el exterior. Con esa ley se pretende impulsar la legalización de los inmigrantes nicaragüenses en el extranjero. Según el diputado Nelson Artola, teniendo garantizada su legalización como inmigrantes los nicaragüenses tendrían acceso al trabajo para que no sean explotados, derecho a la salud, educación y pensión de seguro social, además que estaríamos vigilantes para que no se les violenten sus derechos a la libre organización, libertad de expresión, no sean maltratados física y síquicamente y que no se les deporte de manera masiva.
Según Artola, por primera vez el Estado asumiría un plan de trabajo para el seguimiento integral a la situación de todos los nicaragüenses residentes en el exterior y se proponen que se detenga la xenofobia a través de una campaña de sensibilización. Con la creación de la Coordinadora pretenden compensar con políticas de Estado, el esfuerzo que hacen los nicaragüenses en el exterior, para mantener la economía nacional con el aporte de unos mil millones de dólares anuales en remesas familiares. Según sus cálculos, como promedio cada ciudadano nicaragüense en el exterior envía 558 dólares anuales a sus parientes en Nicaragua, o sea 50 dólares mensuales, lo que contribuye a paliar la crisis de pobreza y desempleo que embarga a un alto porcentaje de ciudadanos.
Sorprende ese repentino interés y preocupación por los nacionales que vivimos fuera de la madre patria. Tanto que es sospechoso. A pesar de que los envíos de los que vivimos fuera del país representan el 16.2 por ciento del PIB, los emigrados somos considerados, por disposición de la misma Asamblea Nacional, ciudadanos de segunda categoría, sin derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida política nacional, sin voz, sin voto, sin cédula y sin representación, a pesar de que la contradictoria Constitución dice que todos los nicaragüenses son iguales, pero al mismo tiempo condiciona la calidad de los derechos ciudadanos de los emigrados.
Seamos francos, a los diputados no les ha interesado nunca la suerte de los emigrados. La única verdad que dice Artola es su interés para que los emigrados sigan trabajando y enviando dinero. Si es cierto que Artola quiere proteger los derechos de los emigrados, entonces que proponga quitar de la Constitución las restricciones que limitan la capacidad para participar en la vida política nacional. De lo contrario, al pedir la legalización de los emigrados en otros países los estaría lanzando a perder sus derechos como nicaragüenses, como es la situación actual.
Otros países, como Colombia, además de garantizarles el voto y cedulación les da a sus emigrados derecho a participar en la vida política nacional, incluso en cargos electivos, y los emigrados tienen derecho hasta de elegir a diputados que los representen. Ésta es una oportunidad para que demuestren en Nicaragua que el Estado se preocupa de los emigrados, empezando por darles lo que les pertenece por nacimiento.
A veces parece que la xenofobia a que se refiere el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, se siente más del lado de Nicaragua. Es allá en el suelo patrio, donde necesitan sensibilizarse. Garanticen nuestros derechos como nicaragüenses primero, de lo contrario ¡no nos defiendan!
* El autor es jurista, residente en Estados Unidos.
JICardoze@aol.com
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