El Congreso Nacional de Honduras dio la semana pasada una lección de integridad política al derogar la inmunidad de los altos funcionarios públicos hondureños, la que, igual que aquí, había sido convertida en impunidad.

Según informó el sábado pasado el diario La Prensa, de Honduras, “los diputados y los funcionarios que ya no gozarán de la prerrogativa de la inmunidad deberán ser responsables en sus actuaciones, particularmente los congresistas al emitir opiniones y de proponer medidas que afecten a un conglomerado, pues a partir de la entrada en vigencia de la derogatoria ya no tendrán la protección parlamentaria”. Y agregó que “el fiscal general del Estado, Roy Edmundo Medina, manifestó que es mejor no tener esa prerrogativa que abusar de la misma, se llegó a traficar incluso con cargos de elección popular a efecto de buscar esa protección que se convirtió en una coraza inexpugnable por mucho tiempo y que limitó el ejercicio de la acción penal pública”.

En realidad, en sí misma la inmunidad no es negativa, pues su propósito es proteger a quien representa a la nación por mandato popular directo o indirecto, de cualquier persecución, detención, juzgamiento y condena por sus actuaciones, expresiones o decisiones en el ejercicio de su responsabilidad.

Es cierto que donde funciona plenamente la democracia —como Estados Unidos, por ejemplo— la inmunidad es innecesaria porque la vigencia de las garantías individuales asegura al funcionario la posibilidad de cumplir sus funciones con apego a la ley e independencia de criterio, sin miedo a ser objeto de represalias y acusaciones infundadas. Pero ése no es el caso de Nicaragua, donde la democracia funciona parcialmente, está limitada y deformada por la dominación perversa de caudillos y camarillas de políticos corruptos que castigan con la persecución, destitución y cualquier otra represalia a quien los desafía o trata de cumplir sus funciones de acuerdo con la ley, la ética y el interés público.

De manera que donde, a pesar de la vigencia formal de la democracia y el Estado de Derecho, predominan la voluntad y el interés particular de los caudillos y de las camarillas corruptas, la inmunidad pareciera ser una necesidad para proteger y alentar a los funcionarios honestos —que sin dudas los hay— que desempeñan o tratan de desempeñar sus funciones con rectitud y eficiencia.

Lógicamente, la inmunidad no debe cubrir al funcionario de la acción de la justicia, en caso de cometer un delito, violar las leyes de cualquier manera —inclusive mediante una infracción de tránsito—, o si con sus actuaciones personales ofende el sentido de justicia y de moralidad pública, que él, como representante de la nación, está llamado a respetar primero que nadie y a dar ejemplo de irreprochable conducta pública y privada.

El problema es que en países como Honduras y Nicaragua los políticos corruptos e inmorales usan la inmunidad como impunidad para evadir la justicia después de cometer delitos —inclusive crímenes execrables como la violación sexual de menores—, y hasta para incumplir una responsabilidad tan elemental como es la de entregar la pensión alimenticia a hijos menores de edad.

Al respecto, los casos recientes más escandalosos de usar la inmunidad como impunidad, fueron el del caudillo del FSLN para eludir un juicio criminal por la acusación pública que le hizo su hijastra, Zoilamérica Narváez, de violaciones sexuales desde que ella era una niña; y la de Arnoldo Alemán para no presentarse a los juzgados a responder por graves cargos de corrupción cuando ejerció la Presidencia de la República. Sin embargo este último después de un largo forcejeo fue despojado de la inmunidad —con los votos sandinistas en la Asamblea Nacional—, mientras que Ortega fue exonerado por la juez sandinista Juana Méndez por supuesta prescripción del delito.

Como sea, Honduras acaba de dar un paso trascendental y ejemplar en pro de la dignificación de la política y del cargo público, que ojalá los gobernantes de Nicaragua, y ante todo “nuestros” diputados, pudieran imitar.

Inclusive no es necesario abolir la inmunidad, como en Honduras. Bastaría reformar la ley correspondiente y establecer claramente que la inmunidad no es para evadir el castigo por delitos comunes —como violación, malversación, etc.—, ni los deberes ciudadanos y personales.

Honduras deroga la inmunidad