Descentralización: búsqueda de balance de poderes
Juan José Lacayo juanjose.lacayo@laprensa.com.ni
La descentralización en Nicaragua se está forjando sobre un consenso frágil pero positivo entre el gobierno de Enrique Bolaños, los poderes locales, los organismos de la sociedad civil y los partidos políticos, entre otros actores, coinciden representantes de diversas organizaciones que se reunieron recientemente en Managua para evaluar ese proceso
En opinión de algunos expertos, la descentralización en Nicaragua, al igual que en el resto de Centroamérica ha sido un proceso intermitente, que funciona con un gobierno, con otro decae y luego vuelve a resurgir con una nueva administración que plantea un enfoque alentador sobre ese polémico tema que ha enfrascado a la sociedad nicaragüense en un prolongado debate en los últimos años.
“Yo diría que en este momento estamos en el momento de la intermitencia con un discurso positivo en donde hay algunos elementos además, que es digno de reconocer, que muestran voluntad política, de que efectivamente el tema marcha”, afirma Manuel Ortega, miembro de la Red Nicaragüense para el Progreso y el Desarrollo Local.
Según Ortega, el gobierno de Bolaños ha mostrado una “actitud positiva” diferente a la de sus antecesores, al introducir en la agenda del Parlamento una serie de leyes vitales para impulsar el proceso descentralizador.
Entre esas legislaciones se encuentra la Ley de Transferencias Municipales, en cumplimiento de las reformas constitucionales de 1995, las cuales establecen en su artículo 177 la obligación del Gobierno Central de ejecutar transferencias a los municipios, priorizando a los territorios más pobres. Ese precepto constitucional no lo cumplieron los dos gobiernos anteriores al de Bolaños.
En opinión de Ortega se produjo una coyuntura favorable, por un lado el mandatario Bolaños no tenía un partido y por otro, las dos fuerzas mayoritarias (liberales y sandinistas), que controlan la mayoría de las alcaldías del país, respaldaron la iniciativa de transferir recursos a los municipios y gobiernos locales, bajo su influencia política y partidaria.
Se estima que el próximo año esos territorios contarán con un cuatro por ciento del Presupuesto General de la Nación, el cual se incrementará en un medio por ciento anual hasta que en el año 2010 totalicen las transferencias un diez por ciento.
"ESA ES UNA EXCELENTE SEÑAL" VALORA ORTEGA
Otro elemento positivo es que el actual gobierno promovió la aprobación del Reglamento al Estatuto de Autonomía de las regiones autónomas. En las administraciones anteriores ni siquiera se había tomado en cuenta a los gobiernos regionales como parte del proceso de descentralización.
La autonomía se firmó en la década del ochenta, pero es hasta hace poco que se reglamentó.
Otros elementos positivos, estiman los expertos, es que desde la óptica gubernamental se está planteando ampliar la descentralización hacia otros sectores como el educativo, el forestal y el del medio ambiente.
FALTA VOLUNTAD HOMOGENEA
Sin embargo, Ortega advierte que aún dentro de las esferas gubernamentales no existe una voluntad política homogénea, especialmente de parte de algunos ministros que, ofrecen resistencia al proceso, ya que sienten que pierden poder trasladando recursos y responsabilidades a los gobiernos locales.
Eso a pesar de que el gobierno de Bolaños aprobó una política de descentralización del Estado orientada al desarrollo local, poco conocida por la población.
Manuel Ortega es optimista de la marcha actual del proceso de descentralización, pero acota que para convencerse “habrá que ver realidades”. “Son los resultados, los que pueden medir el efecto de los discursos”, plantea.
Y a su juicio el primer resultado debe ser el efecto de la transferencia del cuatro por ciento a los municipios, distribuido de acuerdo a lo que la Ley manda.
Otra señal debería ser que la descentralización marche sobre la base del consenso y no de las imposiciones.
Además de las transferencias, se deben destinar recursos, capacitación y crear condiciones para que las nuevas responsabilidades sean asumidas por los actores locales.
La experiencia reciente muestra que eso luego no se cumple. Por ejemplo, la Ley 309 establece una serie de responsabilidades a los gobiernos locales sobre los asentamientos humanos, pero no fija ningún recurso para asumir esos compromisos.
“Eso no es descentralización, eso es déficit”, sentencia Ortega.
MUNICIPIOS TIENEN CAPACIDAD PERO FALTAN RECURSOS
El director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic), Alejandro Bravo, destaca que de acuerdo a un estudio del FISE, existen en el país 50 alcaldías con capacidad para recibir y administrar prácticamente cualquier cosa. Explica que ese estudio se realizó hace tres años pero que ahora se ha avanzado más y la capacidad edilicia se ha fortalecido.
Según Bravo, aún no puede decirse que la descentralización ha avanzado. “En este momento lo único que hay es descentralización fiscal”, sentencia.
Añade que respecto a la descentralización todavía priva un concepto impositivo que viene de las esferas gubernamentales.
Cita que la Ley 290 de Organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo que describe el proceso de descentralización como el traslado de recursos humanos, materiales y de competencias hacia los niveles inferiores de la administración pública, contiene un gazapo: “Bajo la tutela del Poder Ejecutivo”.
“Eso no es descentralización, eso es desconcentración”, insiste Bravo, autor de varios estudios y ensayos sobre el tema.
“El gobierno no ha visto que un real proceso descentralizador le podría ayudar a gobernar”, comenta.
A juicio de Bravo la descentralización debería concertarse atendiendo las características de cada uno de los territorios, para fijar las prioridades y los alcances de la misma.
Por eso Amunic comenzará un proceso de consulta con las Asociaciones Departamentales de Municipios, con la sociedad civil y con las instancias del Gobierno Central, para discutir e identificar con ellos, en los departamentos, qué es lo descentralizable.
Bravo lamenta que en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Ejecutivo dedique 60 páginas a la reforma del Poder Judicial y tan sólo dos al tema de la descentralización.
LA VISION GUBERNAMENTAL
Pero Alejandro Fiallos, director del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), tiene otra visión. “En Nicaragua la descentralización va excelente”, comenta.
“Este ha sido un año histórico para la descentralización, creo que es el año cuando se han hecho más cosas, concretas. Este gobierno del presidente Bolaños ha sido claro y operativo en decidir que sí vamos a la descentralización”, añade Fiallos.
“Ya nosotros lo estamos viendo con las leyes que han salido, con las que están por salir. El rol que Inifom está tomando en estos momentos en la descentralización, ya que nosotros mismos como Inifom estamos descentralizándonos, eso es muy positivo”, dijo.
MONICA BALTODANO: "NO HAY QUE IMPORTAR MODELOS"
La experta en Derecho Local, la ex guerrillera y ex diputada Mónica Baltodano, opina que la descentralización debe avanzar en base a las realidades propias del país y no con modelos importados e impuestos por el gobierno a instancia de organismos internacionales.
Evaluaciones recientes del proceso de descentralización, no sólo en Nicaragua sino también en los demás centroamericanos, que no existe una conceptualización del tema en base a las realidades de los propios países, explica.
“Muchas de las concepciones son importadas de otras realidades, algunas veces impuestas por los organismos internacionales. Entonces se necesita una conceptualización que arranque de nuestras propias realidades, de nuestros propios procesos de construcción de nuestros Estados”, añade.
“El tema de la descentralización debe ser visto desde varios ámbitos, desde el ámbito de traslado de competencia, del poder de decisión, del poder político, pero también desde la construcción desde abajo. Se cree que descentralización es que desde arriba se le pasen cosas a los de abajo”, insiste.
“Este no es un proceso nada más de arriba hacia abajo, sino que tiene que tener construcción desde abajo y eso pasa por construcción de ciudadanía.
Baltodano señala que aquí hay gente que periódicamente va a votar, pero eso no significa que exista construcción de ciudadanía, porque no existe una conciencia de derechos y de deberes de los ciudadanos.
“Parece ser que los dramas de la política nacional, la pérdida de credibilidad del modelo político, que el Parlamento no resuelve, que la justicia no funciona, la gente está desesperada, los jóvenes optan por las pandillas. Todo este ambiente de falta de soluciones genera una especie de yoquepierdismo ciudadano y eso impacta el proceso de la descentralización”.
Según Baltodano, el PND es “inconsecuente” con el proceso de descentralización en el país., No se explica cómo si ya existe una política elaborada por el gobierno sobre el tema en la propuesta del presidente Bolaños, sólo se hace una pequeña mención de la misma.
Baltodano no es pesimista sobre la posibilidad de llegar a un consenso entre todos los actores involucrados en la descentralización, pero considera que aún debe superarse la polarización entre las fuerzas políticas, para avanzar en la descentralización.
HAY QUE UNIFICAR ENFOQUES
A juicio de Hugo Mejía, especialista del Instituto de Consultoría Económica, hay que identificar y consolidar todos los enfoques sobre aspectos fiscales, desarrollo económico, microempresas y otros temas, para facilitar la coordinación entre los distintos actores del desarrollo local. Eso evitará fricciones, roces o conflictos innecesarios, afirma.
No ve como alarmante que haya distintos enfoques sobre el tema de la descentralización, “lo importante es que esto no genere obstáculos para el ejercicio a nivel local, sobre todo, en el ámbito de la autonomía municipal”, explica.
Según los estudios que ha realizado su organismo algunos municipios han manifestado en cierto momento que hay cierta interferencia tanto de algún ONG como del mismo Gobierno Central. “De lo que se trata es buscar las vías de coordinación en esta diversidad (de enfoques)”, añade.
Mejía no ve difícil que se pueda llegar a un consenso para acelerar la descentralización, pero advierte que eso dependerá de la capacidad del Gobierno Central de realizar los ajustes e incorporar las sugerencias de la sociedad en los planes y programas que elabora.

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