JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2003 / EDICION No. 23243 / ACTUALIZADA 02:30 am





EL HUMOR DE




Investigan red de traficantes

Elizabeth Romero y
Mirna Velásquez
nacionales@laprensa.com.ni

El Ministerio de Gobernación investiga la supuesta existencia de una amplia red internacional de traficantes de indocumentados, en la que no se descarta la participación de funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería.

El titular de esa institución, Eduardo Urcuyo, sostuvo ayer que desde hace unos meses observan un incremento en la libertad de indocumentados que ingresan al país de tránsito a Estados Unidos, lo que les ha llevado a iniciar una investigación al respecto.

“Estamos siguiendo investigaciones serias, tenemos casi, casi la certeza de que esta es una red organizada con funcionarios de Migración también involucrados, con algunos ciudadanos chinos que trabajan en industrias nacionales”, señaló Urcuyo.

Además, el funcionario afirmó que la red estaría integrada por abogados y gestores que trabajan en los alrededores de Migración y Extranjería. “El hecho de que los indocumentados lleguen hasta el Aeropuerto Internacional Managua, sin ningún problema, y una vez que son detenidos, de inmediato se presente un juez con un recurso de exhibición personal pidiendo su libertad, nos lleva a concluir que esta es una red que nosotros tenemos que quebrar en este país”, agregó Urcuyo.

Las investigaciones se realizan en diferentes áreas: en industrias de personal chino, continental o taiwanés, como en Migración y Extranjería, también entre algunos abogados y gestores que trabajan en trámite de documentos migratorios.

“Es una investigación seria porque esto perjudica muchísimo al país. El tráfico de ilegales va vinculado al tráfico de drogas y va vinculado también al tráfico de personas, entonces esto es importante combatirlo”, sostuvo Urcuyo, quien recordó que estas personas no sólo portan pasaportes falsificados, sino que viajan con nombres ficticios, “lo que hace doblemente el delito”.

El ministro Urcuyo presentó una queja ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Juez Quinto Local del Crimen de Managua, Walter William Vargas, y la Juez Sexto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, Margarita Romero.

La queja obedeció a que ese Ministerio atribuye a estos jueces la puesta en libertad mediante la figura de medida cautelar personal de detención domiciliar, a dos traficantes de migrantes ilegales identificados como: Ko Hung Chi, y Hsiao Yu Ling, quienes portaban pasaportes de Taiwan.

Ambos traficantes transportaban a seis ciudadanos de China continental, quienes portaban pasaportes falsos incurriendo en el delito de suplantación de identidad y migración ilegal.

“No quiero ofender al señor juez, si fue sorprendido, pues lo sorprendieron”, dijo Urcuyo, quien lamentó que se les dificulta sacar del país a estas personas porque son de países muy lejanos y requiere de trámites y recursos.

WILLIAM: POSIBLES ACCIONES LEGALES

El juez Walter William, por su parte, reaccionó a la queja introducida en su contra diciendo que su actuación fue apegada a derecho, puesto que él solamente ejecutó una orden de otro judicial nombrado por el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que mandaba a ponerlos en libertad.

“Yo solamente emití las órdenes en cumplimiento de lo ordenado por el juez ejecutor. El ejecutor determinó que los procesados estaban detenidos ilegalmente por vencimiento de término”, expuso el juez William.

William no descartó que recurra a acciones legales contra el ministro Urcuyo, por los señalamientos que ha hecho en su contra. “En su momento vamos a ver qué acciones vamos a tomar, sería primero agotar la vía de la correspondiente queja y dependiendo de lo que determine la Comisión Disciplinaria, vamos a tomar las acciones pertinentes”, indicó el juez.

El juez consideró que los procesados de origen taiwanés continúan detenidos pese a la orden de Apelaciones y ya deberían estar libres.

“Lo que pasa es que no quiere entender el señor éste (Urcuyo). (...) por la prepotencia, no quiere acatar las órdenes de las resoluciones judiciales máxime que devienen de una ley constitucional, o sea está violentando la Constitución el ministro”, concluyó.
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