Obispo advierte: Pandillas pueden florecer en Panamá
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Señala deterioro social |
ACAN-EFE
PANAMÁ.- En Panamá existen todos los factores que llevaron a Honduras y El Salvador a vivir la más cruenta violencia generada por pandillas de miles de jóvenes, afirmó el Obispo Auxiliar de San Pedro Sula (Honduras), Rómulo Emiliani.
En una entrevista que publicó ayer el diario local El Panamá América, el prelado de origen panameño dijo que los jóvenes son llevados a un mundo de peligro y muerte por varias causas, todas presentes en Panamá, como son la pobreza, la corrupción y el crimen organizado.
“Prepárate Panamá, ya que aquí hay droga, desempleo, falta de educación y desintegración familiar”, subrayó Emiliani, quien fue obispo en la provincia panameña de Darién, limítrofe con Colombia.
Emiliani dijo que para evitar en Panamá una situación similar o parecida a la de algunos países centroamericanos, es vital que se promueva la unión familiar, elimine la corrupción y combata el crimen organizado.
El prelado busca que unos 50,000 jóvenes hondureños, integrantes de pandillas o “maras”, como se les conoce en Centroamérica, dejen las armas por profesiones vocacionales, que les permitan vivir sin tener que quitarle la vida a una persona.
Emiliani dirige en Honduras la Asociación Unidos por la Vida, que tiene como fin crear un gran centro de rehabilitación de jóvenes “mareros”, cuyas edades oscilan entre los 17 y 24 años.
RECURSO CONTRA LEY ANTIMARAS
La Corte Suprema de Justicia salvadoreña recibió el martes un recurso de inconstitucionalidad de un ciudadano, en contra de la recién aprobada Ley Antimaras, impulsada por el presidente Francisco Flores para combatir las pandillas.
El querellante, que se identificó ante la prensa como José Francisco García, dijo que la legislación, que fue aprobada el jueves anterior por el Parlamento y entró en vigor el sábado, “vulnera la Constitución Política y los tratados internacionales”.
García, quien explicó que la demanda fue presentada en su carácter de ciudadano, dijo que su petición se sustenta en el tratamiento de adulto que recibirán los menores de entre 12 y 18 años que cometan asesinatos, por dicha legislación.
Desde antes que entrara en vigor, la Ley Antimaras ha sido fuertemente criticada por la oposición política, jueces y organismos de derechos humanos, entre otras cosas porque manda juzgar y castigar a los menores como adultos.

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